Por Mario Hernández
Mauricio Macri opina que la liberalización de las tarifas y el fin de los subsidios estatales a los servicios públicos como el gas, la luz y el agua son claves para atraer inversiones extranjeras, lo cual implica lisa y llanamente que los usuarios paguen las ganancias de las empresas que se preparan para ingresar al negocio energético.
Detrás de la postura presidencial existe un poderoso lobby de empresas multinacionales, sobre todo de EE. UU., Gran Bretaña y China cuyos gobiernos siguen con atención el conflicto desatado por el tarifazo y la capacidad del macrismo para imponerlo.
Allí se anotan las norteamericanas General Electric y la anglo-argentina Pan American Energy, entre otras. Tampoco faltan empresas nacionales como YPF y el empresario Marcelo Mindlin, dueño de Edenor, Pampa Argentina y reciente propietario de Petrobras.
Mientras esperan el dictamen de la Corte Suprema apuestan a la campaña del miedo como el presidente de Edenor, Ricardo Torres, quien afirmó: “En cuestión de días nos vamos a quedar sin dinero. Es difícil imaginar qué va a pasar; no podremos pagar los salarios y tampoco los gastos”.
El chantaje viene acompañado de cada vez más cortes por “pérdidas de gas” que tardan semanas en subsanarse, “interrupciones por baja tensión” que no se solucionan en tiempos razonables, dejando usuarios sin servicios, en un marco de victimización de las empresas y una puja política y judicial por los aumentos en las tarifas.
Mientras tanto Edesur no se priva de despedir trabajadores (ya hubo 186), el titular de la Asociación de Defensa de los Derechos de los Usuarios y Consumidores (ADDUC), Osvaldo Bassano, señaló que: “El cableado es deficitario y los cortes duran semanas porque no hay cuadrillas, no tienen gente porque la despiden; cuando por fin reparan, lo hacen con materiales deficientes que vuelven a fallar. Es porque no hacen los mantenimientos correspondientes, compran materiales de baja calidad y ni el ente regulador ni el gobierno los controlan”. Y se termina preguntando: “¿Qué han hecho con los subsidios recibidos en estos años?”. Tal vez allí encontremos la explicación por la cual el gobierno eludió una audiencia pública que hubiera puesto blanco sobre negro esta situación ante la opinión pública, desnudando la estafa y el vaciamiento provocados por las empresas de energía privatizadas en los ’90.
Pero ahora, según la Canciller Susana Malcorra, “el mundo mira hasta dónde será sustentable la adecuación de tarifas”. El tema ya es parte de la agenda internacional y cabe preguntarse ¿por qué?
Es la lucha de clases, tonto
Está en juego la capacidad del gobierno para imponer una medida básica del Estado en todos los tiempos: el cobro de impuestos.
No es un tema menor. Se remonta a los orígenes de los antiguos estados que lo hacían esencialmente para financiar las guerras. En Argentina, la movilización popular lo ha impedido durante meses porque la desobediencia ciudadana le viene ganando la pulseada al macrismo, a pesar de la agachada de las conducciones sindicales burocráticas.
Atrás quedaron los meses de la devaluación, la eliminación del cepo cambiario y el acuerdo con los fondos buitres que arrancaron los aplausos de la burguesía nacional e internacional y que ahora dudan de invertir en Argentina porque lo que está en juego es la gobernabilidad.
Y los números de la economía se siguen deteriorando. El Centro de Estudios de la UIA calculó que la caída en la actividad industrial de junio fue de un 9,6% con relación al mismo período del año anterior, con picos del 15,4% en el acero y un 19,8% en la fabricación de automóviles. Solo la molienda de oleaginosas que creció un 21% en la primera mitad del año, posibilitó que la caída no fuera aún mayor. Esta situación va de la mano de una mayor cantidad de importaciones (9,1% según el Indec), sobre todo de bienes de consumo (22,2%), el menor dinamismo de los mercados exteriores, en especial China y Brasil, el costo de financiación (42% para las Pymes), la retracción en la construcción (14,2% en el primer semestre del año), la destrucción de 27.000 empleos y la disminución de la cantidad de horas extras en un 8%.
José Sorabilla (textil) contó que TN Platex tiene tres plantas cerradas, una más de Alpargatas y en el medio, “el gobierno abre las importaciones con las compras por internet”. “Nadie invierte en una economía que se achica”, remató José de Mendiguren.
José Luis Coll, de Misiones, comentó que: “La gente cruza a Brasil, no solo a comprar nafta. También trae carne, a la mitad de precio”. Mientras, Daniel Funes de Rioja, de la Cámara de la Alimentación, aportó que los alimentos en Brasil salen 40% menos.
Como resultado de la alta inflación, también siguió cayendo el consumo de los hogares, totalizando en el primer semestre del año un 4%. El rubro más afectado son las bebidas, los lácteos y el cuidado personal.
