El presidente de Grecia, Giorgio Papandreu dió marcha atrás con su reciente propuesta de consulta al pueblo sobre la aplicación del plan de salvataje europeo.
La medida que parecía hacer honor a “la cuna de la democracia” fue rápidamente retirada ante las presiones del presidente de Francia, Nicolas Sarkosy y la canciller de Alemania, Angela Merkel.
Pese a que Atenas viene aplicando diferentes planes de ajustes diagramados por la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, en este nuevo capítulo las potencias del viejo continente accionaron para que el gobierno griego siga el camino trazado con anterioridad.
Luego de las presiones, Papandreu expresó en un comunicado: “Incluso si no vamos a un referéndum, que nunca era un fin en sí mismo, saludo la postura de la oposición conservadora que está dispuesta a ratificar en el Parlamento el acuerdo de la cumbre de Bruselas”.
Esta postura se debe a que el líder de la agrupación de derecha Nueva Democracia, Antonis Samaras, anunció que su coalición está dispuesta a participar en un gobierno de transición.
“Hasta donde hemos llegado con la política del gobierno, el nuevo acuerdo que avala la ayuda a Grecia es inevitable y hay que garantizarlo”, declaró Samaras.
La preocupación de las potencias de la UE se explica por el posible efecto dominó de una debacle griega, que si bien ya tiene duras consecuencias, podría arrastrar a otros países.
Después de manifestar sus exigencias al gobierno griego, que se leyeron como una injerencia sesgada, el presidente francés aclaró que “de ninguna manera” intentó interferir en la vida política de la nación helena.
Igualmente, justificó su posición de intervenir en Grecia argumentando que de esta manera se defendía a la moneda euro y a Europa.
Quienes también se sumaron al rechazo para efectuar el referendo -considerado como una válvula de escape antes las masivas protestas de la sociedad griega-, fueron las dos diputadas gubernamentales del Movimiento Socialista Panhelénico, Eva Kaili y Elena Panariti, que se agregan al ministro griego de Desarrollo, Mijalis Jrisojoidis, y la viceminista de Enseñanza, Fofi Yenimata.
A esto se suma que el gobierno de Papandreu quedó con 150 de los 300 escaños del Parlamento, que no alcanzarían para superar el voto de confianza programado para este viernes.
En este escenario, la administración griega espera que la UE y el FMI liberen la sexta partida del primer préstamo, acordado en 2010, por unos 8.000 millones de euros.
Mientras este panorama conmociona a Europa, la crisis social griega ya tiene sus primeras víctimas: desocupados, empleados públicos a punto de ser despedidos, una economía privatizada y el golpe que significan las permanentes reducciones de sueldos y jubilaciones.
En tanto, el gobierno griego ya calculó que necesita siete mil millones de euros para afrontar las deudas y equilibrar las cuentas, de los cuales 1.700 millones corresponderían al pago de pensiones y salarios públicos, y otros 3.600 millones a la refinanciación de la deuda pública.
Siendo Grecia el país del viejo continente más golpeado y con un movimiento de protesta que ya lleva casi dos años, y aglutina a los grandes sindicatos y a la sociedad en general, tanto la UE, el FMI, como el propio gobierno griego mantienen la línea de recortes presupuestales y los intentos cada vez más notorios de poner de pie a la banca privada, señalada por muchos como la principal responsable de la actual crisis.