En este 8M, día internacional de las mujeres trabajadoras, nos proponemos reflexionar. En este día, una referente campesina, una sindicalista y una economista ponen palabras para colectivizar la incertidumbre y la política de crueldad del gobierno de Javier Milei.
Por Colectivo Editorial Marcha | Foto: Gaby Franchini
Un 8M contra el hambre; y el ajuste. Contra las violencias machistas. Por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito; el trabajo y contra los despidos en todos los ámbitos. Contra el extractivismo de los cuerpos y los territorios y el DNU del presidente Javier Milei, que está vigente y debe ser rechazado por el Congreso. Contra el protocolo anticonstitucional de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y la violencia institucionalizada.
En todas las provincias del país habrá convocatorias para celebrar una fecha histórica del movimiento de mujeres, disidencias y feminista de Argentina, América Latina y el Caribe y el mundo. En el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras hay unidad contra el fascismo ideológico y la precarización de la vida del gobierno de Javier Milei.
Deolinda Carrizo es una referente política; indígena y feminista. Es una histórica dirigente del Movimiento Nacional Campesino de Santiago del Estero (Mocase), y fue además funcionaria nacional del Ministerio de Agricultura, donde ejerció la secretaría de Género. Trabajadora de la agricultura familiar en Quimilí, se encuentra preocupada y ocupada desde que las medidas del gobierno nacional atacan también los cuerpos y los territorios alejados de la gran ciudad. “Que hayan cerrado oficinas o que se estén cerrando algunas instituciones afecta de manera descomunal a las comunidades campesinas indígenas”, afirma.
Por su parte, Clarisa Gambera es dirigente sindical, feminista popular y secretaria de Género y Diversidades electa de la Asociación de Trabajadorxs del Estado (ATE). Participó de las asambleas en la ciudad de Buenos Aires siendo anfitriona y formó parte de los debates en un momento bisagra para los derechos laborales ya que la administración Milei despidió a miles de personas en la Administración Pública Nacional. Afirma que “El gobierno nacional le declaró la guerra al pueblo” y que ante eso, no daremos ni un paso atrás.
Luci Cavallero es Doctora en Cs. Sociales investigadora especializada en economía feminista e integrante del Colectivo Ni Una Menos, y afirma que las condiciones de vida de la población en general y de las mujeres y disidencias en particular, están sufriendo un acelerado deterioro. Las causas son, por un lado, la devaluación brutal con congelamiento de salarios; y por el otro, la liberalización o desregulación de los precios de los bienes y servicios básicos. Una combinación que amenaza nuestras vidas.
Tres voces feministas, que son colectivas, y que reflexionan sobre este 8M.
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-¿Cuál es tu mirada sobre la situación actual que atraviesa la Argentina?
Luci Cavallero: Se está desatando una contraofensiva sobre las condiciones de vida de la población ya que las medidas del Gobierno nacional impactan de manera más profunda sobre las mujeres, lesbianas, travestis y trans que padecen mayores niveles de informalidad laboral, son las mayores beneficiarias de los subsidios sociales que ahora están congelados y las que están percibiendo salarios que ni siquiera se actualizan por paritarias.
Ese congelamiento de los salarios está llevando a muchas mujeres, lesbianas, travestis y trans a endeudarse para vivir. Por otro lado, están las consecuencias del Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU), del 21 de diciembre, que va en el sentido de desregular todos los precios de la economía, vender las principales empresas del país y extranjerizar la tierra.
También afecta la materialidad de la vida, la liquidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que es lo que permite a muchas mujeres poder jubilarse a pesar de no tener los años necesarios para los aportes a través de las moratorias previsionales. Una medida que fue reparatoria para las mujeres que hoy están en riesgo por decisión política.
De igual forma sucedió con la Ley Ómnibus, que gracias a la movilización popular se cayó, en la que se identificaban medidas igual de importantes con el objetivo es avanzar con el patrimonio público y con la afectación de muchísimos sectores; por ejemplo, la posibilidad de vender al menos cuarenta empresas que, en este momento, están en manos del Estado.
Esta situación está generando una suba inédita de la pobreza, donde el salario se encuentra peor que en 2001 y que se completa con la peor de las crueldades que es la falta de entrega de alimentos a los comedores, donde sabemos que hay muchísimas mujeres trabajando de manera comunitaria para alimentar a más de 10 millones de personas.
Clarisa Gambera: El gobierno nacional le declaró la guerra al pueblo. Propone liquidar los salarios de las y los trabajadores y enfriar el consumo en un proceso de industricidio mientras remata bienes comunes y empresas públicas que ponen límite a las multinacionales. O sea, correr al Estado de toda regulación y dejar una incontenible disparada del costo de vida.
Deolinda Carrizo: Tanto en los barrios populares como en las zonas rurales estamos sintiendo los efectos de algunas de las medidas. Se está afectando a muchas de las familias que dependían de un plato de comida que se retiraba de los espacios de cuidados comunes y eso está sintiéndose sobre todo para las infancias que empiezan el ciclo escolar y ya no tienen que llevar a la escuela.
