Por J.P. Krabbe. Luego de tomarle declaración al director del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, el juez Álvaro Coleffi debe decidir si acepta su indagatoria, lo que habilitaría la posibilidad de su procesamiento por la participación en crímenes de lesa humanidad. De la Falange Restauradora Nacionalista a la Maldita Bonaerense de Duhalde, ¿quién es Vicente Massot?
En una muy interesante entrevista realizada por Ana Belén Zapata, historiadora de la Universidad Nacional del Sur que dedicó su tesis doctoral al conflicto de los trabajadores gráficos con la patronal del diario del sudoeste bonaerense, parcialmente reproducida a fines del año pasado en Página 12 por el periodista bahiense Diego Martínez -incansable difusor del accionar del terrorismo de Estado en Bahía Blanca y la región-, Massot hace referencia a la amistad de su bisabuelo Enrique Julio, fundador del diario, con Hipólito Yrigoyen y Torcuato de Alvear, señalando que fue “el primer diario expropiado por Perón en 1950” y devuelto por la “Revolución Libertadora” en el año 1956, convirtiéndose desde aquel momento en “muy antiperonista, muy conservador”, en “oposición frontal con todo lo que tuviese que ver con el socialismo revolucionario”. En otro momento de la entrevista señala que con menos de veinte años militó en el nacionalismo católico, repasa sus charlas con Albertano Quiroga, “peronista nacionalista rosista” que encabezaba la UOM local y, al momento de ser consultado sobre el sindicalismo bahiense, refiere que la “figura excluyente” en la ciudad era Rodolfo Ponce, delegado de la CGT y posterior cara visible, junto a sus hermanos, de la Triple A, a quien recuerda “al menos una vez” reunido con su madre en el departamento de la familia.
Massot cuenta en su historial haber sido un destacado militante de la Falange Restauradora Nacionalista, uno de los fundadores y secretario de redacción de la ultraderechista revista Cabildo -que se imprimía en los talleres del diario-, y ex viceministro de Defensa de Carlos Menem, puesto al que debió renunciar al referirse públicamente a las torturas como “excesos necesarios”. En su faceta académica es Doctor en Ciencia Política, profesor titular de la UCA y la UCEDA, miembro de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas y del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales (CARI), colaborador habitual del diario La Nación, autor de libros de divulgación de los lugares comunes y provocaciones por donde suele transitar la derecha argentina, y dueño, junto al economista Agustín Monteverde, de la consultora M&A Inc.
El director de La Nueva Provincia, además de ser un reconocido vocero de la más recalcitrante derecha golpista argentina, defensor de la tortura, el gatillo fácil y la mano dura, es un próspero empresario de la seguridad privada. El miedo y la paranoia generalizada frente al delito que fogonea sistemáticamente desde su multimedio, que suele ir acompañado del reclamo de endurecimiento represivo, incremento de penas, baja de edad de imputabilidad penal y encarcelamiento masivo, mayor vigilancia, control y militarización de la vida en sociedad, más poder e impunidad para las fuerzas de seguridad, y criminalización de la protesta social, le ha servido para propiciar jugosos negociados, entre otros, con la Policía Federal y su par Bonaerense.
No parece ser casualidad que su empresa Megatrans S.A. haya contado entre sus filas al ex comisario y superintendente de Seguridad Metropolitana de la Federal, Luis Santiago Fernández, procesado por extorsionar a mujeres en situación de prostitución y a vendedores ambulantes, cobrar coimas a prostíbulos y casas de juego clandestino, y por privación ilegal de la libertad de cinco familiares de víctimas del atentado a la AMIA detenidos frente al domicilio del entonces ministro del Interior de Menem, Carlos Corach, a donde habían ido para entregarle un petitorio, así como al ex comisario mayor de la Policía Bonaerense, Rubén Edgardo Parravicini.
El legajo de este último resulta aún más gráfico de qué tipo de empleados gusta contratar Massot: de muy buenas relaciones con quien era por entonces la mano derecha de Eduardo Duhalde, Alberto Pierri, pasó en el año 1999 de jefe de la Bonaerense en La Matanza a Director General de Coordinación de Seguridad provincial, en aquel momento el cargo más alto dentro de la estructura de la Maldita Policía de Duhalde, Klodczyk y el “Chorizo” Rodríguez. Parravicini estuvo encargado de la coordinación operativa de los grupos GEO y Halcón durante la Masacre de Ramallo, donde, en un oscura mezcla de vínculos entre policías y ladrones para delinquir y pacto entre jefes policiales y poder político para armar una “cama” a los delincuentes, generando un “golpe de efecto” con la intención de demostrar la “eficacia” de la “mano dura” agitada por el vicepresidente Carlos Ruckauf y revertir la imagen de ineficacia y corrupción que caracterizaba a la Bonaerense, garantizando de tal forma la victoria electoral de Duhalde en las elecciones a desarrollarse la semana siguiente, resultaron masacrados -las pericias contabilizaron 170 disparos- un delincuente y dos rehenes, herida otra rehén y un delincuente, y el único detenido que resultara ileso apareciera días después “ahorcado” en la comisaría 2ª de Ramallo.
