Por Leandro Albani. Los parlamentarios hondureños se aprestan a votar la creación de Tigres, nuevo cuerpo de seguridad cuestionado por organismos de derechos humanos y movimientos sociales.
Cuerpo de seguridad especializado, combate efectivo contra el crimen organizado y el narcotráfico, fuerza entrenada en el mayor rigor y con equipamiento de última tecnología. Estas son algunos de los argumentos que reproducen los funcionarios y legisladores hondureños que avalan la creación de la Tropa de Inteligencia y Grupos de Respuesta Especial de Seguridad (Tigres), que el Parlamento se apresta a votar en estos días.
Desde los organismos de derechos humanos y organizaciones sociales, la creación de este cuerpo es vista como un nuevo paso para la militarización de la nación centroamérica, cruzada por la represión contra el campesinado, las muertes diarias que deja el tráfico de drogas y la complicidad policial, y las agresiones y amenazas que reciben las organizaciones opositoras de izquierda. La preocupación es mayor si se tiene en cuenta que desde mediados de 2009, los asesinatos de campesinos en la región del bajo Aguan se han acrecentado. En la actualidad, casi 60 labriegos han caído por las balas de los grupos de seguridad organizados por terratenientes y por las acciones policiales contra las medidas de fuerza del movimiento campesino.
La propuesta para conformar Tigres fue presentada el 26 de julio por el titular del Congreso, Juan Orlando Hernández, dirigente del derechista Partido Nacional (PN). Esta organización junto al Partido Liberal (PL) fueron los impulsores del derrocamiento del presidente Manuel Zelaya en junio de 2009, con el apoyo de las Fuerzas Armadas y los grandes empresarios del país.
Si bien el Parlamento todavía no aprobó la creación de Tigres -que implica la reforma de la ley orgánica de la Policía-, el jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, René Osorio Canales, anunció que ya comenzó el proceso para la selección de militares que integrarán al grupo. Se espera que 200 efectivos formen parte de la primera tanda de uniformados que en una primera etapa se desplegará en Tegucigalpa y San Pedro Sula. A principios de septiembre se espera que el gobierno presente el primer contingente de militares que conformarán la nueva fuerza.
También se anunció que Tigres cuenta con el asesoramiento de los cuerpos policiales de Chile y Colombia, fuerzas de seguridad duramente cuestionadas por su funcionamiento, principalmente por los hechos represivos que se le imputan en ambos países.
En el proyecto presentado al Congreso hondureño se explicó que la nueva fuerza será financiada a través de un préstamo por 60 millones de dólares que entregará el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Este punto ha despertado inquietud, ya que el actual gobierno hondureño aprobó el cobro de un impuesto para recaudar fondos y de esta forma financiar el combate contra la inseguridad.
Tigres dependerá directamente de la presidencia de la Nación y, en teoría, sus miembros estarán acuartelados en batallones de las Fuerzas Armadas. En la iniciativa se detalló que cuando el nuevo cuerpo de seguridad entre en acción, tendrá que ser acompañado por jueces y fiscales con jurisdicción nacional. Además, si Honduras llegara a tener un conflicto militar con otro país, la fuerza pasará transitoriamente bajo el mando de la secretaría de Defensa.
La coordinadora general del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), Bertha Oliva, señaló a medios locales que la conformación de Tigres será similar al Batallón 3-16, creado para exterminar y perseguir opositores políticos en la década de 1980. Este cuerpo tuvo la asesoría directa de agentes de la CIA y se asemeja a los grupos de tareas que operaron en las dictaduras militares del Cono Sur.
Consultada por la agencia IPS, la socióloga hondureña Mirna Flores, alertó que Tigres “es una fuerza híbrida que implica la militarización de las fuerzas policiales, una tendencia que se ha venido reafirmando en nuestro país frente a las grandes falencias de la policía”. La especialista agregó que con esta medida se le otorga a los militares “un protagonismo en asuntos que no les corresponde, al desdibujar las funciones entre la seguridad y la defensa”.
En declaraciones a IPS, el diputado del PL Yuri Sabas recordó que en Honduras “hace unos años creamos otro cuerpo elite en la policía denominado Cobra, y ahora este se ha visto implicado en actos delictivos”, por lo cual llamó a analizar con profundidad la creación de Tigres.
Entrevistada por La Radio del Sur, la periodista y defensora de derechos Humanos, Dina Meza, denunció que el cuerpo de elite se enmarca en “las mismas acciones que se están tomando desde la década del ochenta con la intensión de reprimir al pueblo hondureño”. Para la comunicadora, “se tratan de acciones planificadas desde el Departamento de Estado estadounidense para continuar el militarismo en Honduras y para ejercer mayor control sobre una población que están en resistencia desde el golpe de Estado”.
Pero si la creación de Tigres despertó alerta entre los organismos de derechos humanos hondureños, esa preocupación se duplicó cuando al día siguiente de ser presentado el proyecto, el ministro de Defensa Marlon Pascua aseguró que desconocía la iniciativa. En el programa televisivo “30/30”, el alto funcionario aseveró que “a mí no se me ha comunicado absolutamente nada, la única comunicación que yo tengo al respecto fue una con el presidente del Congreso el día viernes donde él me explicó algunos de los puntos que ahí se tratan y en el cual nosotros estamos en toda la disposición de colaborar”, se sinceró Pascua.