Por Victoria Disatnik* desde Tucumán / Foto por Laura Salomé Canteros
“Belén” sufrió un aborto espontáneo, fue a atenderse y fue detenida en el hospital durante su internación. Desde hace más de dos años no vuelve a su casa, está privada de su libertad y fue condenada a una pena de 8 años más. Mañana se leerán los fundamentos de la sentencia que culpa a la joven por “homicidio doblemente agravado por el vínculo y alevosía”.
Hace pocos días nos despertamos con la noticia de que “Belén”, una joven de 27 años, detenida hace dos años, sin que trascienda su detención, fue condenada a 8 años de prisión. No tuvo una atención digna, fue maltratada, denunciada, hostigada y torturada. Su médico violó la confidencialidad médico paciente, trasgrediendo el secreto profesional, la denunció y fue detenida apenas se recuperó en el hospital Avellaneda de San Miguel de Tucumán.
La historia de “Belén” es la historia de miles de mujeres estigmatizadas en nuestro país que cuando llegan al hospital público con un aborto en curso son agraviadas y humilladas. La violencia institucional, la violencia obstétrica han sido las prácticas ejercidas en los hospitales públicos para atender a las mujeres que concurren buscando atención médica, derecho humano fundamental que debe ser garantizado por el Estado.
La condena a “Belén” está plagada de irregularidades, el feto que fue encontrado en el baño es de 32 semanas y su médico afirma en la historia clínica que el embarazo de Belén era de 22 semanas, no se realiza un ADN por lo que no se comprueba en el juicio que ese feto fuera de ella. No hay en el expediente ninguna prueba que comprometa a la joven, sin embargo los efectores de salud, luego la policía, que ingresa a revisarla, se ensañan con ella. Los jueces la condenan por “homicidio doblemente agravado por el vínculo y alevosía” a pesar de no poder probar que el feto encontrado en un baño a 100 metros de la guardia mayor donde fue atendida, fuera de Belén.
“Han conectado abortante y feto encontrado y han dictaminado un homicidio, pero no hay un ADN en toda la causa. No hay ninguna prueba que la vincule”, explica Soledad Deza, integrante de Católicas por el Derecho a Decidir, reciente abogada de “Belén”.
Hace pocos días fueron condenados cinco policías culpables del asesinato de Ismael Lucena, víctima de gatillo fácil, ocurrido hace 4 años. Estos policías estuvieron libres hasta el día de su condena, caminaban por la calle amenazando a los testigos y a su familia sin que ningún juez (dos de ellos son los mismos que condenaron a “Belén”) los detuviera.
Sin embargo “Belén” fue detenida en el hospital durante su internación y nunca más volvió a su casa. Así funciona el poder judicial, desprotegiendo los derechos de esta joven y protegiendo a asesinos policías.
El caso de Belén devela la tragedia de miles de mujeres que no tienen acceso a un sistema de salud que las proteja y las acusa impunemente en lugar de ayudar a su bienestar. Nuestra provincia es la única del país que nunca adhirió a la Ley Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, a pesar de las múltiples exigencias del Movimiento de Mujeres.
Y esto es sólo una muestra de las políticas que se aplican que llevan a la muerte –o a la cárcel- a las mujeres pobres. Por eso la exigencia al Ministerio de Salud de la provincia para que garantice el fin de las persecuciones de mujeres que llegan con un aborto en curso, incluyendo las delaciones por parte del personal de salud y el pleno respeto a la confidencialidad de la información por parte de las y los médicos y el resto del equipo de salud.
Por eso, desde todos los sectores del movimiento de mujeres y feministas populares del país se exigirá mañana y estaremos en pie de lucha, hasta lograr la nulidad de su sentencia y la libertad para “Belén”.
*Integrante de la Casa de las Mujeres Norma Nassif