Roxana Amendolaro*. A propósito de la represión en predios del Hospital Borda y las políticas en el área de Salud Mental en los últimos años.
Esta década involucró una permanente interpelación al sujeto de derecho, con derechos y responsabilidades. Una permanente invitación a hacernos cargo de lo que decimos, a acortar las brechas entre lo que decimos, lo que pensamos y lo que hacemos, a buscar argumentos para sostener nuestras posiciones, a militar para construir eso que decimos que queremos y no quedarnos en la crítica sin movimiento. Si eso no es salud mental, no sé qué otra cosa pueda serlo.
Por otra parte, el proceso de democratización del campo de la salud mental en clave de Derechos Humanos es parte de un proceso mucho más amplio, mucho más complejo, que hace a la inclusión real de todos aquellos grupos que históricamente fueron segregados, a la incorporación de las partes de nuestras historias que también pretendieron ser borradas y, en consecuencia, a la redistribución de los recursos materiales y simbólicos. A barajar y dar de nuevo desde una perspectiva igualitaria aquello que quedó planteado como verdad inapelable durante la última dictadura y consolidado durante la década de los noventa: el “no todos valemos lo mismo”.
Y sin embargo, garantizados los derechos mínimos fundamentales, si todos podemos hacer muchas cosas. El poder, poder hacer, pensado no como patrimonio de algunos pocos sino como potencia colectiva y transformadora.
Un poco, poquito, de historia.
En el año 2000 se sancionó la ley nº 448 o Ley de Salud Mental en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sus artículos 2º y 3º introducen en el concepto de salud mental la articulación con el de derechos humanos brindando un marco para pensar la salud como concepto multireferencial, abierto y dinámico.
En 2004 se inició el proceso de reforma de la Colonia Nacional Montes de Oca con el objetivo de garantizar que la atención de las -en ese momento más de mil- personas internadas se fundamentara en el reconocimiento de sus derechos fundamentales y de promover su reinserción social. Este proceso se sostiene hasta la fecha (2013) y entre sus resultados principales cabe destacar la reinserción social de aproximadamente 400 personas, la creación de una red de casas en la comunidad, la descentralización de la atención en salud y salud mental a través de convenios con los municipios y el apoyo a la reinserción laboral.
En 2005 se creaba a nivel nacional la Mesa Federal de Salud Mental, Justicia y Derechos Humanos como espacio intergubernamental e intersectorial, inicialmente impulsado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la entonces Unidad Coordinadora de Salud Mental del Ministerio de Salud de la Nación (hoy Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones), con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Entre sus objetivos principales la Mesa se propuso promover una política pública en salud mental basada en la perspectiva de derechos humanos, e impulsar transformaciones institucionales para la aplicación de buenas prácticas en el área. Desde febrero de 2010 el INADI también forma parte de la Mesa.
En 2007 presentábamos desde el CELS y el Mental Disability Rights International (organización dedicada a promover el reconocimiento y el cumplimiento internacional de los derechos de las personas con discapacidades mentales) el estudio “Vidas Arrasadas: la segregación de las personas en los asilos psiquiátricos argentinos. Un informe sobre Derechos Humanos y Salud Mental” que documentaba sobre las violaciones a los derechos humanos que se producían contra las aproximadamente 25.000 personas que están asiladas en las instituciones psiquiátricas argentinas. También en 2007 comenzábamos a trabajar en los primeros borradores de lo que sería la actual Ley Nacional de Salud Mental.
En este escenario en el que tanto el Estado Nacional como las organizaciones de la sociedad civil venían impulsando un proceso con avances concretos en lo que hacía a la revisión de las políticas en salud mental desde la perspectiva de Derechos Humanos, en 2008 Macri anunciaba un plan de reforma del sistema en la Ciudad de Buenos Aires. El entonces Ministro de Salud porteño, Jorge Lemus, presentó dicho plan afirmando que demandaría una “inversión de 169 millones de pesos” y estaría “orientado a la desinstitucionalización del sistema y a la descentralización de la atención mediante centros de internación y hospitales de día, con el objetivo de lograr la rehabilitación y reinserción social de los pacientes”. Como fundamentación se afirmaba que el Sistema de Salud Mental de la ciudad estaba en crisis, que el modelo asilar estaba agotado, que la estructura edilicia era obsoleta, y que dicho sistema promovía la desigualdad y el no respeto a los derechos humanos. Entre otros aspectos, el Plan contemplaba la construcción de construcción de 10 centros de internación y 12 hospitales de día.
Otro dato de esta breve historia reciente. Cuando Macri asumió se encontró con que en la ciudad existían el AdoP – AdoPi (Dispositivo de Atención Domiciliaria Psiquiátrica Psicológica Programada), el PREASIS Programa de Externación Asistida para la Integración Social (que incluía dos casas de convivencia para personas ex pacientes de los Hospitales Borda y Moyano), Programa de Atención Comunitaria a Niños/as y Adolescentes con Trastornos Mentales Severos de la Ciudad de Buenos Aires (PAC), el Frente de Artistas del Borda, Cooperanza, Radio La Colifata, el Movimiento de Ocupantes e Inquilinos. Todos ellos dispositivos que, tanto desde lo público estatal como desde las organizaciones sociales ofrecían alternativas concretas de trabajo en salud mental con base en la comunidad.
¿Fueron estos dispositivos y organizaciones convocados para brindar asesoramiento y/o potencialmente formar parte de la red que necesariamente debía dar marco al Plan de reforma propuesto? ¿Y los organismos de Derechos Humanos? Teniendo en cuenta que en las declaraciones públicas se partía de afirmar que el sistema de salud mental tal y como lo habían encontrado promovía la desigualdad y el no respeto a los derechos humanos. ¿Por qué a la fecha solo tenemos noticias de los avances que el gobierno macrista ha hecho en torno a la utilización de terrenos pertenecientes al hospital Borda, brutal represión mediante, y no podemos documentar sobre los avances en lo que hace a garantizar el proceso de desinstitucionalización y reinserción social de las personas alojadas allí y en el Hospital Moyano. No nos olvidemos del Moyano porque si bien es cierto que la represión policial tuvo lugar en predios del Borda, la situación continúa siendo grave en ambos neuropsiquiátricos.
Cabría recordarle al Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires que para poder avanzar en el profundo cambio político, cultural, social y económico que involucra cerrar los manicomios hace falta, para comenzar, crear las opciones: servicios comunitarios, casas de medio camino, dispositivos de apoyo para que las personas vuelvan a trabajar… Cabría recordarle que sus palabras se distancian cada vez más de sus actos. Que la brecha entre lo que dice, lo que piensa, lo que hace y los argumentos que presenta se revelan inconsistentes una y otra y otra vez. Qué efectos sociales tiene esta brecha, les pido a ustedes que me ayuden a responderlo.
*Profesional de la salud mental con orientación en el área comunitaria y el campo de los Derechos Humanos. Ex coordinadora del Equipo de Salud Mental del CELS. Docente e investigadora.