Por Laura Salomé Canteros @laurasalome/ Foto por Nayko Fotos
En Tucumán, Ciudad de Buenos Aires y Paraná el movimiento de mujeres y feminista exigió la excarcelación de la joven condenada por el poder judicial a 8 años de prisión luego de un aborto espontáneo. La demanda se viralizó en las redes sociales y alcanzó la solidaridad internacional.
El estallido social que generó la condena a 8 años de pena privativa de la libertad contra una joven que sufrió un aborto espontáneo en la capital de Tucumán llegó a diferentes ciudades del país de la mano del feminismo organizado. Con rituales conocidos y el colorido acostumbrado, la consigna “Libertad para Belén” fue bandera para hacer oír, una vez más en las calles y ante los palacios, los reclamos de quienes no tienen voz porque han sido encerradas y acalladas.
En San Miguel de Tucumán, al ritmo de una batucada y con intervenciones artísticas, más de un centenar de personas, integrantes del movimiento de mujeres y feminista y de organizaciones sociales y políticas se manifestaron frente a los Tribunales ubicados en Laprida y Sarmiento alrededor del mediodía para acompañar a “Belén” en la que se anunciaba sería la jornada de lectura de los fundamentos de la sentencia que finalmente fueron notificados solo a la acusada.
Entretanto, Soledad Deza, abogada defensora de “Belén” e integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y de Católicas por el Derecho a Decidir, solicitó mediante un escrito al que tuvo acceso Marcha, el inmediato cese de la prisión preventiva y la excarcelación de la joven hasta tanto se confirme la condena.
Los fundamentos del pedido fueron tres, la improcedencia e inconstitucionalidad ya que, la preventiva “es una medida cautelar, no punitiva”; que el Tribunal, integrando por Dante Ibáñez, Néstor Macoritto y Fabián Fradejas no tiene pruebas para condenar a “Belén” por homicidio y nunca las tuvo tampoco para tenerla privada de la libertad, ya que “la investigación contiene graves y serias irregularidades que además de violar el debido proceso, han consolidado un proceso sin garantías” además de haberse manifestado imposibilidades materiales con el hecho imputado; y que existe una maquinaria simbólica al servicio de criminalizar a quien arriba a un hospital con un aborto basada en la falta de perspectiva de género y la “justicia de lxs perejiles”, condenas morales que terminan constituyendo, como en el caso de esta joven, en ejercicios de violencia institucional.
“Mi defendida está presa por ser mujer”, argumentó Deza, “nunca contó con el principio de inocencia de su lado, por el contrario, fue culpable desde que abortó”, “fue identificada como ´homicida´”, “con etiqueta de ´asesina´ tuvo custodia policial desde que despertó de su legrado”, “fue imputada de matar a su hijo por la fiscalía, incluso antes de que estuviera la autopsia confeccionada”, “fue incluso requerida para declarar como imputada, estando internada convaleciente en el Hospital donde yacía con custodia policial en una Sala Comunitaria”.
Y las vulneraciones continuaron, “fue culpable aún para su Defensora Oficial que jamás se atrevió a afirmar que la imputada no había cometido ningún delito”, “estuvo siempre vinculada moralmente a un ´feto encontrado´”, “nunca contó con el principio ´in dubio pro reo´ de su lado”, “no tuvo un Poder Judicial que incorpore una perspectiva de género en la investigación de su causa, por ello, está privada de la libertad desde hace 25 meses”, y “tuvo un Estado que desde todos sus lugares de poder violó sus derechos”.
La condenó el Estado
Convocadas por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y mientras que en Paraná se realizó una actividad de arte callejero exigiendo “ni muertas ni presas por aborto”, frente a los Tribunales del mediodía porteño una pintada sobre una de las calles clamaba “aborto legal ya”. La exigencia de #LibertadParaBelen volvió a ser tendencia en la red social Twitter y trascendió las fronteras para transformarse en una #AlertaFeminista de solidaridad del activismo y el interés de la prensa internacional.
Una vez más, a la salida de los Tribunales de la capital tucumana, y en declaraciones a la Agencia de Prensa Alternativa, Soledad Deza, que “el tribunal no tiene pruebas para condenar a mi defendida por homicidio y nunca las tuvo tampoco para tenerla privada de la libertad”, “´Belén´ fue imputada de ´matar a su hijo´ por la fiscalía, incluso antes de que estuviera la autopsia confeccionada”, sostuvo Deza. “Mi defendida estuvo siempre vinculada moralmente a un ´feto encontrado´ (…) que sin ninguna prueba fue identificado como ´su hijo´”.
Según esta agencia, el informe policial evidencia que el “feto encontrado” fue hallado a las 3 de la mañana del 21 de marzo de 2014 mientras que “Belén” habría ingresado al hospital Avellaneda de San Miguel de Tucumán a las 3.50. No hay acta del hallazgo y la partera habría asumido competencias policiales y violado el secreto profesional. En la historia clínica de “Belén” figuraría “aborto espontáneo incompleto”.
Y entre las frases más fuertes del recurso presentado, Deza sostiene, “el Estado a través de su propio personal de salud (equipo de salud del Hospital Avellaneda), policial (Destacamento Policial del Hospital Avellaneda) y judicial (Fiscalía de Instrucción en lo Penal de la Va Nominación), la devolvió convicta a un penal”. Y continuó, señalando las acciones y omisiones delictivas que no son precisamente de la acusada por la corporación judicial, “¿Qué mala praxis estarán tratando de cubrir usando el cuadro clínico de una paciente que aborta? ¿Qué otros abusos de poder ejercerán sobre sus pacientes solamente porque tienen el poder de hacerlo? ¿Por qué el Poder Judicial los deja hacer?”.
La punición, el castigo legal que condena por mujer, joven y pobre, generó un estallido social que el feminismo organizado enseguida transformó en historia y bandera. Pero como todos, nuestros cantos hacen huella y rompen encierros. El de “Belén” no parece ser un caso más, el absurdo de su sentencia llegó a sensibilizar a personas y sectores que hasta hace no mucho no exigían públicamente una de las demandas de mayor consenso del movimiento de mujeres: el aborto legal.
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