¿Cómo pueden dormir tranquilos?
El martes 12 de noviembre, el Tribunal de la Cámara del Crimen de Charata, Chaco, bajo la Presidencia de Juan Carlos Clauter, integrado por las vocales de segundo y tercer voto, Andrea Fabiana Sánchez y Patricia Lorena Cimbaro Canella, decidió la absolución de los policías Alexis Jesús Fleitas Noguera, Enzo Matías Gómez, Franco Daniel Sosa, Carlos Agustín Diaz, quienes persiguieron, hostigaron, torturaron y mataron a Leandro Bravo, el 26 de Febrero del 2022.
Por Claudia Korol* | Fotos del juicio: Pablo Capra
Al momento del crimen, Leandro Bravo, de 37 años, estaba por recibirse de abogado. Tenía dos hijos pequeños, Santi e Isa. Santi, que hoy tiene 16 años -tenía 14 entonces-, estuvo atento a la sentencia, y luego escribió en sus redes: “Hoy, en el día de la sentencia, me siento profundamente indignado y decepcionado. Todo el juicio fue una mentira, una vergüenza, que nos dejó con un sabor amargo en la boca. A pesar de la evidencia contundente presentada, resulta incomprensible que no se haya podido acusar a los cuatro asesinos de mi papá.
Es una injusticia que duele profundamente y me llena de bronca. ¿Cómo es posible que la justicia no haya sido justa? ¿Cómo pueden dormir tranquilos sabiendo que han fallado a mi familia y a la memoria de mi papá? Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a mis tías, abuelos, y a la gente de Pañuelos en Rebeldía, que han estado siempre junto a mi familia, luchando incansablemente por la justicia. Su apoyo y solidaridad han sido un sostén para nuestras heridas.
Aunque hoy nos duele, no nos rendiremos. Seguiremos luchando por la verdad y la justicia. A los responsables de esta injusticia, les digo que no pueden silenciarnos. No pueden hacer que olvidemos. La memoria de mi papá vive en nosotros y seguirá siendo un faro que guíe nuestra lucha por la verdad. Estoy orgulloso de mi familia y de todos aquellos que han luchado junto a nosotros. Juntos, seguiremos adelante, sin perder la fe en la justicia y en la humanidad.” Estas palabras contundentes, expresan con claridad el descrédito que va ganando la mal llamada justicia, frente a la juventud y a un pueblo que carece de ella. Nos muestra de qué modo aprenden los jóvenes a no creer en la “justicia”, en estos tiempos en los que los tribunales se han vuelto cuevas de crueldad, de mentira, de apañe al poder.
Florencia Sánchez, una de las hermanas de Leandro Bravo, decía luego de la sentencia a los medios de comunicación locales: “Siento muchísimo dolor y muchísima impotencia, porque lo que acá ocurrió fue que asesinaron a una persona, y eso parece no ser relevante para este tribunal, que hizo un recorte totalmente parcializado de las pruebas que constaban dentro de la causa. La ciudadanía tanto como ustedes, no tuvieron la posibilidad de acceder a las pruebas testimoniales, pero nosotros como familia sí. Hay filmaciones de las audiencias, que deberían ser públicas, para que la gente sepa lo que verdaderamente ocurrió.”
En la sentencia, se tergiversa en muchos tramos lo que se dijo en los testimonios. Continúa Florencia: “Betty es una vecina que se acercó amablemente a nosotras, la familia, para contarnos que Leandro le fue a pedir ayuda, que ella salió a socorrerlo, y le ofreció agua. En la sentencia dieron otra versión. Dicen que Betty le tenía miedo y que fue ella quien llamó a la policía. Eso es totalmente falso, no es real, es la versión policial. Fue dicho por la propia testigo en una de las audiencias. Es más, en la sentencia se dice que la familia de Leandro Bravo, posiblemente haya persuadido a la testigo para que revierta su primera denuncia. Cuando la policía la fue a buscar para que denunciara a Leandro, le hicieron firmar una denuncia redactada por el oficial Fleitas, y ella dijo en la audiencia que la firmó porque tuvo miedo.”
Además de estar plagada de tergiversaciones, en la sentencia también hay una descalificación permanente tanto a Leandro como a su familia, a la que estigmatizaron diciendo que habían “abandonado a su hijo y hermano, porque él “estaba drogado, alcoholizado, viviendo en situación de indigencia”. Preguntada por los periodistas locales Florencia respondió: “En este pueblo todos sabían que Leandro estaba en una situación de consumo problemático. Como familia hemos tratado de acompañarlo durante años como pudimos, como supimos, con las herramientas que teníamos y con las que no. Porque el sistema de salud no está preparado para acompañar, cuidar y proteger a quienes están en situación de consumo. Leandro durante cinco años luchó con este flagelo, entró y salió de rehabilitación muchísimas veces. Pero … ¿abandonado por la familia? Eso no es verdad.
