Por Fernando Vicente Prieto, desde Caracas. Ante la firmeza del gobierno de Venezuela, la derecha venezolana comienza a retroceder en su intentona golpista. Ya hay 135 detenidos por los ataques de grupos de derecha contra centros de salud, misiones sociales y locales partidarios, que dejaron siete personas muertas y más de sesenta heridas.
“Juro ante el pueblo que no habrá impunidad”, aseguró Maduro el martes en varias intervenciones oficiales, en la mayoría de los cuales inauguró centros de salud, a 10 años exactos de la creación de la Misión Barrio Adentro, en la que Cuba aporta 32 mil médicos. “Qué grandeza la de Chávez”, evocó, rodeado de médicos y una movilización popular. “Un día después del intento de golpe creó nada menos que una misión de salud para el pueblo, con el pueblo cubano, dos pueblos unidos en lazos de hermandad desde siempre”.
“Aquí no habrá ningún pacto con la burguesía. Y si sigue la violencia, radicalizaremos la revolución. Estoy dispuesto a hacerlo. Cuento con el apoyo de un pueblo y de unas Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas”, afirmó.
Luego de conocidos los ataques de los grupos fascistas, la posición de Capriles ha quedado debilitada. La comunicación es una preocupación para la estrategia golpista: en Táchira, el Estado donde dos personas fueron asesinadas, caprilistas hicieron destrozos en muchos lugares. Entre ellos, agredieron a dos Televisorias comunitarias, integrantes de la Red ALBA TV: Montaña TV y Jaureguina TV. En Caracas también se movilizaron hacia Telesur -canal multiestatal- y Venezolana de Televisión.
O me voy o me quedo
A pesar de la conmoción causada por los asesinatos y los actos de vandalismo realizados por grupos comando de accionar paraestatal, Capriles insiste en desconocer la resolución del Poder Electoral independiente.
A nivel externo, acumula cada vez más derrotas. Ayer se sumó la retractación de España, según confirmó el Ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas. El lunes el presidente Maduro le había explicado a España que Venezuela es un país soberano en todo sentido.
Es evidente que la campaña de Capriles -donde trató de acercar votos habituales del chavismo- fue efectiva al alcanzar un crecimiento respecto a las elecciones del 7 de octubre de 2012. Pero de ninguna manera significa un cheque en blanco para salir a atacar sedes del Partido Socialista (PSUV), centros de salud, misiones de alimentación o complejos habitacionales construidas por la Misión Vivienda.
“El gobierno quiere que haya conflictos en las calles”, expresó Capriles en su última conferencia de prensa del martes. Con un grave problema comunicacional: por un lado, el ex candidato derechista argumentaba que suspendía la marcha opositora prevista para hoy, con vagas acusaciones al gobierno sobre posibles infiltrados; por otro lado, la fiscal de la República confirmaba que luego de los ataques, se realizaron 135 detenciones, quienes ya están a disposición de la Justicia.
A pesar de eso, y como si sus seguidores no hubieran causado siete muertos y más de sesenta heridos en ataques simultáneos, realizados en casi todos los Estados del país, Capriles intentó acusar a Maduro de tener “un discurso que divide a Venezuela”.
Maduro respondió ordenando a las fuerzas de control de las fronteras que se encuentren alertas ante la posibilidad de que implicados en los hechos de violencia -empezando por Henrique Capriles y su mano derecha, Leopoldo López- escapen del país para no enfrentar a la Justicia.
Yo no fui
Capriles sostuvo que el gobierno quería darle un golpe de Estado. El gobierno respondió diciendo que quien está desconociendo una resolución de un Poder del Estado legalmente constituido, como es el Poder Electoral, generando una situación donde hubo siete muertos y decenas de heridos, es el ex candidato.
“Después de un proceso electoral, las partes tienen el derecho a auditar”, expresó el ex candidato, actual gobernador de Miranda. Pero el gobierno le respondió que en las auditorías practicadas antes, durante y después del proceso los representantes de la oposición estuvieron presentes y confirmaron que no había irregularidades.
En Venezuela, la Reforma Constitucional creó un cuarto poder para favorecer la transparencia en el acto electoral. Ahora no hay tres poderes, sino cuatro: el Ejecutivo, el Legislativo, el Electoral y el Judicial.
En el acto de proclamación de Maduro, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, señaló que para no quedar fuera de la legalidad, en todo caso Capriles debería impugnar la decisión del CNE, como órgano del Estado, ante el Poder Judicial, presentando allí denuncias pruebas concretas de irregularidades. Sin embargo, Capriles no lo ha hecho y en su lugar, mediáticamente, ha llamado a desconocer una institución de la República.
Sus seguidores de ideología más extrema han interpretado este llamado como lo que es: un intento por generar caos político que eventualmente les dé la oportunidad que las urnas le negaron repetidas veces: el 7 de octubre pasado, el 14 de abril y quince veces más desde fines de 1998.
Movilización popular en paz, para derrotar el golpe
El gobierno de la Revolución ha unido filas en torno a Nicolás Maduro y ha llamado al pueblo “a la movilización en paz”. El presidente señaló que “Capriles es un cobarde y un asesino” y convocó a la población “a seguir derrotando el golpe en marcha, con el pueblo en la calle”. Insistió con que no habría impunidad para nadie, sea del apellido que sea. “Por mucho que retrocedas, tienes que verle la cara al justicia. Asume tu responsabilidad”, le dijo en cadena nacional al derrotado candidato de la derecha.