Por Agustin Bontempo. El pasado viernes se llevó a cabo una conferencia frente a la sede porteña de la provincia de Santa Cruz, exigiendo la libertad de cinco trabajadores estatales de ATE. Causas y consecuencias de una situación de alcance nacional.
Como parte de la campaña nacional por la liberación de los cinco trabajadores estatales de ATE que resultaron presos en el 2013 mediante una jornada de protesta social, el viernes 12 se realizó una conferencia de prensa frente a la Casa de la Provincia de Santa Cruz en la Ciudad de Buenos Aires. La convocatoria fue impulsada por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia y contó con la adhesión de diferentes organizaciones sociales y políticas.
“Están pasando casos en el país que si no repercuten en Buenos Aires parece que no tienen trascendencia”. Con esta frase el viernes pasado abría la entrevista otorgada a FM Che Barracas (99.7), Carlos Lordkipanise, integrante de la Asociación de Detenidos y Desaparecidos (ADD) y del Encuentro Memoria Verdad y Justicia. Se refirió a la denuncia por la detención de los trabajadores estatales detenidos en Santa Cruz en octubre de 2013.
Hace varias semanas venimos resaltando que la conflictividad laboral se viene acentuando y tiene un carácter nacional, pero que muchas veces queda opacada ante las diferentes problemáticas que transcurren en el área metropolitana de Buenos Aires. Y este es un claro ejemplo de eso.
En octubre del año pasado, luego de diversas reuniones durante las negociaciones paritarias sin acuerdo, se produjo una protesta y movilización a la gobernación de la provincia de Santa Cruz, en la cual fueron encarcelados cuatro trabajadores y una trabajadora que pertenecen a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
El reclamo fue duramente reprimido. En ese mismo momento, dentro de la gobernación se producía un incendio de características reducidas en el cual “llamativamente no intervienen los bomberos y una serie de circunstancias que hacen que la detención de estas personas sea totalmente azarosa”, destaca Lordkipanise. A partir de ese momento, fueron llevados detenidos Ernesto Apendino, Diego Reyes, Juan José Vera, Alberto Arteaga y Patricia Benitez.
El vocero de ADD agregó que “la situación es lastimosa porque los tienen en comisarías. Y a todos separados”. La situación se agrava porque no sólo consiste en un hecho más de represión de la lucha de los trabajadores con el grave saldo de la detención. Sino que además, no cumplen con las condiciones básicas ya que permanecen en calabozos, donde los derechos esenciales para personas en esta situación, escasean. Además mantenerlos en lugares separados es una estrategia de debilitamiento por no saber qué pasa con los demás ni en qué condiciones están.
Según Lordkipanise, “tenemos estas situaciones que desde el punto de vista jurídico son aberrantes pero que son, en definitiva, contradictorias con lo que supuestamente tendría que ser un gobierno defensor de los DD.HH o que se proclama defensor”. El panorama actual se agrava con los casos de represión de la gendarmería a los trabajadores y trabajadoras de Lear o los espías infiltrados en los movimientos sociales, los desalojos a las personas que no tienen garantizada su vivienda digna, sólo por mencionar los más recientes.
La causa cayó en manos de la jueza López Leston, de orientación kirchnerista, y que según Lorkipanise “los toma (a los detenidos) como un punto ejemplificador. Acá el que protesta queda adentro”. Es decir que ante las dificultades que la clase obrera tiene para acceder a la salud, a la educación y a recibir un salario digno, el mensaje es un gobierno aleccionador.
Una política aleccionadora
En esta línea, el 18 de julio pasado se presentó un pedido de excarcelación para los detenidos a los jueces del Tribunal Oral de la Primera Circunscripción. El mismo fue negado por la jueza López Leston durante toda la investigación. Al momento este pedido sigue sin resolverse.
Todo esto no hace más que poner a la luz de todos la inclinación que vienen tomando en los últimos años tanto el gobierno nacional como los diferentes gobiernos provinciales, ya que si bien la criminalización y represión de la protesta existía extraoficialmente, ahora se transforma en plataforma política de cara al 2015. En Santa Cruz ya está la nefasta condena a los petroleros de Las Heras mientras se absolvieron sin más a las patotas de la UOCRA que en el año 2011 golpearon duramente a docentes durante una manifestación. “Es el desarrollo o implementación de la Ley Antiterrorista, donde como resultado y consecuencia de estas luchas hay cinco mil procesados por luchar. Es un abandono absoluto de la política de DD.HH que fue bandera durante más de 30 años de lucha”, lamenta Lorkipanise.
El último dato interesante que destaca el vocero de la ADD es el rol de los organismos de DD.HH alineados al oficialismo. Si bien estos espacios cuentan con el reconocimiento por sus años de lucha, no los exime de algunos casos de inacción como este. “Con la sola intervención de una situación por el estilo, hubieran logrado la inmediata libertad de los compañeros y sin embargo no hay ni siquiera una mención del hecho”, afirmó.
Nuevamente, la crisis financiera, política y social, recae sobre la clase trabajadora. De cara a los próximos meses la conflictividad social irá tomando mayor protagonismo a medida que se pronuncien los ajustes. También será una oportunidad para demostrar la capacidad de la clase trabajadora de unificar fuerzas.