Por Fabián Kovacic. La delación fue una de las formas que la dictadura militar explotó para imponer el terror en la provincia. Los documentos de la Comisión de Derechos Humanos provincial muestran las pruebas. Sin embargo la justicia prefiere no tomarlas en cuenta. Marcha publica algunos ejemplos de impunidad a al riojana.
En la provincia se desarrollan cinco juicios por delitos de lesa humanidad. El primero finalizó 2011 con la condena de un sargento retirado por el asesinato de un conscripto. El segundo tuvo sentencia en diciembre de 2012 cuando fueron condenados a prisión perpetua Luciano Menéndez, Fernando Estrella y el ex comisario Domingo Benito Vera por el asesinato de los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville el 18 de julio de 1976. El tercero de los juicio tuvo sentencia el 25 de octubre pasado cuando nuevamente fue condenado Menéndez a veinte años, y los gendarmes Eduardo Britos a quince años y Ricardo Torres Darán a tres años de prisión en suspenso, por el secuestro e imposición de tormentos contra Abelardo Angel y un grupo de cooperativistas de la localidad de Campanas. Desde el pasado 4 de noviembre se desarrollan las audiencias orales y públicas por el crímen del obispo Enrique Angelelli y aún resta llegar al juicio oral en la denominada Megacausa riojana que tiene entre sus imputados a Luciano Menéndez y al ex juez Roberto Catalán, entre otros imputados y entre sus víctimas a Plutarco Schaller, sus compañeros del diario El Independiente y otros grupo de militantes políticos y sociales de la provincia.
Según la síntesis del informe de la Comisión Provincial de Derechos Humanos (CPDH) riojana creada por el gobierno provincial encabezado por Carlos Menem en 1984 al que accedió MARCHA, en los últimos cuatro procesos hubo vinculaciones y colaboración con los represores por parte de hombres y mujeres con alguna responsabilidad de poder en estamentos públicos. Ninguno de ellos fue incluido sin embargo en los juicios sin como responsable ni como testigo de lo ocurrido en esos años en La Rioja. Y hay que tener en cuenta que fue la provincia con más secuestrados, detenidos y asesinados de todo el país de acuerdo a su densidad de población, según informa en su libro Como los nazis, como en Vietnam, el periodista Alipio Paoletti.
Tres casos emblemáticos.
El domingo 28 de julio de 1976 a media mañana el sacerdote Juan Carlos Gorosito estaba abriendo la catedral riojana para la misa de las once cuando una mujer mayor le pidió confesarse. –Usted sabe padre que no estoy de acuerdo con la pastoral del obispo, pero tampoco apruebo que sea asesinado. Mi hermano trabaja para el SIE (Servicio de Inteligencia del ejército) y le comunicaron que desde mañana y hasta el lunes 5 de agosto una patrulla tiene órdenes desde Córdoba de matar a Angelelli. Si él se ausenta de la provincia por este período la orden cae y no será asesinado salvo que más adelante vuelvan a incluirlo en la lista. El hermano de la mujer era el farmacéutico y bioquímico Carlos Cortez Alvarez, fundador del primer laboratorio clínico en la ciudad capital. Angelelli ya estaba en Chamical oficiando la misa por el crímen de los sacerdotes e investigando a los responsables del asesinato. Gorosito envió a otro sacerdote, Juan Aurelio Ortiz para que avisara al obispo. Angelelli se negó a abandonar la provincia y el domingo 4 de agosto fue asesinado. La metodología de los cuerpos represivos no es extraña. Eduardo Galeano recuerda en su libro Días y noches de amor y de guerra, un hecho similar. Su amigo el periodista y abogado Vicente Zito Lema fue citado en un bar por un comisario de la policía federal en 1976. Cuando lo vió, Zito Lema recordó que lo había defendido gratis en un juicio laboral unos años antes. –Usted está una lista que nos bajaron de Coordinación Federal. Si se guarda una semana zafa, si no lo matamos. Le devuelvo el favor de años atrás. La próxima vez que esté en una lista lo mató. Quedamos a mano, lo intimó el comisario.
En la página 26 de la síntesis de la CPDH se incluyen bajo el título Las fuentes informativas de la represión en la provincia, los incisos f) y g) donde se menciona “Personas que denunciaban o declaraban sin firmar” y “Denuncias escritas firmadas por personas o grupos de personas”. Son 56 nombres de civiles que colaboraron en la entrega de información, confección de informes y hasta falsa denuncias desde cargos municipales y provinciales. Todos esos datos eran recogidos y sistematizados por la Secretaría de Coordinación y Enlace, creada por la intervención militar en tiempos de la Revolución Libertadora y recién eliminada en 1984 por el gobierno constitucional. Uno de esos informes reclama que sean detenidos y expulsados de la provincia los médicos de filiación peronista Carlos Amodey y Elena de la Motta de Amodey, entre otros. El informe los acusa de ser responsables de hechos “que generaron desconfianza, intranquilidad, inseguridad y enfrentamientos” en el hospital Luis Pasteur de la localidad de Chepes. El texto va dirigido al gobernador militar y al jefe de la guarnición local, y está firmada por todos los responsables médicos del centro sanitario.
Plutarco Schaller presentó el 19 de setiembre pasado ante el juez federal Daniel Herrera Piedrabuena la denuncia por la apropiación del diario El Independiente , hecho incluido en la Megacausa riojana. Los nombres de los denunciados coinciden con quienes hoy se presentan como miembros de los medios de comunicación cooperativa a nivel nacional en la Federación de la Asociación de Diarios Comunicadores Cooperativos de la República Argentina (ADICCRA) y son, por supuesto los actuales directivos de El Independiente.
Los intereses en juego en las causas por delitos de lesa humanidad en La Rioja, exceden los hechos ocurridos en el pasado. Exponen los cruces entre los responsables del poder provincial y los dueños del status quo local desde los tiempos de la organización nacional. El reciente 150 aniversario del asesinato del caudillo riojano Chacho Peñaloza es una buena ocasión para poner a prueba al poder judicial y comprobar si estará a la altura de las necesidades populares en esa vieja y rebelde provincia.