El desastroso final de los acontecimientos y las repercusiones posteriores generarían, en plena época de “guerra contra la delincuencia” y “reforma policial”, el desplazamiento del entonces ministro de Seguridad Osvaldo Lorenzo, quien fuera reemplazado por el fallecido Carlos Soria, luego jefe de la SIDE durante la denominada Masacre de Avellaneda, en donde como resultado de un plan represivo planificado por el gobierno del entonces presidente Duhalde, resultaran asesinados Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, y más de treinta personas heridas. Masacre por la que moriría impune, asesinado por su mujer cuando ejercía el cargo de gobernador de la provincia de Río Negro, espacio al que accediera luego de haber sido designado por Cristina Fernández como candidato en representación del Frente para la Victoria. Carlos Soria, nacido en Gral. Cerri, partido de Bahía Blanca, era primo del actual intendente interino bahiense, Gustavo Bevilacqua, recientemente alineado con el partido de Sergio Massa, siguiendo los pasos de su padrino político y hombre fuerte del PJ de la Sexta Sección electoral, Dámaso Larraburu, y de su hermano Carlos, concejal de Villarino por el Frente Renovador.
La corporación bahiense
Como era de esperar, no se oyeron demasiadas voces de referentes de los partidos tradicionales saludando la imputación de Massot y su presentación a declarar ante la Justicia. Bastaría recordar las palabras del intendente electo de la ciudad de Bahía Blanca, Cristian Breitenstein, quien al ser reelegido y sin llegar a asumir pidiera licencia para convertirse en ministro de Producción, Ciencia y Tecnología de Daniel Scioli, cuando hace unos años sostuvo que respecto a Massot pesaba “un etiquetamiento sobre su persona, que en alguna medida me parece que es exacerbado”, y que lo ocurrido durante la dictadura sucedió en el marco de una “guerra”. Por si quedaban dudas de su parecer, en el acto por el día de la Bandera realizado en el año 2011, cuando transcurría su primer mandato, dijo “la Bandera es el color de la Independencia, son los colores que legitimaron a gobiernos dictatoriales y democráticos”. En la misma línea de pensamiento, y al reclamar la baja de edad de imputabilidad penal, sostuvo que “un menor que delinque es irrecuperable”.
Breitenstein, de reconocida y estrecha relación con los sectores más conservadores de la Iglesia Católica, y particularmente con la Fundación Konrad Adenauer, el más importante “think tank” democristiano alemán que, en coordinación con agencias norteamericanas, financia partidos políticos, ONGs (como la Asociación Civil de Estudios Populares -ACEP-, de la cual Breitenstein fuera hasta hace poco Director Ejecutivo), y cualquier organización en el mundo que promueva -no siempre por vías democráticas ni muy “sanctas”- los intereses de la derecha corporativa internacional, ha reconocido en varias oportunidades su estrecha relación con Massot.
Por su parte el ex diputado nacional y mano derecha de Ricardo Alfonsín, el abogado Juan Pedro Tunessi, opinó hace pocos días que detrás del pedido de detención de Massot “puede haber una manito del gobierno”. En la misma línea, Aloma Sartor, actual concejal por el radicalismo local, sostuvo que “soy de las que creo que esto de la caza de brujas no es un clima que nos viene bien”. No fueron pocos los que llamaron la atención respecto de la contradicción y falta de memoria histórica por parte de los representantes de la Unión Cívica Radical local, considerando que uno de los primeros en informar y denunciar públicamente el rol del diario en el plan criminal de la dictadura fue un grupo de exiliados radicales en París que, en un artículo publicado en el año 1982 con el título “Un caso de patología. El odio contra el pueblo de un diario extremista”, sostenían que “El diario La Nueva Provincia de Buenos Aires clama sangre. Su directora, Diana Julio de Massot, quien tuvo participación activa en la confección de listas de la muerte en épocas del gral. Acdel Vilas, no está satisfecha y quiere seguir jugando su papel en nuevos proyectos de represión extrema”, denunciando también el reclamo que el diario hacía a los militares durante los primeros años de la década del 80 para que frene a “radicales, peronistas y otras facciones menores” en su intento de bloquear “esta etapa revitalizadora del Proceso mediante toda clase de acciones políticas”.
