Por Mauricio Polchi
Fue excarcelado Ricardo Ayala, el policía de La Metropolitana que le disparó al joven de 20 años en la puerta de su casa en el barrio porteño de La Boca. El juez Rappa pidió su “inmediata libertad”, y aunque reconoció que la víctima “estaba desarmada” consideró que el agente solo actuó con un “exceso en ejercicio de legítima defensa”. Cabello sigue internado “estable pero grave y con funciones físicas gravemente afectadas”. Mientras su madre aún espera las disculpas de Vidal, Macri ubica a Patricia Bullrich a custodiar la seguridad de los argentinos.
La justicia liberó al agente de la Policía Metropolitana acusado de disparar contra Lucas Cabello el pasado 9 de noviembre en el barrio de La Boca. De pura casualidad, la resolución del juez de instrucción en lo Criminal Osvaldo Rappa se dio a conocer justo cuando se anunciaba el arribo de la controvertida Patricia Bullrich al Ministerio de Seguridad de la Nación, por decisión del electo presidente Mauricio Macri. Antes de asumir en el cargo, Bullrich pudo olfatear la herencia de una posible sintonía fina entre los distintos poderes.
Para la diputada Patricia Bullrich, tan atenta a los lineamientos de seguridad que impone la administración de los Estados Unidos, este tema no fue ajeno a sus intenciones y preocupaciones. Reconocida opositora al proceso Bolivariano de Venezuela, y con vínculos directos sobre los espías de inteligencia, Bullrich fue asesora en materia de Seguridad del entonces intendente pejotista de Hurlingham Juan José Alvarez, quién luego se convertiría en uno de los responsables políticos de la Masacre de Avellaneda. Luego pasó al Ministerio de Justicia y Seguridad bonaerense durante la gobernación de Eduardo Duhalde y en 1999, cuando Fernando de la Rúa asumió la presidencia, fue secretaria de Política Criminal y Penitenciaria. Desde esos días, propone un programa con la baja a 14 años de la edad de imputabilidad, y alguna vez sugirió cobrarles a los presos el alojamiento en las cárceles.
En este contexto, tan tiempista como oportuno, el juez Rappa pidió este jueves 26 de noviembre “la inmediata libertad” del agente de la Metropolitana, quien permanecía detenido desde el día del criminal ataque. Si bien el efectivo Ricardo Ayala fue procesado por el delito de “homicidio en grado de tentativa, agravado por su condición de ser miembro de una fuerza de seguridad, con exceso en ejercicio de legítima defensa”, y aunque sus bienes fueron embargados hasta cubrir la suma de 300 mil pesos, este procesamiento no incluyó la prisión preventiva y le permite al policía Ayala estar en su casa mientras aguarda el inicio del juicio. Para los abogados de la familia, se descarta que si el agresor está libre se puede poner en riesgo la investigación.
El juez reconoce que la víctima no estaba armada, y por eso el abogado Nahuel Berguier remarcó contradicciones en varios pasajes del fallo. “En el escrito dice que Ayala le dio tres tiros a Cabello –el primero que lo voltea y dos en el piso–, reconoce que Lucas no estaba armado, pero igual plantea que hay exceso en la legítima defensa cuando no se está defendiendo de nada”, expresó Berguier.
En la resolución judicial se sostiene que “no hay indicios que permitan sospechar que los disparos de Ayala contra Cabello fueran intencionales y sin motivo aparente”. Y aclaró que “sólo se advierte un mal desempeñó en su labor, y su poca experiencia para enfrentar una situación de agresión y tensión, siendo imprudente en su manejo con el arma”.
El fallo insistió con la palabra “imprudencia” al afirmar que Ayala “efectuó tres disparos, de manera imprudente, con su arma reglamentaria, excediéndose en los límites impuestos por la ley”.
Otro de los puntos criticados por la querella es que el procesamiento refiere a “una agresión de Cabello” y que el efectivo lo que hizo fue “repeler un ataque”, aunque nunca se halló un arma en posesión de la víctima y los testigos, en sintonía, coinciden en que no vieron ningún revólver o pistola que no sea la del policía.
El Caso
El juez Rappa se inclinó por la posición de los funcionarios macristas que utilizaron la mentira y la confusión para justificar este caso de gatillo fácil. Apenas sucedieron los hechos, la primera versión que hizo correr La Metropolitana ante la prensa fue la de instalar un tiroteo. La teoría, insostenible con el correr de las horas, sólo fue respaldada por la vicejefa de Gobierno porteño María Eugenia Vidal. “Se trató de una cuestión de género”, mintió la funcionaria. “El policía protegía a la mujer que apretó el botón antipánico”, agregó, y así Vidal justificó lo injustificable. El papelón fue tan grande que hasta el subjefe de la fuerza Ricardo Pedace la contradijo al aclarar que “no era una consigna por violencia de género”.
Evidentemente, en varios puntos de la Ciudad de Buenos Aires, la inseguridad se viste de uniforme. En menos de un año la Policía Metropolitana, en el cordón sur de la Capital Federal, protagonizó varios casos de violencia institucional. Lamentablemente, la mayoría de los hechos terminan con jóvenes muertos, familias destrozadas y ningún detenido. En diciembre pasado, en Barracas, una camioneta policial atropelló y mató a Nehuen Rodríguez, el chico que salía a festejar el ascenso de su querido club Huracán. Los agentes que conducían ese vehículo, están libres.
Meses después, Roberto Autero, de 16 años, fue asesinado de un tiro en la nuca por otro agente metropolitano. El oficial Sebastián Torres, quién disparó contra “Robertito”, no estuvo ni un sólo segundo detrás de las rejas. Ahora, a la lista de baleados se suma Lucas Cabello, que recibió tres tiros y pelea por salvar su vida. En las últimas horas, el agente que lo fusiló fue excarcelado.
El agente Ricardo Ayala está acusado de balear a Lucas Cabello, de 20 años, en la puerta de su casa en Martín Rodríguez al 500 del barrio de La Boca. Según pudo reconstruir Marcha, en la tarde de aquel lunes la escena era tenebrosa, clara y contundente. Los vecinos escucharon tres disparos, la misma cantidad de balas que se encontraron en el cuerpo de la víctima. El agresor, que es policía, escapó. A las autoridades, que intentaron plantar pruebas y preparar un escenario de tiroteo, les resultó imposible armar o sostener una mentira. Nada de ‘narcos’ y ‘trapitos’, fue un ataque policial contra un hombre desarmado.
Lucas vivía con su familia desde hacía varios años en un hogar de tránsito que se instaló sobre una antigua casona del Instituto de la Vivienda porteño (IVC), ubicada en la calle Martín Rodríguez. En ese complejo, habitado por personas que fueron desalojadas de varios conventillos, se hospeda una mujer que mantiene diferencias con su hijo y recibió como medida judicial un botón antipánico y custodia. Ante ese problema familiar o social, una de las soluciones que propuso el macrismo fue mandar a un policía. Los resultados están a la vista.
El efectivo que disparó a quemarropa estaba en consigna, pero Cabello no tiene relación con ese caso y la restricción de acercarse a ese lugar era para otra persona. Según explicaron algunos testigos, el uniformado se confundió de pibe, intentó impedir que Lucas ingresara a su propio hogar y por ese hecho se desató el altercado verbal que derivó en el fusilamiento. Cuando el chico cruzó la puerta, le gatilló sin dar la voz de alto.
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