Por Mario Hernández
Panorama sindical. La situación de los trabajadores de Cresta Roja; los conflictos en Prensa; el juicio a 33 trabajadores en Tierra del Fuego; y la victoria de La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro frente a la UTA.
Mientras Scioli y Macri debatían para la televisión, trabajadores de Cresta Roja reclamaron por sus puestos de trabajo, en medio de la crisis de la empresa. Portaban banderas que decían “No al cierre” y “Basta Rasic, gobierno o quien vaya a gobernar”.
Esta semana se movilizaron al centro porteño y denunciaron el fracaso del “salvataje” del gobierno nacional, provincial y de la intervención: casi todas las quincenas se pagaron con atrasos, la cadena productiva se deteriora y los pollos en las granjas mueren de a miles por falta de alimento. No fueron atendidos ni en la Casa de Gobierno, ni por los Ministerios de Economía ni Trabajo. Además, denuncian que la intervención que existe sobre la empresa no ha permitido mejorar las condiciones para empezar a producir. Por el contrario, sirvió para blanquear las enormes sumas que la provincia le regaló a la patronal ante la imposibilidad de la misma de avanzar en el plan de despidos y rebaja salarial que quiso imponer en julio pasado, y que frenaron los trabajadores con su lucha.
Es evidente que el único objetivo de la intervención provincial era ganar tiempo para luego de las elecciones aplicar el plan de ajuste que Rasic no pudo imponer en julio pasado. El interventor provincial Gurzi, desapareció de la empresa, mostrando que su único objetivo era contener la situación hasta que pasen las elecciones.
La semana pasada, Milenko Rasic -dueño de la empresa- reapareció, después de haberse “guardado” desde la intervención del Estado bonaerense, y en reuniones con trabajadores de ambas plantas de faena dejó en claro que sus planes de ajuste siguen en pie: “necesitamos despedir al 30 % del personal y rebajar los salarios un 30 % como condición para que la empresa sea rentable”, argumentó. Por otro lado, reconoció que las intenciones de la empresa son vender su planta 2 ubicada en Esteban Echeverría para lo cual ya estaría sondeando interesados, pero para concretarla debe aplicar previamente el ajuste sobre el personal. Sin embargo, la apertura de los libros contables de los últimos años demostraría de manera clara los millones de dólares en ganancias que amasó la familia Rasic gracias al gobierno kirchnerista, que deberían solventar la crisis que ellos mismos generaron.
A los trabajadores solo les queda confiar en sus propias fuerzas, y también en la de las organizaciones que los vienen apoyando, sin ningún interés más que el triunfo de esta lucha. Una salida independiente que no pelee por subsidios para salvar a los patrones, sino por la provincialización de la empresa, que puede abastecer comedores escolares, hospitales y sectores populares.
El domingo, personal de Cresta Roja se movilizó a las puertas de la Municipalidad de Esteban Echeverría, partido en el cual el Grupo Rasic posee una de las plantas productoras avícolas, para pedir la intervención del intendente Fernando Gray para resolver la situación por la que atraviesa la empresa. De la misma manera y con los mismos objetivos evaluaban dirigirse a la Municipalidad de Ezeiza donde está alojada la otra planta de Cresta Roja. Incluso no descartaron la posibilidad de movilizarse al Aeropuerto de Ezeiza.
En la movilización del lunes recibieron el acompañamiento solidario de los municipales de Esteban Echeverría, ATE Sur, docentes y otras delegaciones de trabajadores. Una delegación de los trabajadores logró ingresar a la sede del municipio. Tras una reunión con funcionarios obtuvieron la promesa de que el intendente Gray, junto a otros intendentes de la zona, acompañará hoy –martes– a la Comisión Interna de la Planta 2 y a una delegación de la Planta 1 a reunirse con el ministro de Economía de la Nación, Axel Kicillof. Allí gestionarán la liberación de los fondos para reactivar la producción, lo que había sido prometido anteriormente pero hasta el momento no fue cumplido. Los trabajadores, antes de retirarse de la sede municipal, anticiparon que el martes a la mañana se concentrarán en las puertas de la Planta 2 y desde allí se dirigirán a realizar un corte en el acceso al Aeropuerto de Ezeiza, durante el tiempo en que se desarrolle la reunión en Buenos Aires.