El día del asesinato Leandro llamó a sus hermanas, nos pidió ayuda, tenía miedo de la policía que lo estaba siguiendo. Cinco años atrás él había sido detenido y golpeado brutalmente por la policía, y quedó con mucho pánico después de esa situación. Pero no se trata solamente de Leandro. Hay muchos pibes en Charata que fueron golpeados y torturados por la policía. Hay también muchos chicos afectados por situaciones de consumo problemático. Yo trabajo en la salud pública. Hay un montón de pibes que llegan en este tipo de situaciones, y el sistema de salud no responde. Muchos pibes llegan golpeados por la policía, en el contexto de detenciones legales, cuando se supone que dentro de un procedimiento, si una persona está cometiendo un delito, hay que detenerlo pero siempre con dignidad. Hay que respetar la condición humana. A Leandro lo golpearon, lo torturaron, lo quemaron, lo asfixiaron, y lo llevaron muerto a un hospital”.
La sentencia parece dirigida a condenar a Leandro Bravo y a su familia, y no a los policías que lo mataron. Por eso se encargó también de estigmatizar los testimonios de las y los testigos, e incluso de las profesionales altamente calificadas que hicieron la segunda autopsia, como las doctoras Gabriela Lamparelli y Virginia Creimer. En otro hecho de arbitrariedad manifiesta, el Tribunal desestimó el informe de esta última. Es un tribunal que avala la violencia institucional, y da licencia para matar a los pibes.
Una fiscal a medida de la impunidad
Una parte de la sentencia se construyó a partir del alegato de la fiscal de Cámara Silvana Rinaldis, quien en lugar de acusar, como debería haber sido su rol, pidió la absolución de los policías. Nora Nieto, mamá de Leandro, expresó al finalizar la audiencia en la que se presentaron los alegatos: “Con respecto a la fiscal Rinaldis, que era la encargada de acusar en el juicio por mi hijo, ella no acusó, sino que hizo un alegato en favor de los imputados. Al principio la posición que ella tomó nos sorprendió, dado que en otras oportunidades la defensa había solicitado que le den la libertad a los imputados y ella con mucho énfasis sostuvo esa prisión preventiva, diciendo que eran peligrosos por su comportamiento, y además porque se podían fugar. Nos sorprendió, pero hay que tener en cuenta que esta fiscal ya en dos oportunidades anteriores dejó libres a imputados: en una oportunidad por una violación a una niña”.
La legitimación de la tortura policial
Roberto Sotelo, uno de los abogados querellantes, es coordinador del Área de Asuntos Jurídicos del Comité para la Prevención de la Tortura. En Conferencia de Prensa afirmó al terminar el juicio: “Esto fue un circo, que denota que aquí en Charata reina la impunidad frente a la violencia institucional, a la brutalidad policial. Esta sentencia es incongruente, arbitraria, discriminatoria, porque en todo momento se lo juzgó a Leandro Bravo, no a los cuatro policías que estaban acusados por el delito de tortura seguida de muerte. Creo que refleja un clima de época. No es casualidad de que el presidente sea Javier Milei, que el gobernador sea Zdero, y que el jefe de la policía sea Fernando Romero, quien fue a visitar a los acusados a la comisaría donde se encontraban detenidos, afirmando que eran inocentes”.
Para Sotelo, se trata de una sentencia aberrante por varios motivos y remarcó los que más le preocupan: “La construcción de la “mala víctima” respecto a Leandro, porque es algo que le queda cómodo al Poder Judicial. Plantear que Leandro consumía, o que presuntamente robaba, cuando varias veces durante las audiencias insistimos en que no se estaba investigando la vida de la víctima, porque no se está juzgando a las víctimas sino a los imputados. Por otro lado, la falta de perspectiva en relación a la situación de la familia, atentando contra la ley de derecho y garantía de víctimas y familiares de los delitos, que establece que justamente las víctimas de violencia institucional se encuentran en situaciones de extrema vulnerabilidad. Me preocupa la criminalización de las testigos, tratarlas de mentirosas, y que esto podría conllevar algún tipo de consecuencia jurídica. Es un precedente nefasto, que afectaría en causas futuras contra el personal policial o inclusive el personal penitenciario. Leandro Bravo fue muerto a manos de la policía, fue torturado, entonces este crimen necesita obtener un juicio y una reparación que responda a la realidad de los hechos, de las pruebas”.
