Por La Revancha. Este miércoles el Senado de la Nación dio media sanción al proyecto de modificación de la Ley de Abastecimiento pese al rechazo de oposición y los empresarios, el kirchnerismo ganó la pulseada. La opinión del economista Eduardo Lucita.
A partir de la media sanción que el Senado de la Nación le dio al cuestionado proyecto de modificación de la Ley de Abastecimiento, el integrante de Economistas De Izquierda (EDI) Eduardo Lucita analizó el proceso.
-¿Qué modificaciones se le hicieron a este proyecto de ley para reformar la Ley de Abastecimiento en relación a los reclamos de determinados sectores del empresariado?
-El principal reclamo de un sector del empresariado es que las pymes fueran excluidas, y eso se logró. Porque en realidad yo entiendo que el proyecto va dirigido a las doscientas o trescientas empresas que hay formadoras de precios en el país. De alguna manera, hasta ahora, el aumento de los precios y la inflación del país es resultado de varios componentes. Pero entre ellos, lo que hay últimamente es una disputa intercapitalista por apropiarse del excedente económico que genera nuestra economía, y hasta ahora el Estado fue impotente para arbitrar en esa disputa. Tal conflicto se da a través de la remarcación de los precios que hacen todas las grandes corporaciones que controlan los mercados.
-¿Cómo repercute la norma en debate en las empresas?
Hasta ahora estaba la Ley de 1964 que se sacó en el gobierno de Illia y la de 1974. Esta nueva ley tiene algunas modificaciones que son más benévolas para las empresas. Por ejemplo, en el caso de empresas que transgredían las normas establecidas o tuvieran alzas excesivas de precios había prisión para esos directivos, y eso se eliminó. Otra cosa que se agregó fue que se le puso un tope a las clausuras, no más de 90 días. Y también se limitó el alcance de la ley porque las dos leyes anteriores eran muy amplias, abarcaban al conjunto de la economía, acá se centró en la producción y comercialización de bienes y servicios, es decir está más restringida. Hay una cuestión que es interesante: hasta ahora el Estado le imponía una multa a una empresa, la compañía cuestionaba la multa en la Justicia y hasta que la Justicia no se expidiera no se pagaba nada. Por lo tanto en un proceso inflacionario dos años después la multa ya era la mitad. Entonces ahora lo que establece esta ley es que la empresa paga esta multa y después recurre a la Justicia a ver si le corresponde o no.
-¿El Gobierno lanza esta modificación como una forma de incidir en el debate después del tema de los fondos buitres o es una herramienta para incidir en los problemas económicos?
-Quisiera creer que es una herramienta para controlar y regularizar los mercados, para ponerle un coto a los remarcadores de precios desenfrenados que son los oligopolios que dominan ampliamente la economía del país y que muchos de ellos son extranjeros. Quiero creer que es eso porque si solamente va a ser una amenaza, como las leyes de 1964 y del 1974 que se sancionaron y nunca se aplicaron, eso lo que hace es debilitar más al Gobierno frente a las corporaciones. Con este debate el Gobierno se puso a todo el empresariado en contra. Se dice que hay 30 cámaras empresarias que se oponen a la ley y que si esta es aprobada van a recurrir a la Justicia para declarar la inconstitucionalidad de la misma. Es decir, el proyecto presentado por el Gobierno logró armar el frente empresario, creo yo como no lo habíamos visto nunca antes por lo menos bajo este gobierno. Así que si se hace todo esto y después no se aplica realmente no sé cuál es el negocio.
-¿Sirve de algo analizar la política de precios cuidados y el accionar del Gobierno en cuanto al incumplimiento de estas cuestiones con los supermercados para saber cómo se puede llegar a manejar con esta normativa?
-No, creo que es otra cosa porque en algunos supermercados la política de precios cuidados funciona. De todas formas, los precios cuidados siguen siendo elevados. El proyecto de Ley de Abastecimiento habilita a la Secretaría de Comercio para meterse en los libros de las empresas, analizarles los costos, analizar los volúmenes de producción, es decir que no bajen los niveles de producción para encarecer, y además tiene la atribución de fijar tasas de ganancia razonables. Entonces uno de los elementos de discusión es cuál es la razonabilidad de una tasa de ganancia.
-¿La Presidencia puede tener en carpeta alguna otra medida en torno al tema de reactivar la economía?
-Se está hablando de que el Gobierno estaría por lanzar un Plan Primavera, al estilo del que lanzó Sourrouille en la época de Alfonsín. Pero por ahora son todos comentarios, no se sabe muy bien en qué consistiría. Aquel Plan primavera significó un aumento fuerte de los precios de los servicios públicos, en ese momento en manos del Estado, y un congelamiento de los mismos. Acá la situación es otra, acá los servicios públicos están contenidos vía subsidios que pesan muchísimo en el déficit fiscal o sea que no sé bien qué podría hacer el Gobierno en ese sentido. Porque si reduce los subsidios el valor de los servicios públicos se va por las nubes. Obviamente algo podrá hacer, por ejemplo la electricidad no discrimina mayores consumos ni nada, creo que ahí hay tela para cortar y el Gobierno no lo hace. Pero de todas maneras, no parece ser mucho lo que podría hacer por ese lado, así que habría que ver qué es lo que está en danza si es que hay algo en danza, yo por lo menos hasta ahora no estoy informado.