Por si esto no fuera poco, en el marco del juicio donde fueran condenados 17 genocidas actuantes en el V Cuerpo del Ejército, prestó testimonio Hipólito Solari Yrigoyen, sobrino bisnieto de Leandro Alem y sobrino nieto de Hipólito Yrigoyen, quien luego de haber sido electo senador nacional por la UCR sufrió la persecución de la Triple A y, ya durante la dictadura, fue secuestrado y puesto en cautiverio en el centro clandestino de detención “La Escuelita” y la Unidad 4 de Villa Floresta, ambos ubicados en la ciudad de Bahía Blanca. Junto a él fue detenido-desaparecido el también radical y defensor de presos políticos y sindicalistas, Mario Abel Amaya, que murió a consecuencia de las torturas que le aplicaron sus secuestradores.
Una muestra patente de lo que el ex fiscal y actual titular de la Procaduría de Violencia Institucional de la Nación, Abel Córdoba, llamó en su alegato final el “entramado social corporativo” que reina en la ciudad, y que incluye al poder político, judicial, sindical, empresario, mediático, policial y militar, puede encontrarse en los avisos fúnebres del diario en ocasión de la muerte de Diana Julio de Massot. Entre las participaciones se destacan las de la Corporación del Comercio, la Industria y Servicios bahiense, la Sociedad Rural de Bahía Blanca, la Bolsa de Comercio, la Unión Industrial local, el Instituto Superior “Juan XXIII”, el diario La Voz del Interior de Córdoba, la Asociación de Empleados de Comercio, y -en lo que resulta difícil de asociar a la imagen de aquellos autoasumidos defensores de la patria y la tradición- la transnacional de comida rápida McDonalds. Entre los políticos se puede encontrar, además del ya mencionado Tunessi, al ex vocero del ex presidente Fernando de la Rúa, Juan Pablo Baylac, la ex intendenta de Tornquist Marisa Kugler, el legislador provincial Jorge Simoni -ambos de la UCR-, así como el diputado bonaerense del Frente Renovador de Sergio Massa, Marcelo Di Pascuale. En el entierro participaron José Claudio Escribano, representante de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), de cuya Asamblea Fundacional del año 1962 Julio de Massot fue parte (también fundó y formó parte del Consejo Directivo de la Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas -ARPA-), años en los que Escribano comenzaba su carrera en La Nación, el coronel retirado Luis Prémoli, amigo y socio de otra mujer fuerte de la dictadura, Amalia Lacroze de Fortabat, el histórico operador de la UCR Enrique “Coti” Nosiglia, así como el ex interventor de la Universidad del Sur durante la dictadura, Ricardo Bara.
Un precedente ineludible
La imputación de Massot vuelve a poner en evidencia la imperiosa necesidad de avanzar en la investigación de la participación y complicidad de los sectores civiles, y en especial de los medios de comunicación, en el genocidio perpetrado en la Argentina durante la última dictadura. A pesar de los cada vez más recurrentes señalamientos respecto del poco avance de los casos que involucran a empresarios de medios, como es el caso de la apropiación de Papel Prensa por parte de La Nación, Clarín y La Razón, la indagatoria de Massot marca, junto con el procesamiento del presidente del Ingenio Ledesma, Carlos Pedro Blaquier, un precedente ineludible y de una trascendencia histórica difícil de dimensionar, así como un camino a recorrer y profundizar.
Tanto las fuerzas militares como sus socios civiles, judiciales, mediáticos, empresariales y eclesiásticos supieron siempre que para vencer debían dar la batalla en todos los planos, de la forma que sea y cueste lo que cueste. También sabían que era esa una empresa de largo plazo, una disputa por el control y el dominio, presente y futuro. En su acusación los fiscales no se privaron de resaltar este aspecto al señalar que “el rol de La Nueva Provincia produjo un inconmensurable daño individual y colectivo proyectado para todo el futuro de la sociedad bahiense con ramificaciones y vestigios que llegan a la actualidad”. Bahía Blanca resulta un emblema de los efectos que proyecta sobre el pasado, el presente y el futuro, esa política de tierra arrasada. Si el llamamiento de tinte mesiánico en el que algunos creían oír una exhortación a encarnar la hora de la espada dejó a la sociedad bahiense sumida en un presente de apatía y despolitización generalizada, quizá sea hora de percibir, en estos pocos luminosos signos de época, la hora de la Memoria, la Verdad y la Justicia.