El racismo criminal
Cesar Luis Collado, abogado defensor de dos de los policías imputados, Franco Daniel Sosa y Carlos Agustín Díaz, dio muestras en sus declaraciones públicas del racismo visceral y criminal que lo mueve. Decía a los medios de prensa, refiriéndose a la testigo Romina Aguirre: “El falso testimonio va a tener que ser investigado, una vez que quede firme la sentencia. Corresponde a la señora Romina Aguirre, que es como la mapuche del caso Santiago Maldonado, que con los binoculares vio lo que nadie vio. Ella vio que había sangre, patadas en la cabeza, en el cuerpo, pero los videos muestran lo contrario. Es una gran mentirosa que fue presionada por la familia.”
¿La mapuche del caso Santiago Maldonado? La comparación discriminadora y racista habla por sí sola. Abogado de la policía, construyendo relatos para justificar el salvataje de sus defendidos, y amenazando a quienes dan testimonio. Este tipo de declaraciones, sobre las testigos, sobre las profesionales que actuaron en el caso, alientan las intimidaciones y amenazas que vienen soportando, en redes, y en algunos casos, de manera directa en sus domicilios.
Romina Duarte, abogada del Comité para la Prevención de la Tortura, agregó al análisis: “Llama la atención la cantidad de veces que la sentencia le falta terriblemente el respeto a la víctima. Si los testigos se vinculan con la víctima y testimonian a favor de la víctima los criminalizan. Es grave porque justamente genera miedo en quien ya es testigo y en quien podría ser testigo de otra causa. Un dato no menor es que la familia y las testigos son mujeres todas. Ese dato hay que tenerlo en cuenta, porque ya lo hemos visto en las audiencias de prisión preventiva, por ejemplo, donde los abogados defensores atacaban a las testigos por ser mujeres.
La familia, las hermanas, y la mamá, están siendo atacadas todo el tiempo a través de las redes sociales y en las propias audiencias. Eso es bastante llamativo y muy grave. Cuando la doctora Lamparelli quería explicar, en las audiencias del juicio, el juez la frenaba, cuando a todos los hombres que fueron a declarar los dejaba expresarse, y que hablen dos tres horas. Hemos asistido a otra jornada donde se torturó a Leandro Bravo. Se lo torturó el 26 de febrero del 2020, y se lo torturó el 12 de noviembre del 2024.”
Negación de la tortura como práctica policial
Uno de los temas que se puso en discusión en la sentencia fue el concepto mismo de tortura. Respecto a este tema explicó el abogado Roberto Sotelo: “Claramente lo que intenta hacer este fallo es no reconocer la existencia del delito de tortura en época de democracia. Pero la realidad es que se tortura en democracia, a la luz del día, en aparente legalidad. El caso de Leandro Bravo fue una prueba concreta y material de que esto ocurre. No es menor la responsabilidad funcional de las fuerzas de seguridad y de la justicia que actúa en complicidad: la policía tortura y la justicia avala.
El Comité para la prevención de la tortura, durante los alegatos, ha planteado cómo se aplicaba la modalidad de torturas en el cuerpo de Leandro Bravo. Para que se requiera tortura la ley exige que existan sufrimientos físicos y psíquicos que tengan gravedad suficiente. Tenemos en cuenta la multiplicidad de lesiones que tenía el cuerpo de Leandro Bravo, donde claramente se ha visto en los vídeos que durante la persecución su cuerpo estaba totalmente indemne, inalterable, y llega 40 minutos después al hospital sin vida y con múltiples lesiones.
Si no es tortura el hecho de contar con quemaduras de tercer grado, si no es tortura la multiplicidad de lesiones en diferentes partes de su cuerpo, si no es tortura las maniobras de sofocación de asfixia mecánica por comprensión de la caja toráxica. Una asfixia intermitente es tortura. Es una maniobra muy conocida y utilizada por las fuerzas de seguridad durante la época de la dictadura que es la práctica del submarino. A través de esta técnica se provoca el sufrimiento de la víctima por la sensación inminente de muerte. Si no es tortura, teniendo en cuenta la fase psicológica del hostigamiento y la persecución a la que Leandro Bravo fue sometido obligándolo a correr”.
La lucha por la justicia continúa ahora con la apelación en otros ámbitos judiciales, nacionales e internacionales, pero sobre todo en los esfuerzos para que sea conocido el crimen, y para que la sociedad, los movimientos populares, sepan lo que sucedió, y construyan frente a la cruel policía, y a la justicia maloliente, una profunda y sistemática condena social. Leandro Bravo lo merece, y lo necesitan los pibes y pibas de Charata, y quienes en cualquier rincón del país, viven bajo la amenaza del hostigamiento y la represión policial.
* Educadora y comunicadora popular, integrante del Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía.