El Poder Ejecutivo Nacional convocó a sesiones extraordinarias del Congreso Nacional. En consecuencia la actividad legislativa continuará este año hasta el 30 de diciembre. Con el recambio y la mayoría propia el oficialismo espera sancionar una vasta cantidad de proyectos de ley.
Atrás quedaron los dos años en los que el kirchnerismo se encontraba a la defensiva frente al avance del variopinto conglomerado opositor que dio en llamarse Grupo A. Mucho más atrás quedaron las ilusiones de ese espacio conformado por radicales, peronistas federales, legisladores Pro, de la Coalición Cívica, centroizquierdistas opositores y otros especímenes de la vida política nacional. Tan sólo unidos por el espanto, aunque fogoneados por el aparato mediático de la “Corpo”, no lograron generar un liderazgo opositor en condiciones de enfrentarse a la presidenta y acabaron cayendo en el descrédito y la impotencia política. En cambio, el apoyo contundente que recibió Cristina en las elecciones se tradujo también en apoyo a sus listas de legisladores y le permitió recuperar mayoría en ambas cámaras.
En efecto el bloque de diputados del Frente para la Victoria (FPV) junto con sus aliados alcanza el número de 134 bancas, superando así el quórum que es de 129. La UCR quedará con un bloque de 41 legisladores ubicada como segunda fuerza, mientras que el Peronismo Federal contará 22 porotos en las votaciones y el Frente Amplio Progresista 22. Finalmente el Pro suma 11 diputados y la Coalición Cívica sólo 7. El número final de 257 se completa con una serie de bloques unipersonales.
En la Cámara de Senadores el panorama es similar. De un total de 72 legisladores, el FPV cuenta con 38 manos alzadas, sumando a sus aliados. Es decir que supera por dos senadores el quórum propio. La bancada boina blanca contiene 17 senadores, por lo que también allí es segunda fuerza, en tanto que el Peronismo Federal cuenta con 10 bancas, el Frente Amplio Progresista con 4 y 3 monobloques completan el panorama.
Todo lo cual lleva a pensar que habrá una mayor iniciativa legislativa por parte del kirchnerismo. A continuación las principales leyes que espera aprobar en diciembre.
En primer lugar el Presupuesto de la Administración Nacional para el 2012, que hace un año el grupo A impidió aprobar obligando al oficialismo a gobernar un año sin esa herramienta. Este año todo indica que las cosas serán diferentes, no sólo por el cambio en la relación de fuerzas al interior del Congreso sino también porque sectores opositores se plantearon una modificación de su forma de hacer oposición tras la derrota en las elecciones.
En segundo lugar, y por pedido expreso de la presidenta los legisladores se aprestan a sancionar la llamada Ley de tierras, que regula la propiedad de la tierra con la intención de proteger a los capitales nacionales y fue planificada por el ejecutivo junto con dirigentes de la Federación Agraria Argentina. Al respecto se puede ver la nota aparte en Marcha. En su discurso de asunción Cristina también reclamó a los legisladores la modificación de la Ley Penal Tributaria para los delitos de evasión fiscal, quienes rápidamente la complacieron buscando fortalecer la recaudación fiscal en un contexto de zozobra que vive la economía internacional.
En tercer lugar se encuentra un paquete de leyes de tipo fiscal donde se destacan la prórroga de la ley de Emergencia Económica, sancionada en enero de 2002 pero mantenida en estos diez años por las facultades que otorga al poder ejecutivo, de los impuestos a los cigarrillos, al cheque y a la importación y exportación de hidrocarburos. Además el kirchnerismo propone modificar al artículo 23 de la ley del Impuesto a las Ganancias, permitiendo al gobierno poder modificar el mínimo no imponible del impuesto sin pasar por el Congreso. Este tema es sensible dado que algunos sectores de la clase trabajadora como los petroleros, los bancarios o los camioneros habitualmente pagan ganancias por su salario, viendo licuados los aumentos que logran a partir de la acción de sus gremios. La CGT hace de este punto uno de sus permanentes reclamos al poder ejecutivo, por lo que en momentos de fricciones en la relación entre la dirigencia gremial y la presidencia de la Nación es esperable tener novedades al respecto antes de fin de año.
En cuarto lugar se encuentra uno de los proyectos más cuestionados por organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos. Aceptando las presiones del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el blanqueo de capitales (GAFI), organismo financiero que promueve el combate al lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo, el gobierno argentino se apresta a modificar el Código Penal de la Nación. En un petitorio impulsado entre otros por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS), las organizaciones firmantes declaran que “el proyecto incorporaría al Código Penal una nueva agravante para cualquier delito que fuera cometido con la finalidad de generar terror en la población o de obligar a un gobierno a adoptar o abstenerse de tomar determinada decisión. El hecho de utilizar conceptos tan abiertos e imprecisos hacen posible la aplicación de estos agravantes a la gama de figuras penales típicamente utilizadas para la criminalización de la protesta social: en la persecución de resistencias a desalojos, cortes de vías de circulación o simples actos de protesta en el espacio público.”
El oficialismo también se propone modificar el Régimen de Trabajo Agrario vigente desde la Dictadura, aunque Gerónimo Venegas, líder gremial de los trabajadores rurales, no apoya el proyecto oficial y tiene el suyo propio.
Finalmente el FPV presentó un proyecto de ley por el cual se declara de interés público la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y de papel para diarios. Rápidamente el grupo Clarín, casualmente dueño junto con La Nación de la mayoría accionaria de Papel Prensa S.A., rechazó el proyecto de ley y denunció una nueva cruzada contra “la libertad de expresión”.