Por Sebastián Basalo* / Foto por Natalia Saá
Un análisis sobre la importancia de la despenalización de la tenencia de sustancias ilegales para los sectores más desprotegidos de cara a la Marcha mundial de la marihuana que se realizará este sábado 7 de mayo.
En la Argentina hay más de 10 mil usuarios de drogas ilegales criminalizados por año y gran parte de ellos son de la clase trabajadora y de los estratos sociales más bajos. Estas estadísticas alarmantes se desprenden del Poder Judicial de la Nación, que hace dos años informó que en el país en 2013 se habían elaborado 9414 causas penales por tenencia de drogas para consumo personal. Y según un informe publicado recientemente por la fiscalía federal a cargo de Federico Delgado, tan sólo en esa dependencia el número de causas penales por consumo personal creció un 50% entre 2014 y 2015.
Casi todas estas causas terminan con el sobreseimiento del usuario, dado que gran parte de los jueces en la Argentina elije aplicar lo sentenciado por la Corte Suprema de Justicia en el fallo Arriola de 2009. En aquel entonces, el máximo tribunal de justicia del país dictaminó que la penalización de la tenencia de drogas para consumo personal que establece la ley 23.737 es inconstitucional dado que viola el artículo 19 de la Carta Magna que protege las acciones privadas de las personas.
No existen datos oficiales que nos permitan saber con exactitud el perfil socioeconómico de estos miles de consumidores de drogas sometidos a un proceso penal. Defensores oficiales del fuero federal hablan de que predominan las causas iniciadas en la vía pública a personas por “actitud sospechosa”, que en el implacable olfato policial se suele determinar por su color de piel o su vestimenta. Pero no hay cifras actuales. “El último estudio oficial data de finales de los años 90 y fue realizado por la Dirección de Política Criminal de la Ciudad de Buenos Aires. Si bien la persecución al usuario de drogas no responde exclusivamente a un sector social, en el estudio se podía ver un perfil de clase media laburante, que es la que transita por los espacios públicos de la ciudad en los que la policía sale a cazar usuarios”, describe Alejandro Corda, abogado especialista en política de drogas e investigador de la Asociación Civil Intercambios.
Sin embargo, la criminalización de los usuarios no se da solamente al momento del dictado de una sentencia por parte de un juez, sino que comienza mucho antes, cuando las fuerzas policiales hacen cumplir la ley. Y la ley de drogas, que penaliza la tenencia para consumo, sigue vigente dado que el Congreso nunca la reformó. Esto habilita a los uniformados a detener a cualquier persona que tenga un porro o incluso una tuca en su bolsillo. Y estas detenciones no siempre culminan en un proceso judicial. “La gente de estratos sociales bajos, que vive en barrios de emergencia, ni siquiera tiene el privilegio de que le armen una causa penal. Les pegan, le sacan la sustancia, los llevan a la comisaría y los obligan a salir a robar para ellos”, explica Corda. De esta manera, las fuerzas policiales disponen de un instrumento más para hacer ingresar a pibes al circuito criminal que regentean. Y la cantidad de personas que transitan por ese camino es imposible de determinar. Para Corda se trata de una “cifra negra”.
“En los barrios, la policía se lleva detenidos a los pibes porque les encontraron un tuquero o un fasito en el bolsillo. Ahí comienza la relación que se da entre los jóvenes de un barrio humilde y la policía”, afirmó Vanesa Orieta, la hermana de Luciano Arruga, el joven asesinado por efectivos policiales del destacamento de Lomas del Mirador luego de que se negara varas veces a robar para ellos. “Ahí los tienen detenidos un par de horas, los golpean y les piden la plata que puedan tener, 30 ó 40 pesos, para no armarles una causa. Muchos chicos terminan robando para la policía que es la que maneja todos los expendios de droga”, detalló Orieta en una entrevista con la revista THC.
La criminalización de los usuarios de drogas, desde el contacto con la policía hasta la sentencia del juez, también acarrea un enorme estigma social, muchas veces imposible de superar en el futuro. Este estigma no opera igual en todas las clases sociales. Si una persona de sectores vulnerados ya se encuentra excluida del sistema, al hacerla ingresar al circuito penal por un porro, se profundiza esa exclusión. “Una vez que entrás en la maquinaria policíaco-judicial por una causa por drogas, esa huella no te la borra nadie”, afirmó hace algunos años la defensora oficial Eleonora Devoto en diálogo con THC.
Existe la curiosa creencia, fogoneada por la iglesia católica y algunos sectores políticos, de que la criminalización de los usuarios de drogas y los cultivadores de cannabis es una problemática que afecta a los sectores medios a altos de la sociedad y que por eso la discusión de la despenalización de la tenencia es poco importante. Estos grupos suelen reconocer hechos reales como que en los barrios populares se consumen sustancias e incluso que existen consumos problemáticos que se incrementan en contextos de vulnerabilidad, pero afirman que los pibes de esos barrios “no van detenidos por tener drogas”.
Sin embargo, hay cada vez más personas criminalizadas por tener drogas (en la mayoría de los casos marihuana) y, lejos de tratarse de una problemática de clases acomodadas, la mayoría de las que llegan a ser sometidas a un proceso penal son de sectores trabajadores, a la par que son los pibes de las clases más bajas son los más afectados por esta penalización primaria que llevan adelante las fuerzas policiales. Las personas de clases media-alta que caen detenidas son pocas y, por suerte para ellas, pueden pagar un abogado que las defienda. Mientras sigamos avalando este tipo de posturas arraigadas en la moral y no discutamos la reforma de la ley de drogas teniendo en mente el desarrollo de mejores políticas públicas, estaremos avalando una importante herramienta de control social con la que el Estado argentino criminaliza a los más desprotegidos.
(*) Director de la revista THC