Por Nadia Fink
La Corte Suprema de Justicia rechazó la apelación por parte de la defensa del ex comisario y autor de los asesinatos. La condena a prisión perpetua se mantiene en pie.
A poco más de 13 años y medio de aquel 26 de junio de 2002, en el que fueron asesinados Darío Santillán y Maximiliano Kosteki y 33 personas fueron heridas con balas de plomo, la última carta que se jugó el ex comisario de la policía bonaerense, Alfredo Fanchiotti, fue rechazada: la apelación que hizo a la Corte Suprema le fue denegada y así la condena de cadena perpetua se mantiene en firme.
Fanchiotti fue el que disparó impunemente televisado en vivo… fue quien le disparó por la espalda a Darío, mientras intentaba atender, acompañar a Maxi, herido de muerte ya. Ese último gesto que reivindica a Santillán hasta nuestros días como de solidaridad y de compañerismo es el mismo que Fanchiotti intentó eliminar por la fuerza para siempre. No sabía el comisario toda la historia de lucha y de multiplicación de ese gesto solidario y de resistencia que le siguió a ese 26 de junio.
Por unanimidad, los tres jueces de la Corte Suprema de Justicia -Ricardo Lorenzetti, Elena Higthon y Juan Maqueda- declararon “inadmisible” la presentación de la defensa y ratificaron, también, al condena al cabo Acosta, quien era su chofer aquella jornada. En conversación con Marcha, Alberto Santillán, padre de Darío, dijo al respecto: “Que se haya confirmado esta sentencia en firme es bueno fortalecerlo y seguir en esta lucha que es tan despareja: la de los que menos tenemos contra los que más tienen”. Alberto se refiere a la constancia con la que familiares, amigos, compañeras y compañeros de los pibes, y del Frente Popular Darío Santillán, pero también quienes se fueron sumando en el camino, cortaron cada 26 el Puente Pueyrredón, acamparon frente a Tribunales e Lomas de Zamora cuando la justicia se hacía lenta, atravesaron ese mismo Puente con antorchas en la mano cada noche previa a un nuevo aniversario… la lucha popular, la “presión social”, como la llama, “es la única arma que tenemos pero sentimos que es poderosa y que produce en los políticos que aún no fueron juzgados al menos un grado de nerviosismo”.
En ese sentido, además de conseguir que los autores materiales de los asesinatos estén tras las rejas, la exigencia va más allá: la Masacre de Avellaneda fue resultado de un plan represivo planificado por el gobierno de Eduardo Duhalde para disciplinar al movimiento popular y el pedido de juicio y castigo se extiende a los responsables políticos, quienes dieron la orden desde sus despachos: además del entonces presidente Duhalde, Aníbal Fernández, quien era Secretario general de la Presidencia, y Felipé Solá, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Por eso la conformación de la Comisión Independiente Justicia por Darío y Maxi es el resultado de todo ese tejido del que hablábamos antes y que reunió también a la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de la Matanza, figuras como Alfredo Grande, Vicente Zito Lema, la incansable Nora Cortiñas, y demás, que cerraron el año pasado presentando un Amicus Curiae colectivo en los Tribunales Federales de Comodoro Py para que se investiguen las responsabilidades políticas.
“Hemos cerrado un año bastante positivo y por lo que pensamos, por lo que luchamos, sabemos que estamos en la vereda correcta: honramos a los compañeros que cayeron por reivindicaciones sociales, y eso es llamativo para los políticos que aún no se investigaron pero que tuvieron responsabilidades”, afirmó Alberto.
En un fin de año complejo, donde el flamante gobierno nacional, encabezado por Mauricio Macri, anunciaba la creación de un protocolo para regular la protesta social, “para ordenarla e impedir que dificulten la libre circulación de automovilistas y de personas”, y que a pocos días de asumir reprimió a los trabajadores de Cresta Roja, quienes defienden desde hace años ya sus puestos de trabajo, el horizonte de movilizarse y hacerse visible para conseguir derechos vulnerados por el Estado sigue siendo un arma poderosa para el campo popular. En ese sentido, Santillán padre cree que “es una fuerza cabal que tenemos para haber llegado a la última instancia”.
Después de tanto años, con el cambio de nombre de la estación Avellaneda en la que cayeron y que hoy los recuerda: “Estación Darío y Maxi”, con el desarchivo de la causa, con “Duhalde condenado socialmente”, como dice Alberto, que la instancia mayor en el camino a la Justicia haya rechazado un argumento insostenible es algo que alienta a seguir, a reivindicar nombres y formas de construir las luchas populares, y a sentir, en lo más profundo de nuestras convicciones que “estamos en la vereda correcta”, en palabras del mismo Alberto.