El domingo 29 de julio se inició el proceso consultivo por el cual los pobladores del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Secure (TIPNIS), esparcidos en 69 comunidades indígenas del oriente boliviano, decidirán sobre la construcción o no del segundo tramo de la carretera que une Villa Tunari, en el departamento de Cochabamba y San Ignacio de Moxos en el Beni.
La consulta no será a través del voto en urnas, sino que se desarrollará con los métodos tradicionales de las comunidades. Durante 27 días se realizarán asambleas en cada una de ellas donde se debatirá y decidirá la intangibilidad de esa región y las vías de su desarrollo. El 6 de septiembre se dará a conocer el informe final, que será el resultado final del cruce de los informes de cada comunidad.
El carácter intangible de ese territorio fue declarado por el gobierno de Evo Morales el año pasado ante la escalada de protestas en contra de la construcción de la carretera, pero si la mayoría de la población decide dar de baja esa característica se podrá continuar con la obra, que unirá dos regiones desconectadas entre sí.
Con dos actos en las poblaciones de Oromomo y San Miguelito se dio el puntapié inicial a este acontecimiento nacional. “En el Estado Plurinacional estamos pasando de la democracia representativa a la democracia participativa y es precisamente este acto que pone en prueba la participación mucho más profunda, la profundización de la democracia, por eso es un hecho importante”, afirmó Vladimir Sánchez, ministro de Obras Públicas al comenzar la jornada.
Sánchez junto al ministro de Medio Ambiente y Agua, Felipe Quispe, son quienes coordinan desde el gobierno la realización de la consulta. Pero se trata de un hecho colectivo, donde todos los actores se involucran en su correcta consecución.
Las autoridades indígenas regionales son el nexo vinculante entre las poblaciones y el Estado; Carlos Fabricano el presidente de la Subcentral Sécure del TIPNIS ha venido trabajando por la realización de este proceso. “Nos sentimos felices porque hemos esperado y luchado por generaciones para decidir. Creo que la hora ha llegando para ejercer nuestros derechos”, expresó Fabricano.
Para coordinar esta consulta, que se desarrolla a lo largo de un extenso territorio, se conformaron 15 brigadas de 6 miembros cada una, con integrantes tanto del gobierno nacional como de autoridades indígenas. Además estarán acompañados por veedores internacionales de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR).
“Lo que les diría es que éste es un proceso histórico, inédito en Sudamérica, por lo tanto se podría decir que se está haciendo historia hoy”, sentenció Pedro Sassone, representante de Venezuela por la UNASUR.
Efectivamente se trata de un mecanismo consultivo muy particular que surgió a partir del conflicto desatado el año pasado, y que aún continúa abierto, a raíz de la oposición de algunos sectores indígenas de la región a la construcción de la carretera. Luego de algunos tropiezos el gobierno de Evo Morales tomó nota de los acontecimientos y supo dar una respuesta superadora a los reclamos.
Sin embargo esto no calmó completamente los ánimos. Si bien 45 de los 63 corregidores (autoridades locales) acordó con el gobierno la realización de la consulta, la minoría restante mantiene su férrea oposición, tanto a la carretera como a la consulta a toda la población del territorio. “Hemos presentado una acción popular para paralizar esta consulta amañada”, declaró Rafael Quispe, un referente indígena, organizador de la IX Marcha del TIPNIS.
Además los opositores anunciaron que presentarán demandas contra el gobierno en tribunales internacionales. Hace rato que la OEA se transformó en el lugar donde, los grupos opositores a los gobiernos progresistas de América Latina, se dirigen al momento de acusar las políticas que consideran un atropello. Pero en esta ocasión la OEA, que escuchó en varias circunstancias sus reclamos, fue justamente convocada por el gobierno de Evo Morales para fiscalizar la consulta, con la esperanza de que con su presencia sus detractores se sientan confiados en el procedimiento.
Y ya que hablamos de oposición…
Este fin de semana se registraron hechos de violencia en la toma y retoma de las instalaciones de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB). El domingo un grupo de indígenas ligados al antigua autoridad de la organización, Adolfo Chávez, ingresaron por la fuerza en la sede ubicada en Santa Cruz de la Sierra, con un saldo de varios heridos. Este lunes la actual dirigencia, encabezada por Melva Hurtado, pudo recuperar las instalaciones.
Chávez fue destituido luego de ser denunciado por irregularidades dentro de la organización. Hurtado fue elegida como presidenta de la CIDOB el 10 de julio durante de una asamblea nacional de las organizaciones afiliadas a la entidad indígena. El grupo que lidera Chávez rechazó esta elección por considerarla amañada por el gobierno, dado que Hurtado apoya la gestión de Evo Morales.
Sin embargo estos hechos no lograron empañar el estreno de un nuevo método de participación democrática que apareció a partir de los mecanismos de resolución de conflictos que están naciendo al calor de la construcción del Estado Plurinacional de Bolivia.