Por Leandro Lutzky.
La denuncia ignorada de una asociación ambientalista y el peligro de una explosión que podría tener consecuencias nefastas. Se aproxima el invierno y aumentará la demanda energética, por eso analizamos los peligros para la ciudad y la provincia de Buenos Aires del Puerto Regasificador ubicado en Escobar.
El funcionamiento del Puerto Regasificador de Escobar, que recibe gas natural licuado (GNL) de distintos países, pone en riesgo a millones de personas en la provincia y la ciudad de Buenos Aires frente a una posible explosión de la planta flotante o de algún barco transportador que entre por el Río de la Plata y desembarque en el Paraná de las Palmas.
¿Qué es y cómo llega el GNL?
Cristina Fernández de Kirchner y Julio de Vido, Presidenta de la Nación y Ministro de Planificación Federal e Inversión Pública y Servicios, fueron los encargados de inaugurar la planta el 8 de junio de 2011 con la imperiosa necesidad de comprar importantes cargas energéticas para apaciguar, a corto plazo, el déficit. Sin embargo, YPF y ENARSA, a cargo del establecimiento, jamás presentaron los estudios correspondientes ni los avales necesarios para montar una obra de tal magnitud. Por el contrario, muchas agrupaciones vecinales denuncian que se están violando leyes locales e incluso normativas internacionales por no contemplar los peligros del gas natural licuado (GNL).
Esta sustancia se compone de distintos hidrocarburos y una alta proporción de metano, cuya mezcla es extraída de los yacimientos en estado gaseoso. Luego, se enfría a 161 grados bajo cero para transformarla en estado líquido y así reducir su espacio físico 600 veces. En otras palabras, se produce una alta y peligrosa concentración de energía. De esta manera, ahorrando sumas millonarias en el traslado, se realiza un solo viaje por cada carga en barcos gasíferos especializados que llegan al país desde lugares remotos como Trinidad y Tobago, Qatar, Nigeria y Egipto, entre los más destacables.
Los buques metaneros ingresan por el Río de la Plata y luego navegan por el Paraná de las Palmas, hasta llegar al Puerto Regasificador. Es decir que, en caso de ocurrir un siniestro, Magdalena, La Plata, Berisso, Berazategui, Quilmes, Lanús, Avellaneda, la Ciudad de Buenos Aires, Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Campana y sobre todo Escobar, correrían serios riesgos. Se trata de la zona más poblada del país, situación que se traduciría en una catástrofe sin precedentes en la Argentina.
Cuando las cargas llegan a su destino, son transportadas con mangueras hacia el puerto que se encarga de reconvertir al GNL en estado gaseoso, es decir, su condición natural. Luego, la energía se traslada por un gasoducto a cinco grados centígrados y el resto de su recorrido es desconocido. Se estima que un importante porcentaje es dirigido hacia la central nuclear Atucha, también ubicada en el Río Paraná de las Palmas, destinada a la generación de electricidad.
Los ambientalistas hacen fuerte hincapié, aludiendo a normativas estipuladas por comités de científicos internacionales, en que este tipo de emprendimientos sólo deberían ser viables en altamar. Como si fuera poco, la propia empresa que alquila su buque en Escobar, Excelerate Energy, promociona sus servicios para mar adentro. Esto queda evidenciado en las páginas 37 y 38 del estudio “Offshore LNG Receiving Terminals”, realizado por la Universidad de Texas. El motivo es muy sencillo: la onda expansiva en caso de ocurrir una explosión sería devastadora. Cabe destacar que las agencias de seguridad estadounidenses identifican a las plantas de gas como el segundo objetivo terrorista, por el desastre que podrían causar.
