Por Francisco Soriano. Los guardias del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) imputados por el asesinato de Patricio Barrios Cisneros se fugaron. Las maniobras de ocultamiento y demora de la causa involucran a jueces, fiscales y la responsabilidad del Ministro bonaerense Ricardo Casal.
La condena de los guardias del SPB asesinos de Patricio Barros Cisneros sería un hecho sin precedentes para la Justicia y el sistema penitenciario bonaerense. Sin embargo, sus familiares y amigos y todos los que quieren que la Justicia también les llegue a los intocables de siempre, deberemos esperar quien sabe cuanto más. Es que los 4 imputados más complicados por el homicidio se fugaron la noche del viernes, con la complicidad de sus colegas y aprovechando el más que sospechoso letargo de los funcionarios del Ministerio Público Fiscal de San Martín.
El hecho que se les imputa puede enmarcarse en dos figuras penales, ambas de máxima gravedad. Homicidio agravado por haber sido cometido por un guardia de seguridad o torturas seguidas de muerte. Ambas figuras tienen una pena de prisión perpetua y no son excarcelables. Sin embargo, y a pesar de la enorme cantidad de pruebas que contradecían la ridícula versión oficial del Servicio que aseguraba que Patricio se había “golpeado la cabeza autolesionándose hasta morir”, el fiscal Carlos Insaurralde no ordenó la detención de los imputados.
Chaparro, Pinedo, Luna y Silva hicieron las cuentas más rápido que el funcionario y decidieron huir, con la ayuda cómplice de sus colegas que hasta juntaron plata para facilitar el escape. Testigos informaron que los prófugos pasaron la noche previa a la fuga en la misma Unidad 46 de San Martín.
Juan Manuel Casolatti, Secretario de Ejecución Penal de San Martín recibió información acerca de sus planes e hizo la denuncia correspondiente en el la UFI 1, donde se encuentra radicada la causa a cargo del mencionado fiscal. Sin embargo, el funcionario nada hizo al respecto, al igual que cuando Casolatti le pidió unos días atrás que le tomara su testimonio sobre cómo habían matado a Patricio. Cuando Insaurralde salió del letargo y ordenó la detención ya era tarde y la Gendarmería no pudo encontrarlos.
Patricio recibió más de 30 golpes en su cuerpo y en la cabeza, estando en el piso y esposado. Testigos indican cómo los guardias le saltaban encima mientras lo insultaban. La versión oficial del SPB podría investigarse como delito de encubrimiento. Sin embargo no hay directores imputados, solamente lo están quienes suministraron los golpes mortales y están prófugos.
No hay ningún guardia del SPB condenado por homicidio o por torturas. Considerando la situación de las cárceles bonaerenses esto llama la atención y genera cuestionamientos a la actuación del Ministerio Público Fiscal y de la Justicia. Sólo en el complejo penitenciario de José León Suarez, el año pasado hubieron cinco fallecidos por causas violentas y un detenido quedo discapacitado de por vida, todo atribuido a los guardias del Servicio. El Registro Nacional de Casos de Torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, realizado por la Comisión Provincial por la Memoria, el Instituto Gino Germani de la UBA y otros grupos reveló 675 hechos padecidos por 166 víctimas en tan sólo tres meses y que van desde la agresión física, el alojamiento en condiciones inhumanas, padecimiento de hambre, la falta de salud hasta un largo y doloroso etc.
Durante el 2010 se denunciaron más de 3.500 hechos graves acontecidos en cuarenta y ocho cárceles provinciales. También en ese año tres organismos internacionales reclamaron al Estado nacional que termine con las torturas en la provincia y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas y la Relatoría de Personas Privadas de Libertad de la Comisión Interamericana, elaboraron duros informes al respecto como se puede leer en “Cárceles de Mala Muerte. Informe Carcelario – Argentina”.
Este podría ser el caso bisagra. La intensa actividad y movilización de los familiares logró sacar el caso a la luz. Ricardo Casal, Ministro de Justicia y Seguridad bonaerense –y ex SPB– recibió a los familiares y les prometió avances en la causa. Sin embargo esto no se tradujo en los hechos. Por otra parte, poco se podía esperar de quien en el marco del Habeas Corpus presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales que preside Horacio Verbistky, negó que exista la tortura en las cárceles bonaerenses. “No obstante la independencia absoluta que caracteriza al Poder Judicial de la Provincia, no se han comprobado judicialmente hechos de esa naturaleza, lo que no puede atribuirse a ineficiencia o falta de investigación suficiente”, dijo Casal, según relata el mismo informe citado anteriormente. En cambio, podemos poner la esperanza en los familiares y amigos de Patricio y en las organizaciones sociales que continúan organizándose buscando justicia, con minúscula.
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