Por los medios
La semana pasada comenzaron a declarar delegados y trabajadores de la agencia oficial de noticias Télam, tras una denuncia del directorio. Entre ellos, declaró el abogado, periodista y Secretario General de la Comisión Interna, Mariano Suárez, sobre quien pesa la insólita denuncia de conformar una comisión gremial interna “ilícita” y “paralela”, elegida democráticamente el 25 de noviembre de 2014, “por unos 400 trabajadores, en elecciones democráticas, por voto directo”.
Según aseguran los delegados de Télam, este ataque y persecución patronal en la agencia oficial de noticias, tiene que ver también con la conformación del nuevo sindicato SiPreBA (Sindicato de Prensa de Buenos Aires), cuya construcción fue votada en un plebiscito masivo y es impulsado por delegados, comisiones internas y activistas de los medios televisivos, radiales y escritos más importantes de la Ciudad de Buenos Aires, entre ellos Télam.
El martes fue el segundo día de un nuevo paro en Radio Rivadavia, el décimo en lo que va del año, emisora que recibe millones en Pauta Oficial pero no paga el sueldo de sus trabajadores.
En medio de un extenso proceso de venta que generó incertidumbre en los trabajadores de la Amplitud Modulada 1070 (Radio El Mundo), la Comisión Interna de Prensa de esa señal celebró el pasado viernes los resultados de un proceso extenso de lucha que permitió los blanqueos de un total de seis trabajadores, más dos recategorizaciones del área del Informativo. La empresa se comprometió a materializar el último ingreso que queda pendiente para el próximo diciembre, se trata de otro redactor del noticiero, para así cerrar el año con siete trabajadores regularizados.
El multimedios Indalo de Cristóbal López acaba de sufrir una primera derrota con la cautelar a favor de la reinstalación del delegado paritario despedido Brian Majlin, al igual que el delegado gremial Lucas Livchits, producto de una persecución sindical en el portal de noticias Minuto 1 en junio pasado. El fallo judicial fue apelado por la empresa. Esta victoria es el resultado de la pelea tenaz que dieron los trabajadores y que incluyó un paro de actividades de siete días pese a los aprietes y las amenazas de la patronal.
Por las provincias
En la sexta jornada del juicio a 33 trabajadores en Tierra del Fuego, atestiguaron cinco agentes policiales propuestos por la fiscalía. Uno de ellos es quien estuvo a cargo del escuadrón anti motines el día 23 de mayo. La declaración del jefe de servicios especiales Mariano Braznovich mostró la peor cara de la policía. Reconoció haber apuntado a pocos metros de los manifestantes con un arma. Explicó que era una técnica “para disuadir psicológicamente a los trabajadores”. También hizo mención a que se habían tirado piedras y elementos contundentes, al mostrar la prueba ofrecida tuvo que reconocer que no era verdad ya que tampoco eso se evidenciaba en los videos. En las declaraciones todos concordaron en que los manifestantes no estaban armados. De esta manera terminó la jornada, pasando a cuarto intermedio hasta el lunes 16 a las 10:00.
El miércoles se aprobó en la Legislatura de Córdoba un proyecto que establece la licencia por 30 días (prorrogable por otros 30 días) a las trabajadoras del ámbito estatal de la provincia. El proyecto fue aprobado por unanimidad.
Metrodelegados le ganaron la pulseada a la UTA
La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) superó el tramo decisivo en su puja con la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que encabeza Roberto Fernández.
Según el artículo 21 de la Ley 23.551 (Asociaciones Sindicales), “cuando dos asociaciones tuviesen igual zona de actuación. La asociación que pretenda el DNI sindical deberá superar a la que con anterioridad la posea como mínimo en el 10% de sus afiliados”. Entre la cúpula de la AGTSyP había cierta preocupación en rigor de que los colectiveros pudieran “intentar voltear” la compulsa, pero finalmente el temor se disipó ya que la UTA no concurrió al Ministerio de Trabajo. En 10 días, esa cartera deberá firmar la resolución que otorgará la personería a los metrodelegados, con lo cual tendrán la facultad de discutir el convenio colectivo de los empleados del sector.