El Puerto Regasificador de Escobar se ubica en el kilómetro 74 del Río Paraná de las Palmas, 48 km al norte de la Capital Federal. Muy próximo, a casi 4 kilómetros, se encuentra la Escuela de la Isla N° 22, mientras que La Granja, otro colegio de la zona, figura nada más que a 3. Por su parte, el Club de Pescadores y algunas viviendas particulares están a tan solo 400 metros del centro receptor de energía. Los habitantes de la zona, vecinos e isleños, y hasta los chicos que van a estudiar, todos ellos circulan por sus cercanías. Sin embargo, las y los escobarenses no cuentan con un plan de emergencia serio.
Además, este río no presenta ningún tipo de garantías: tiene poco volumen de agua y también es una de las rutas acuáticas más transitadas, potenciando el riesgo de impacto entre los buques metaneros y cualquier cosa que se interponga en su camino. Con esas consideraciones, la Prefectura Naval Argentina estableció en el 2000 que allí sólo pueden navegar barcos de hasta 230 metros de largo. En este caso, los buques tienen 280 metros, es decir, casi tres cuadras.
Una demanda truncada
Viviana Rebasa, integrante de la Asociación Ambientalista del Partido de Escobar, inició hace casi cuatro años una querella en la Justicia por esta problemática y denuncia que el contenido comercializado es “extremadamente inflamable y se equipara con la energía nuclear”. Para comprender la magnitud del conflicto, presentó estudios de impacto en el expediente N° 1619 caratulado como “Rebasa Viviana y otros s/ su denuncia contra el puerto regasificador de Escobar GNL”, tramitado en la Sala I de la Secretaría Penal N° 3. Dichos análisis fueron realizados en Estados Unidos con el fin de marcar los riesgos en el uso del GNL, y al conocerse los resultados, la Justicia del norte rechazó los permisos para iniciar distintos proyectos por poner en peligro a la población local.
Uno de los informes se realizó en Oxford, California, durante 1990, y el alcance del fuego, ocasionado a modo de prueba, abarcó 48 kilómetros a la redonda. Es decir, en el hipotético caso de ocurrir lo peor, 70 mil personas podrían perder su vida, motivo suficiente para denegar la solicitud. Otro emprendimiento para operar con GNL quiso instalarse en la ciudad de Fall River, estado de Massachusetts, pero fue cancelado tras conocerse el estudio “Public Safety Issues at the Proposed Fall River LNG Terminal”, efectuado por el doctor James Fay. Allí se resaltó que durante todo el recorrido de los buques, el alcance de una explosión podría ocupar hasta 21 kilómetros cuadrados. En el cono sur del continente, la causa impulsada por Rebasa hoy está parada y no cuenta siquiera con un fiscal definido y aceptado por las partes.
Sin embargo, la esperanza de los vecinos pareció haber revivido tras realizarse el pasado sábado 7 de marzo la “Carrera Por La Vida”, una maratón de 70 kilómetros que nació en el Puerto de Escobar y terminó en el Congreso. Allí, con la compañía de Adolfo Pérez Esquivel, quien se sumó al reclamo, los ambientalistas y corredores fueron recibidos por el Prosecretario General de la Presidencia de la Cámara de Diputados, Héctor Trucco, y se hizo entrega de un petitorio donde se requería el traslado de la planta. En aquella jornada, Esquivel le dijo a Marcha que “el Estado argentino no puede poner en riesgo a la población, privilegiando al capital financiero por sobre la vida”, aunque aclaró: “No sólo hay responsabilidad política, el juez tiene que tomar medidas y no hacerse el desentendido”.
La importación de GNL que realiza la Argentina vincula múltiples factores a tener en cuenta. Por un lado, el riesgo humanitario para millones de personas y el peligro de dañar el medio ambiente. Por el otro, las cifras siderales que se manejan para conseguir energía: en el 2014, sólo hasta septiembre, se habían gastado 8,9 mil millones de dólares, según las cifras difundidas por el INDEC. Sin embargo, la falta de gas y los consecutivos cortes de luz dejan en evidencia la extrema necesidad por recurrir a la compra de materia prima, aunque no por ese debe hacerse de forma irresponsable. ¿Se tendrán en cuenta, alguna vez, los recursos renovables?