Por Lucrecia Fernández, desde Córdoba. Ivan Rivadero tenía 23 años, le quedaba un año y medio más de encierro en el penal de San Martín en Córdoba, cuando los guardiacárceles decidieron otro destino para él. Este caso se suma a una larga lista de “suicidados” en la provincia.
En la madrugada del 13 de mayo de 2013, Iván Rivadero se convertía en un nombre más de los tantos que son asesinados en cárceles y comisarias de nuestro país, que son presentados como “suicidios”. Una manera perversa de disponer sobre la vida de una persona, no solo por terminar con ella, sino por decidir la historia que deberán tratar de dilucidar sus familias, amigos, parejas.
A las diez de la mañana, su hermana Fernanda recibía el aviso de que su hermano se había suicidado, y como sucede en estos casos, las familias descreen de tales situaciones. Entonces comienza un camino de dudas, donde muchas de ellas, solas, sin ayuda de la justicia, ni de las instituciones carcelarias (quienes deberían velar por la seguridad de los internos), llevan adelante su lucha por la verdad. En ese camino Fernanda y su mamá, en un acto de valentía, fotografiaron el cuerpo de Iván, cuando fue entregado por la morgue judicial.
Las fotos tomadas revelaron mucho más que un suicidio. Había evidentes marcas de golpes, quebraduras en sus hombros, moretones inexplicables en sus dedos y en su torso. Pero lo más alarmante eran dos puntazos de arma blanca en la espalda y uno en el pecho, que coinciden con las manchas de sangre que tenía su ropa al momento del deceso, y que fueron entregadas a su madre. Son esas imágenes las que trazan el camino del pedido de justicia por Iván desde hace ya un año, que familiares, amigos y amigas del joven, y organizaciones sociales y de derechos humanos, llevan adelante.
Poco quedaba en esas fotos de Iván, del alegre y solidario, al que le gustaba el rap reaggetton, y el cuarteto de Ulises Bueno, y que en su intimidad escribía canciones con formas de poemas, y que los fines de semana iba a la cancha a alentar a su gloriosa pasión, Instituto.
En la noche del lunes 12 de mayo último, a un año del asesinato de Iván, se realizó una concentración en la entrada del penal, donde a pesar del horario y del clima frío, la gente y las organizaciones fueron acercándose al reclamo. Incluso los vecinos, curiosos, tomaron su lugar de espectadores y hasta de participes. En una bandera, la leyenda “Justicia por Iván, basta de matar a los pibes”resumía toda la bronca y la exaltación de la gente, que con intervenciones de arte callejero, pegatinas con el rostro del joven, cantos y velas, llevaron adelante una movilización alrededor del penal. Y en el silencio de la noche, entre los cantos de la marcha, que avanzaba entre las callejuelas con velas encendidas, se podían oír los gritos ahogados de reclamo de los presos que entendían en carne propia lo que sucedía afuera.
El penal San Martín, ubicado en un barrio al norte de la ciudad de Córdoba, es uno de los más antiguos de la provincia y las condiciones higiénicas, de infraestructura y de alojamiento son infrahumanas. En cada una de las inspecciones que se le han realizado al penal, se han hallado camas de sujeción (tortura), cadenas y candados dentro de las celdas habitaciones de castigo. Sin embargo, sigue allí como una monstruosa estructura enrejada, llena de historias como la de Iván.
De la movilización participaron también otros familiares de victimas de la represión del Estado, como Soledad Cuello, hermana de Yamila Cuello, desaparecida por una red de trata hace cuatro años; y Natalia Suarez, madre del joven Lautaro Torres, de 17 años, asesinado el 13 de abril pasado de cuatro disparos en la espalda por una policía de civil. También se contó con la participación de organizaciones antirrepresivas, como la coordinadora Anticarcelaria, el Colectivo de Jóvenes por Nuestros Derechos, el FOCCOF, la Coordinadora Antirrepresiva de Córdoba, y AMMAR Córdoba. El encuentro culminó en la puerta del la cárcel, donde los familiares de Iván hicieron uso de la palabra, y luego fueron dejando una a una las velas, puestas como un caminito en la puerta misma del edificio, en memoria de Rivadero.
A menos de 12 horas de haber sido intervenidas todas las paredes del penal San Martín con fotos y leyendas pidiendo justicia, no quedaron rastros de ninguna de ellas. El vacío se igualó al silencio de la institución carcelaria que nunca dio respuestas a su familia y que una vez más demuestra que la respuesta ante su responsabilidad es la invisibilización.
Las víctimas de los verdugos
El 2013 dejó otras víctima además de Rivadero. Roberto Agustín Yrusta, de 32 años, vivía en Barrio Yapeyú de la ciudad de Córdoba y estaba detenido en la cárcel de Bouwer, padeciendo desde hacía años distintas torturas y tratos inhumanos por parte del Servicio Penitenciario de la Provincia (SPC). La situación se agravó luego de una denuncia pública que realiza en un programa televisivo, siendo trasladado a la cárcel de Coronda (Santa Fe), en la cual aparece “suicidado” el 7 de febrero del año pasado.
A la lista se suma Silvana Castaño, quien el 16 de octubre de 2013, mientras estaba cumpliendo condena en Bower por haberse defendido de su marido en medio de una tremenda golpiza, era asesinada a los 29 años. Las responsabilidades apuntaron nuevamente al SPC, siendo otro caso de asesinato pasado por suicidio. La autopsia de Castaño arrojó los resultados más macabros de tortura y golpes que le ocasionaron la muerte.
En ese mismo año, el 27 de octubre en Capilla del Monte, aparecía ahorcado en la comisaria de la ciudad, Jorge Reyna, de 16 años, también con rastros de una golpiza luego de su extraña detención unas horas antes. El joven venia denunciando que la policía lo quería hacer robar para ellos.
Y hace solo unas semanas atrás aparecía también ahorcado en la celda de una comisaria de Carlos Paz, un hombre de 35 años que era oriundo de Buenos Aires, detenido horas antes por una contravención menor en una riña con sus compañeros de trabajo.