El único nivel socio-económico que pudo sostener su consumo fue el alto-medio que comprende al 22% de la población. Mientras, la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA) daba cuenta que las ventas totales en los comercios minoristas bonaerenses bajaron 8,9% en julio, frente a igual período del año anterior. Los descensos más destacados se produjeron en Línea blanca y electrónicos (-14,3%) y Construcción (-12,6%). Bebidas y alimentos cedieron 2,3% y Medicamentos 5,3% interanual. Los supermercados vendieron un 13,1% menos en el Gran Buenos Aires y en el interior de la provincia el retroceso fue mayor: 15,3%. Finalmente, en los centros de compras de los 24 partidos del Gran Buenos Aires las ventas disminuyeron un 24,2%.
Paritarias
Los docentes bonaerenses realizaron el primer paro de actividades al gobierno de María Eugenia Vidal el jueves pasado en coincidencia con la protesta que realizaron otros gremios estatales agrupados en ATE y la CTA provincial.
El pasado 7 de julio se hizo el primer encuentro de la comisión técnica. En la oportunidad los sindicatos docentes entregaron una propuesta de recomposición e incremento salarial.
En la Gobernación adelantaron que no reabrirán la negociación, manteniendo lo firmado en marzo (34,5%). La huelga afectó a 3,1 millones de alumnos.
Finalmente, la CTERA, luego de un no inicio de clases en más de 15 provincias y cuando más de 10 provincias luego del receso invernal continuaron en conflicto, reclamando la reapertura de las paritarias ante la reducción del salario real de los trabajadores, decidió un paro nacional para el 24 de agosto y una movilización para el 2 de septiembre, día que la “Marcha Federal” -de la que aún no se conoce ni demandas ni convocantes- llega a Buenos Aires.
Esta propuesta llega en el marco de una creciente inflación del 47 % y un brutal aumento de tarifas del 400 % que está a la espera de de la resolución de la Corte Suprema, mientras que el salario docente -que Ctera negoció a espaldas de los maestros y arregló a la baja- quedó muy por debajo de la canasta básica familiar hoy valuada en los $ 19.000, como sucede con el salario inicial en Buenos Aires de $ 9.800 para un maestro de grado. Además, son múltiples las problemáticas en todas las escuelas desde los comedores, nuevos estudiantes por debajo de la línea de pobreza y problemas edilicios de todo tipo, más los anuncios de la evaluación docente y el intento de aumentar la edad jubilatoria.
En Santa Fe, la asamblea provincial definió la realización de dos paros de 24 horas. El 24 de agosto y el 2 de setiembre los maestros exigirán la inmediata reapertura de la discusión salarial, la eliminación de la tablita de licencias, repudiarán nuevamente la discriminación a los jubilados y exigirán la actualización de las asignaciones familiares, entre otros reclamos. “Exigimos un salario equivalente a la canasta familiar, el blanqueo del incentivo y todas las cifras en negro”, expresó el Secretario General de Amsafe y CTA Rosario, Gustavo Terés.
Por su parte, los docentes e investigadores universitarios nucleados en COAD realizarán este jueves 18 desde las 18:00 una asamblea en la sede gremial de Tucumán 2254. “En nuestro caso particular, la situación se ve agravada por un acuerdo salarial que resultó a todas luces insuficiente para recuperar el poder de compra que tenía nuestro salario a finales del año pasado y aún más lejano del mínimo vital y móvil demandado que para el Auxiliar de 1º categoría dedicación completa era de $18.500 en febrero/marzo de 2016”, explicaron desde el sindicato.
Con la presencia de 26 asociaciones de base, el Plenario de Secretarios Generales de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) resolvió la realización los días 17 y 18 de agosto de una Jornada Nacional de Protesta y Difusión por el pedido de reapertura de paritarias, aumento del presupuesto universitario y en defensa de la Universidad Pública.
Luego de paros en todas las oficinas de Telefónica, Telecom, Personal y Movistar, con una gran movilización fuera del horario de trabajo y volanteadas en las oficinas y en medio de una conciliación obligatoria de 20 días, la Comisión Administrativa de FOETRA Buenos Aires presentó el acuerdo salarial por un año, hasta julio de 2017. El mismo consiste en el cobro de $ 4.500 ahora y $ 800 en febrero, de los cuales solo una parte pasará al básico en abril y sin que las empresas aporten a la jubilación por 10 meses.
A pesar que está lejos del 39% del aumento reclamado al básico, la mayoría de los trabajadores aceptaron el acuerdo aunque el rechazo fue importante en varias oficinas, en particular las de Personal, donde continuarán trabajando 8 horas en vez de las 7, como lo hacen la mayoría de los convencionados de FOETRA.
La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud bonaerense (CICOP) y el gobierno provincial reanudaron el miércoles las negociaciones paritarias, donde el gremio reclamará un aumento salarial del 25%.