Por Claudio Acuña. La corrupción está en el centro de la escena política, no obstante hay que decir que el discurso sobre la corrupción no es nuevo, como tampoco es una novedad el vínculo real que existe -en muchos casos- entre la corrupción y la política.
En estos días por TV emergen personajes conocidos y no tanto: Lázaro Báez, Elaskar, Fariña, entremezclados con personajes de la farándula vernácula como Ileana Calabró, Rossi, Rial, Luis Ventura o Lanata.
Nombres, datos y cifras escandalosas alimentan la sospecha del vínculo entre el lavado de dinero y la obra pública y es “casi segura” la conexión con funcionarios del actual gobierno como también con el fallecido ex-presidente Kirchner. Se duda de todo, la corrupción todo lo pone en duda, la desconfianza es omnipresente e incluso atraviesa por estos días la polémica reforma judicial. En este sentido, Lilita Carrió es quizás la abanderada, aunque no la única, de esa forma y de ese método de construcción política.
Entiendo que muchas veces detrás de esas pruebas y evidencias supuestamente esclarecedoras que se muestran sobre la corrupción existente en distintas áreas del gobierno se ocultan presupuestos, ideas y usos que lejos están de los fines que aparentemente persiguen estas denuncias. Si hacemos memoria, antes de la llegada de los militares al poder la corrupción también era parte de aquella agenda política y estaba asociada a lo público y al Estado. La corrupción estatal era el germen de todo; de la ineficiencia, las coimas y el burocratismo estatal; la represa de Yaciretá era considerada, en ese momento, el monumento a la corrupción. Así -durante la dictadura- se abrió el paso para cambios estructurales en la economía y también en relación con el rol del Estado, que luego tendrían su continuidad con la vuelta de la democracia.
Con la llegada del neoliberalismo al poder, el discurso contra la corrupción volvió a tener relevancia en la discusión política cotidiana. Uno de los argumentos para justificar el desguace del Estado era que había que eliminar la “corrupción estructural” privatizándolo todo. Allá en el tiempo, está en la memoria colectiva la famosa frase de Roberto Dromi, ex ministro de Obras Públicas de Carlos Menem y principal arquitecto del modelo privatizador de la década del 90: “Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado”.
Lo cierto es que el discurso contra la corrupción esconde otros efectos colaterales, consecuencias no deseadas que sutilmente se instalan en el sentido común de la sociedad. El discurso contra la corrupción fomenta la anti-política, un rechazo generalizado a todo y a todos. Intolerancia y desconfianza que se corporiza en una idea negativa de la política como herramienta práctica y concreta de los cambios sociales. Se sitúa la idea de la política como una cuestión moral, donde todo queda reducido a un principio de honestidad que deben encarnar quienes se postulen para el manejo de lo público. Es innegable que la honestidad es un presupuesto indispensable, pero ¿es suficiente?
En el discurso contra la corrupción también se presupone que la política debe quedar circunscrita a una cuestión puramente administrativa, de eficacia, de gestión, carente de ideología, como muchas veces aparece en las propuestas de la derecha. Este sentido que se le da al discurso contra la corrupción es una simplificación, un uso que encubre que en la política lo que se expresa son proyectos, modelos, ideas, relaciones de fuerza, intereses en pugna, antagonismos sociales y poder y, por lo tanto, lo que más se necesita es debatir y poner en discusión esos proyectos.