El choque de dos formaciones de la línea Sarmiento a la altura de Castelar dejó como saldo 3 muertos y más de 300 heridos. Las semejanzas con la masacre de Once y las declaraciones de Randazzo fueron tema de diálogo con Gregorio Dalbón, abogado querellante en la causa que se abre por la última tragedia ferroviaria.
El jueves pasado el sistema ferroviario volvió a tener víctimas fatales. El choque de dos formaciones de trenes de la línea Sarmiento en la Estación Castelar tuvo por saldo 3 muertos y más de 300 usuarios heridos. Como siempre, las primeras acusaciones apuntaron al escalón más débil de la cadena, esto es, el maquinista. Si bien aún no se ha comprobado en la Justicia con qué responsabilidad específica carga el motorman sobre lo acontecido, hace falta ver un poco más allá del mero accionar del trabajador: al fin y al cabo, es en la entera situación del transporte ferroviario donde hay que buscar las respuestas.
Gregorio Dalbón es uno de los abogados querellantes en la causa por la masacre de Once, sucedida el 22 de febrero del año pasado. En aquel evento, la cifra de los muertos superó el número 50, constituyéndose en un trágico récord para la historia ferroviaria de nuestro país. En dicha causa, Dalbón patrocina a unas 400 víctimas. Luego del nuevo acontecimiento de Castelar, el letrado se presentará como querellante en esta nueva causa que tiene como escenario a la línea Sarmiento y como actores principales a funcionarios públicos junto con empresarios del transporte.
En diálogo con el matutino radial Con el pie izquierdo, Dalbón comenzó apuntando contra los sindicalistas del ferrocarril que defendieron al motorman. Si bien el tren no chocó exclusivamente por su acto, sostuvo que “es mentira que (los motorman) sean personas que no puedan ser culpables”. En alusión a las declaraciones del Ministro del Interior y Transporte Florencio Randazzo luego del hecho trágico, expresó de manera contundente: “Mostró documentación que está prohibida por secreto de sumario”, ya que su fin era “tratar de justificar, en la responsabilidad del motorman, la inoperancia del Estado en la materia del reciclado de estos trenes de cartón en los cuales tanto se afana en hablar”.
Frente a la idea formalizada de que es responsabilidad del Estado brindar seguridad y garantizar un transporte digno para los usuarios que viajan, se contrapone la otra parte de la ecuación: la complicidad estatal y la corrupción empresarial, las cuales han sido el centro de las miradas en las últimas tragedias y accidentes ferroviarios. En este sentido, el letrado prosiguió: “Debería ser más que la Justicia el propio Estado nacional quien, mediante sus funcionarios públicos, se dé cuenta que llevar la gente a la muerte es menos negocio que llevar el tren a destino”.
Respecto de la causa de Once, el debate comenzará antes de fin de año. Sobre la causa de Castelar, Dalbón estableció que se presentarán como querellantes para pedir algún tipo de medida sobre los dichos del Randazzo: “Develar cuestiones que son secretas es un delito prescripto y reprimido por el artículo 157 del Código Penal. Lo que develó son cuestiones de secreto de sumario que debe tratar la Justicia y no el Poder Ejecutivo”.