El presidente Macri intentó sacar por decreto la llamada Ley de Semillas “MONSANTO”, aun cuando el Congreso está en periodo de sesiones ordinarias. Las organizaciones campesinas y de la agricultura familiar, en estado de alerta y movilización.
El gobierno había convocado ayer a las empresas semilleras para anunciar que sacaría por decreto la llamada Ley de Semillas “Monsanto”. A último momento desistió de la convocatoria, aparentemente por desacuerdos sobre la quita del impuesto a las ganancias en la compra de semillas.
En diálogo con Marcha, Rosalía Pellegrini Holzman, de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), calificó al proyecto de ley como hecho a la medida de empresas como Monsanto-Bayer. “Es un intento de sacar por decreto algo que no cierra por ningún lado. El núcleo duro de estos proyectos de ley de semilla que se están diseminando por el mundo tiene que ver con entender a la vida y a la semilla como un bien que se puede patentar, como una mercancía”, explicó.
Rosalía estimó que la nueva ley de semillas representa más ganancias para las multinacionales y mayor dependencia para el sector campesino y de la agricultura familiar, por el fortalecimiento del monopolio. Es por este motivo que la UTT ya se pronunció en estado de alerta y movilización, con la idea de hacer un acampe con todos los productores y productoras, e incluso con verdurazo, si avanza el decreto de la ley de semillas.
Desde el año 2012, las y los pequeños productores, las organizaciones campesino-indígenas y los y las damnificadas por la contaminación con glifosato vienen dando pelea para lograr frenar esta nueva ley de semillas. “Durante estos años de gestión del macrismo no pudieron generar consenso para poder sacarla. También por la resistencia de sectores como el nuestro, de la agricultura familiar y campesina, que planteamos que esto atenta a nuestra forma de entender a la semilla y su reproducción. Nosotros concebimos a la semilla como un patrimonio de la humanidad, de los pueblos, de las mujeres y hombres campesinos que en la historia hemos modificado, reproducido y trabajado la semilla en tanto un bien de todos y de todas.” concluyó Rosalia.
En el mismo sentido Carlos Vicente, de GRAIN y Acción por la Biodiversidad, calificó la noticia como un intento de aprobar por decreto algo que no aprobaron por la vía democrática en el Congreso de la Nación, y como una prueba de la visión de este gobierno sobre la democracia. “Están impulsando algo que además de inconstitucional es ilegítimo. Obviamente, si lo meten va a ser cuestionado en el próximo período, ya sea por las autoridades del Poder Ejecutivo o por el parlamento que en sus dos cámaras puede rechazar un DNU”.
En cuanto al objetivo del decreto, Vicente expuso que “ahora que gobiernan las corporaciones quieren dejar cerrados todos los negocios que les quedan, y la Ley de Semillas es una de las grandes apuestas de Bayer-Monsanto, de la Asociación de Semilleros Argentinos y de Aapresid (Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa) para poder controlar desde la base a nuestra cadena alimentaria. Para apropiarse de la semilla y poder imponer a los productores que cada vez que guardan semillas tengan que pagar regalías. Una aberración que va en contra de todo lo que es la historia de la agricultura”.
Vicente explicó que la letra del decreto estaría constituido por el dictamen que Cambiemos sacó en la Comisión en noviembre del 2018, repudiado en aquel momento por la Multisectorial contra Monsanto y el Foro Agrario. Finalmente, ese dictamen nunca llegó al recinto porque todos los sectores de la oposición se negaron a aprobarlo.
Si bien desde el gobierno dieron marcha atrás porque aparentemente tanto sojeros como semilleros no concuerdan en los términos, ya planean una reunión para el día martes de la semana próxima, con el fin de lograr los acuerdos necesarios para sacarlo como Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).
“Una de las particularidades del proyecto es plantear que los productores que compren semillas que tienen derecho a la propiedad intelectual, van a poder deducir una vez y medio (1,5 veces) sus impuestos a las ganancias. Con lo cual, ese medio por ciento más que deducen, va a ser el Estado el que pague las regalías a las corporaciones. Esto no puede ser aceptado”, comentó Vicente.
Sería un negocio redondo para los sojeros, porque si ellos aceptan la ley conforman a las empresas semilleras, pero el que paga es el Estado. “Aparentemente, esa quita en el impuesto a las ganancias habría sido uno de los desacuerdos por los cuales el decreto no pudo ser acordado y aún no se presentó, aunque es algo que sigue en disputa y seguramente la semana que viene va a estar en la mesa de discusión”, estimó Vicente.
Por último, creyó muy probable que a este gobierno de salida no le importe agregar 1000 millones por año al Estado, que perdería de recaudar por cubrir esas retenciones para Bayer Monsanto. “Los compañeros y las compañeras del Foro Agrario nos dimos cuenta que a ellos no les importa la democracia. Es claro que no hay necesidad ni urgencia. El Parlamento está funcionando y hay posibilidades de discutir lo que haga falta. Pero está claro que quieren aprobarlo de cualquier manera”.