La justicia salteña prohibió la interrupción del embarazo a una joven de 14 años violada por su padrastro. Se desconoce así un fallo de la Corte Suprema que excluye la judicialización de abortos en casos de violencia sexual.
Una joven salteña que sufría desde hace por lo menos dos años periódicos abusos sexuales por parte de su padrastro y que finalmente, a causa de los mismos, quedó embarazada, se presentó el 19 de noviembre junto con su madre en el hospital público Materno Infantil de su ciudad para pedir la realización de un aborto.
Sin embargo, luego de casi un mes internada a la espera de que se lleve adelante, el pasado domingo 15 de diciembre se le otorgó el alta sin interrumpir su embarazo debido a una orden judicial. La resolución la firmó el Doctor Víctor Soria, máxima autoridad del Juzgado de Familia N°1 de Salta capital al haber dado lugar a una cautelar presentada tiempo atrás por la Asesora de Menores, Claudia Flores Larsen.
Si bien en el país rige un protocolo de abortos no punibles y este caso cumplía con los requisitos elementales para obtener tal derecho -esto es, denuncia penal, abuso comprobado e informes médicos y psicológicos-, el juez no suscribió al reclamo de la víctima y de su madre y prohibió su ejecución. Además, resolvió que un equipo multidisciplinario la acompañe hasta el parto y que luego su hijo pueda ser dado en adopción.
La joven no pudo acceder, de este modo, a un aborto no punible tal como lo establece el fallo de la Corte Suprema de Justicia del 13 de marzo de 2012, según el cual en ningún caso se debe requerir autorización judicial para realizar esta clase de abortos, los cuales los médicos deben practicar requiriendo exclusivamente la declaración jurada de la víctima o de su representante legal en la que se manifieste que el embarazo es la consecuencia de una violación.
Las críticas a un nuevo caso de violencia institucional sobre la mujer, llevado adelante en este caso por la justicia, no se hicieron esperar. Las abogadas de la familia cuestionaron a los directivos del hospital por dilatar la práctica del aborto a pesar de lo establecido por la Corte Suprema sobre el derecho a detener el embarazo cuando éste es resultado de un hecho de violencia sexual.
Asimismo, la activista por los derechos de la mujer -y recientemente electa senadora por el Partido Obrero de Salta-, Gabriela Cerrano, fue más allá aún y cargó contra las autoridades políticas locales al indicar que hubo intromisión gubernamental en el caso y que “hay una decisión política para que ocurran estas irregularidades”. Recordó a su vez que en el hospital la niña sufrió durante todo este mes la visita de párrocos que “les mostraban fotos de abortos y fetos” con la intención de “convencerla” para cambiar de decisión.
Por su parte, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo -INADI-, cuestionó al juez con un duro comunicado en el que: “manifiesta su profunda preocupación y malestar por la decisión del Juez de Familia Nº 1 de la Provincia de Salta, Víctor Soria, de impedir que se realice un aborto no punible, en contra de la decisión de una menor víctima de violación y de su madre”. Para el Instituto: “la decisión del Juez de suspender el aborto no punible de esta adolescente de 14 años, violada y golpeada desde los 12 años por su padrastro y de disponer, mediante medida cautelar, que un equipo multidisciplinario la acompañe hasta el parto y luego dé su hijo en adopción, desconoce, niega y vulnera el derecho de la víctima a decidir sobre su propio cuerpo. El juez se arroga facultades que son inherentes a la víctima, vulnerando su derecho a la dignidad y a la integridad personal, y agrega al ataque que recibió la niña la “violencia institucional” ejercida por el poder judicial, tal como la define la Ley 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres”.
Finalmente, la madre de la víctima fue tajante en su respuesta y los posibles caminos a seguir: “Yo no voy a obligar a mi hija a seguir con algo que no quiere”, dijo.
Ya sabemos cuál es el sendero al cual la sociedad arroja a centenares de mujeres anualmente debido a resoluciones judiciales como esta y a la continua dilatación del tratamiento legislativo de esta problemática.