Por Mario Hernandez
Repasamos el panorama sindical de diversos conflictos, donde se destacan las masivas movilizaciones de estatales y petroleros, trabajadores y trabajadoras de prensa y la situación de Cresta Roja.
El martes varios miles de trabajadores de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) marcharon por el centro de la Ciudad de Buenos Aires para terminar concentrándose frente al Ministerio de Trabajo donde entregaron una carta dirigida al presidente Mauricio Macri donde se exponen las principales y urgentes reivindicaciones del gremio. Todo esto se dio en el marco de un paro nacional y de las administraciones provinciales y municipales exigiendo un bono de 5.000 pesos y la reapertura de paritarias.
Una vez frente al Ministerio, el secretario general de ATE, Hugo Godoy y el referente de la provincia de Buenos Aires, Oscar de Isasi, exigieron la continuidad laboral y el pase a planta permanente de los más de 600.000 trabajadores contratados en el Estado.
En Comodoro Rivadavia más de 15.000 petroleros marcharon contra una posible ola de despidos. Ante la baja internacional del precio del barril de crudo y la posible quita de la subvención del Estado para la venta en el mercado interno, las operadoras anuncian un fuerte ajuste.
El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, anunció que se buscaría un nuevo acuerdo entre las provincias, los sindicatos y las petroleras, anticipando el posible cese a la subvención con la que actualmente cuenta el sector. Las petroleras no están dispuestas a pagar los costos de la crisis, después de años de ganancias exorbitantes. Por su parte, las y los trabajadores inmediatamente mostraron su descontento y comenzaron a organizarse en sus lugares de trabajo mediante asambleas para exigirles a sus representantes sindicales acciones concretas.
En la edición del lunes de El Patagónico, los trabajadores denunciaron que “Tecpetrol anticipó la suspensión del 40 por ciento de sus operaciones, Sipetrol demora activar un equipo perforador, Pan American suspendió actividades de 15 equipos perforadores y 26 workover licenciando a 1.400 trabajadores, finalmente YPF suspendió actividades de dos equipos perforadores y dos workover, licenciando a 400 trabajadores”.
A la marcha de ayer se sumaron distintos sectores, desde cámaras empresarias locales, hasta los gobiernos municipales de la zona y el propio gobierno provincial.
El próximo 15 de enero vence la actual subvención al barril del petróleo, por lo cual deberán tomarse decisiones urgentes.
Movilización contra el vaciamiento del Grupo 23 y por el pago de salarios
Los trabajadores del Grupo 23 realizaron el martes una movilización al Ministerio de Trabajo. Denunciaron que la empresa debe el salario de noviembre, varios meses de colaboraciones y comisiones a más de un centenar de trabajadores y trabajadoras de prensa, además del pago del aguinaldo de diciembre.
A través de un comunicado, desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) llamaron a acompañar esta convocatoria: “los incumplimientos en los que incurre la empresa buscan que las y los trabajadores de prensa sean los que paguen las supuestas crisis patronales y, además, ponen en riesgo los puestos de trabajo en todo el Grupo 23, en el que se desempeñan más de 800 trabajadores según sus responsables, los empresarios Sergio Szpolski y Matías Garfunkel. El Grupo 23 edita los diarios Tiempo Argentino y El Argentino (más sus zonales: Norte GBA, Sur GBA, Mar del Plata, Rosario y Córdoba), y las revistas Cielos Argentinos y 7 Días. También controla el canal de noticias CN23, el portal Infonews y las radios América, Splendid, Rock & Pop y Vorterix, entre otros medios”, expresaron.
Ante el incumplimiento en el pago del medio aguinaldo y en rechazo a la propuesta de abonarlo en 3 cuotas hubo paro en Radio América hasta las 20 horas del 24 de diciembre.
La falta de pago del aguinaldo también se registró en otros medios como Radio Splendid, Radio Del Plata, Radio El Mundo, Radio Rivadavia, Radio UBA y Radio Madres, quienes se sumaron a la movilización del martes.
Propuestas para Cresta Roja
A la fecha han aparecido 5 posibles compradores de la empresa Cresta Roja, todos competidores directos de la marca: Granja Tres Arroyos, que lidera el mercado avícola; la entrerriana Soychú, que figuraba tercera en el ránking detrás de Rasic; Noelma, otra avícola de Villa Elisa, y OvoProt, una importante procesadora de huevos. La quinta oferta quedó descartada: era la de una empresa rosarina, Vecchio, que solamente propuso hacerse cargo de una de las dos plantas.
Ninguna promete absorber a los más de 3.000 puestos de trabajo. Solo hablan de 700 a 1.000 puestos posibles, apenas 30% de los trabajadores de la planta. A los demás se les ha ofrecido un retiro voluntario con una paga del 50% de lo que en realidad deberían cobrar de indemnización, aunque no está claro quién se haría cargo de este monto o cómo y cuándo se abonará. Frente a todo este escenario la jueza a cargo de la administración judicial de la quiebra de Cresta Roja, Valeria Pérez Casado, les pidió “un esfuerzo adicional” y postergó la definición.
