Por Luis Ernesto Campos*. Por primera vez a lo largo de la última década una gran cantidad de organizaciones sindicales han convocado a una huelga general. Es necesario preguntarse cómo hemos llegado hasta aquí.
La participación de los trabajadores fue decisiva en la resolución final de la crisis del régimen de convertibilidad, y a diferencia de las décadas previas, el sistema político solo pudo relegitimarse a partir de reconocer, e impulsar, numerosas reivindicaciones provenientes de los sectores populares. La política de derechos humanos, el fortalecimiento de los vínculos con los países de la región, la eliminación de las AFJP, la asignación universal por hijo, la ley de medios audiovisuales, la ley de matrimonio igualitario. Todas ellas fueron medidas que estuvieron sustentadas en años, en décadas, de lucha de las organizaciones del campo popular.
Paralelamente, en los primeros años de la post convertibilidad el salario real de los trabajadores experimentó una fuerte recuperación, a partir de los mínimos históricos en los que se encontraba en el año 2002. Todo ello, en gran medida, sustentado en un incremento sostenido de la acción y organización sindical.
Sin embargo, este proceso comenzó a experimentar tensiones crecientes a partir del año 2007, principalmente como consecuencia de la reaparición de la inflación, en primer lugar, y durante el año siguiente con motivo del conflicto de las patronales agropecuarias.
Estos dos hitos constituyen momentos fundantes de la etapa actual. Por un lado, en un contexto de una gran concentración y extranjerización de la economía local, las empresas recurren a constantes aumentos de precios para recomponer sus niveles de ganancia, impidiendo de esta manera que los salarios de los trabajadores se incrementen sustancialmente; por el otro, se ha abierto una creciente disputa política entre las distintas fracciones de la burguesía y el Gobierno Nacional, donde aquellas no han logrado articular, hasta hoy, una representación política que les permita presentar una alternativa que sustituya al kirchnerismo.
En este marco, el Gobierno Nacional no ha optado por enfrentar estos desafíos recostándose en el movimiento obrero, y más bien ha implementado medidas que lo fuerzan a profundizar las acciones de protesta. A lo largo de este año se convalidó el sistema de riesgos del trabajo, donde las ART continúan lucrando con las enfermedades y accidentes de los trabajadores, se licuó el monto de las asignaciones familiares de miles de trabajadores, otros tantos comenzaron a pagar el impuesto a las ganancias a pesar de tener ingresos que apenas les permiten subsistir dignamente. Peor aún, en muchos casos la respuesta a las protestas sindicales fue la criminalización de trabajadores, en muchos casos corporizada por funcionarios de primera línea del Gobierno Nacional. Basta recordar la detención en Campo de Mayo de manifestantes que reclamaban por irregularidades en el plan de cooperativas de trabajo.
En cierta medida, el mensaje parece ser que, en términos económicos, ya se ha recuperado todo lo que era posible, y que los trabajadores deben conformarse con lo que hoy tienen. Sin embargo, ello implicaría consolidar un sistema donde los sectores más concentrados de la economía, justamente aquellos que intentan cuestionar políticamente al Gobierno Nacional, siguen siendo los principales beneficiarios del “modelo”.
La huelga general del 20 de noviembre debe ir en dirección de cuestionar este estado de cosas. En efecto, la huelga general le habrá hecho un flaco favor a los intereses de los trabajadores si sus efectos se limitan al campo de la lucha política, y si en dicho espacio terminan articulándose con distintas fracciones de la burguesía que hace menos de dos semanas mostraron una capacidad de movilización para nada despreciable.
Por el contrario, la huelga general habrá sido exitosa si contribuye a modificar la relación de fuerzas sociales en favor de los trabajadores, cuestionando el poder de los empresarios en los lugares de trabajo, fortaleciendo la organización sindical, y forzando al gobierno nacional a dar un salto cualitativo que incluya un avance estatal sobre la propiedad privada de los medios de producción.
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* Observatorio del Derecho Social de la CTA.