En lo rural están afectando también las fumigaciones indiscriminadas; ya había casos de intoxicaciones pero ahora es vía libre. Aquí en Santiago del Estero hemos hecho una denuncia a las poblaciones de Colorado por la afectación de parte de una empresa que se llama Huayacán que ha fumigado por sobre un pueblo donde viven alrededor de mil familias. Con la presión de la población, la provincia está al tanto de la situación pero no hay multas ni otras acciones que frenen el efecto de las fumigaciones sobre la vida y la salud comunitaria.
-¿Cuál es la situación particular de las políticas públicas feministas y por qué crees que es importante defenderlas?
Deolinda Carrizo: Es importante defender las políticas públicas feministas porque han sido importantes a la hora de hacer valer los derechos de mujeres afectadas por situaciones diversas de violencia y es necesario defenderla. De eso se trata también de seguir defendiendo la democracia y seguir construyendo la igualdad en nuestra sociedad.
Lamentablemente muchas mujeres, sobre todo de zonas más alejadas de las grandes ciudades, quedan aisladas ante situaciones que puedan estar afectándole directamente a ella, a su familia y a su comunidad. El hecho de que se baje la ley de bosque, la ley de tierra, afectan y va a quedarse más, como predica este gobierno, en manos del mercado la decisión de muchas cosas. Pero ahí está también la fuerza de la organización para poder repeler cualquier hecho que implique seguir violando o intentar violar los derechos.
Luci Cavallero: Las mujeres y LBTI+ se ven afectadas de forma mucho más profunda por estas medidas neoliberales y autoritarias, ya que impactan tanto a quienes perciben ingresos más informales que están congelados y profundamente devaluados.
Clarisa Gambera: Es necesario un debate social respecto del rol del Estado y qué impacto va a tener el desguace que propone el Gobierno nacional privatizando recursos públicos, devaluando ingresos y ajustando todos los organismos vinculados a los derechos de mujeres y diversidad sexuales. Esto sumado al intento de instalar el terror con el protocolo del Ministerio de Seguridad contra la protesta social y la judicialización a quienes protestan.
-¿Cómo se tejen la solidaridad feminista y la desobediencia popular y cómo se organizan para el 8M?
Luci Cavallero: Este 8 de marzo nos estamos organizando frente al hambre y las violencias económicas. Estuvimos llevando un proceso asambleario, plural y transversal para que sea una jornada masiva con una huelga feminista y hoy estaremos en las calles de todo el país.
Clarisa Gambera: Los feminismos populares no vamos a aceptar una embestida sobre nuestras conquistas. Por eso, la agenda del 8M está centrada en la emergencia provocada del hambre y en la fenomenal caída de ingresos que nos hace imposible sostener la vida; una aceleración de la feminización de la pobreza que está arrojando a las infancias a situaciones gravísimas.
La asamblea hacia el 8M fue además una continuidad de lucha que sostenemos desde el paro general del 24 de enero. Allí también estuvimos los feminismos populares manifestándonos en rechazo a la Ley Ómnibus. En definitiva, somos también las trabajadoras del Estado quienes venimos resistiendo el ataque sobre nuestros puestos de trabajo, sobre el salario y defendiendo políticas públicas que se pretenden devaluar y vaciar.
Fue una asamblea masiva y diversa que recupera el modo enjambre que nos permitió construir tramas poderosas para avanzar y poner en debate un orden profundamente injusto. Estuvo integrada por organizaciones sindicales, políticas, feministas, culturales, sociales con matices, tensiones y acuerdos que priorizan al consenso para construir procesos de unidad y de diálogo social más allá de nuestros espacios de confianza.
Este espacio es clave en el actual contexto porque lo que nos están pretendiendo imponer es un orden social y económico arrasador de derechos y de nuestra soberanía: se trata de un programa que necesita correr al Estado, someter al movimiento obrero organizado y retrotraer las estrategias de la organización popular y del movimiento feminista que son los que disputan el reconocimiento del trabajo y resisten a la desocupación propuesta.
Deolinda Carrizo: Aquí, en Baviera, en Quimilí, hemos hecho la asamblea de mujeres. Hay muchas madres solteras que están afligidas y es difícil. La primera reflexión que se me viene es que no puedo creer el semejante trabajo que ha costado sostener la democracia y pensar que hoy nos vengan a querer sacar todo lo que se ha luchado es increíble.
Y ante eso la estrategia es la unidad y estar más en alerta con otras compañeras y compañeros para poder llevar adelante un futuro muy cercano. El ajuste nos va a terminar afectando a toda la población y por eso, son necesarias alianzas no solamente locales, provinciales o nacionales, sino también internacionales. El objetivo es la vida digna para el pueblo que trabaja, vive y produce en la tierra y alimenta además a los pueblos del mundo.