La incertidumbre continúa en el cierre de año 2015 para las familias de Cresta Roja, mientras miles de pollos deben ser sacrificados por no poder brindarles alimento ya que la empresa está cerrada. El trabajador herido en la última represión, que luego sufrió un ACV, sigue internado luchando por su vida.
Las organizaciones sociales de trabajadores precarizados y desocupados se encuentran en estado de alerta y movilización
Luego de la multitudinaria movilización a la Plaza de Mayo del 22 de diciembre, junto a miles de trabajadores, sindicatos, organizaciones estudiantiles y políticas, que reclamaban un doble aguinaldo o bono de fin de año para paliar en alguna medida la brutal carestía que afecta a la inmensa mayoría de los trabajadores, el conjunto de organizaciones sociales, de desocupados, cooperativistas precarizados y piqueteros fueron recibidas por el Subsecretario de Abordaje Territorial, Fernando Regio.
En primer lugar las organizaciones denunciaron y repudiaron la represión a los trabajadores de Cresta Roja y dejaron en claro su total solidaridad con los mismos.
A continuación se presentó un petitorio con los reclamos más urgentes, en primer lugar el Bono para los trabajadores de cooperativas y todos los planes sociales y se reclamó la duplicación de la AUH.
El funcionario se comprometió a trasladar a los ministros de Trabajo, Jorge Triaca y de Desarrollo social, Carolina Stanley la necesidad de una reunión en forma perentoria.
Un triunfo de la movilización docente
La Jueza María Soledad Larrea dictó una medida cautelar ordenando la restitución a sus cargos de las docentes Elsa Vincová y Alejandra Bellini, del JIC 2 DE 12 de Flores a partir del primer día del ciclo lectivo 2016.
La Justicia dio lugar al amparo judicial presentado conjuntamente por los gremios Ademys, UTE, Camyp, Sedeba, las docentes afectadas y las familias del Jardín, considerando la no responsabilidad de las docentes en el caso del asesinato del niño Agustín Marrero, el grave perjuicio que la separación de las docentes implicó para los niños del Jardín, y el dictamen de la Junta de Disciplina que planteaba que no se observan hechos que pudieran ser analizados desde el punto de vista disciplinario.
Este fallo constituye un triunfo de la lucha docente, que se expresó en el masivo paro y movilización del 15 de julio pasado, y en las demás acciones y movilizaciones que llevaron adelante, no sólo exigiendo su restitución sino también el cese del sumario administrativo.
La interna cegetista complica el pacto social
El plan del Gobierno para activar a mediados de enero un pacto social con empresarios y sindicalistas, encontró un foco de resistencia en la CGT que hasta hace poco respaldó al kirchnerismo. Impulsan una serie de condiciones para participar de la convocatoria: garantizar por decreto que no haya despidos durante un año, retrotraer los precios de la canasta básica de alimentos al 1º de octubre y asegurar paritarias sin límites.
El pliego de condiciones surgió del puñado de gremios que integran el Movimiento de Acción Sindical Argentino (MASA), cuyo referente es el taxista Omar Viviani y tuvo el aval de Caló (UOM), de los mecánicos del Smata y del gremio docente de la UDA.
Estos condicionamientos se suman a la fallida reunión del miércoles 23 entre ministros y la comisión de los 15 dirigentes que negocian la reunificación de la CGT. El encuentro se postergó porque los sindicalistas no consensuaron una lista de asistentes que dejara conforme a todos los sectores.
El gobierno había apostado fuerte a lograr el favor sindical luego de la entrega de la Superintendencia de Servicios de Salud a Luis Scervino, un médico que estuvo a cargo de la dirección profesional de la obra social de Obras Sanitarias, el gremio de José Luis Lingeri, y cuya designación en el organismo fue respaldada por diversos sectores del gremialismo tras haber sido durante varios años miembro de la comisión de expertos que asesoró a la CGT Balcarce en cuestiones de seguridad social.
El poder de la Superintendencia es clave. No solo tiene que ver con el control y reparto de los fondos de las obras sociales, en una estructura que funciona con un presupuesto de 7.000 millones de pesos anuales, sino que también interviene en la regulación de las prepagas.
Tal vez esto explique que la CGT no haya movido un solo dedo desde el inicio del ajuste. En las vísperas de la reunión fracasada con los ministros vivimos una jornada de lucha que se inició con los piquetes y la represión en Cresta Roja, y terminó con la primera acción unitaria contra el ajuste en Plaza de Mayo convocada por el sindicalismo combativo y la izquierda, levantando reclamos que la CGT deja para el papel.