Por Francisco J. Cantamutto. El Gobierno nacional está al mismo tiempo protagonizando una caza de evasores que fugan capitales y tratando de tentar a los capitales para que financien su épica de pago a los buitres. ¿Patria o buitres?, pagan los trabajadores.
Se acerca el fin de año y las noticias sobre el cierre de las cuentas públicas se cruza con el escándalo de las cuentas no declaradas del HSBC en Suiza.
Por el lado de las cuentas fiscales, el aumento de la recaudación en retenciones y ganancias no alcanza a compensar el menor dinamismo del IVA, lo que señala las dificultades para sostener el crecimiento del producto. Esto representa un severo problema, en el marco de crecientes necesidades de gasto. Contra el discurso desinformado que supone que las políticas sociales del gobierno son la fuente central de erogación, son los pagos al capital el centro del problema. Pro.Cre.Ar, Progresar, Pro.Cre.Auto, Ahora 12, o incluso los planes de mayor envergadura, como la AUH o el Argentina Trabaja, no llegan a significar más que una fracción del gasto que se destina a “compensar” a las fracciones del capital relegadas durante el kirchnerismo.
Desde el 2002 a esta parte, cuando se articuló el esquema de tipo de cambio real alto para subsidiar la tasa de ganancia del capital industrial exportador, los sucesivos gobiernos han articulado un sistema de compensaciones, donde las fracciones del capital desplazadas (el capital financiero extranjero y las privatizadas) reciben magníficas sumas de dinero para aceptar el esquema regulatorio. El sector agrario, aún con retenciones, ha incrementado sus ganancias de una forma extraordinaria. La gran perdedora en esta ingente masa de recursos generados ha sido la clase trabajadora, que ha recibido infinidad de planes y programas que contengan parcialmente sus necesidades para evitar un programa redistributivo serio: uno que afecte al capital.
El visible sesgo del discurso y accionar kirchnerista (que prepara su relevo por la derecha interna, de la mano de Daniel Scioli y Sergio Berni) contra las protestas populares, no exige mayor análisis: los límites del modelo agotan las posibilidades de malabares discursivos.
La torta con menos tajadas
Las cuentas públicas son una gran radiografía de cuál es el reparto de “la torta”, y por eso, explican las intenciones políticas del gobierno. En este momento, se busca una fuga hacia adelante que permita llegar a las elecciones sin un conflicto mayor. Por eso, se buscan fuentes de fondos a como dé lugar. Un frente en el que se viene trabajando desde hace años es captar crédito a través de la política de endeudamiento (como hemos explicado, no hay ningún des-endeudamiento), que se topó con la avaricia de MNL Capital. Ahora, sin embargo, apareció otra opción, que es la lucha contra cierta evasión: la fuga de capitales.
Hay muchas formas de fugar capitales, casi todas asociadas a la desregulación del sistema financiero y de la cuenta capital del balance de pagos. Es decir, son un producto más del neoliberalismo. La operatoria que se destapó en estas semanas es la constitución de cuentas en paraísos fiscales (especialmente, en Suiza) para enviar fondos que no paguen impuestos. Se trata de un servicio prestado por diversas “cuevas” financieras, y en este caso, por bancos de talla internacional como el HSBC.
Para una pequeña porción de ricos, existe la posibilidad de adquirir moneda extranjera sin declararlo, y llevarla al exterior, atesorando recursos de dudosa legalidad. Es decir, se trata de delitos de evasión y, posiblemente, lavado de dinero. En tales sentidos, es que avanzan Ricardo Echegaray desde la AFIP, José Sbatella desde la Unidad de Información Financiera, y Roberto Feletti desde el Congreso Nacional. En este último caso, se mencionó la posibilidad de revisar la legislación pertinente.
La fuente de esta cruzada fue la filtración del ex empleado del HSBC, Hervé Falciani, quien aportó a las autoridades francesas datos sobre 130 mil cuentas de dudosa procedencia. Entre ellas, estaban las cuentas de 4.040 individuos y sociedades de Argentina, que poseen más de 3 mil millones de dólares. Entre otros, aparece el Grupo Clarín, Cablevisión, Multicanal, Deutsche Bank, Edesur, Loma Negra, Bridas y Mastellone. Hay una verdadera caterva de abogados, contadores y asesores involucrados en esta gigantesca operación ilegal. La información disponible, sin embargo, sólo provee datos entre 2004 y 2006, faltando determinar qué ocurrió de ahí a la fecha.
La cooperación entre agencias de diversos países (España, Francia, Estados Unidos) está permitiendo que los datos afloren. Para el caso argentino, hace tiempo se ha determinado la asociación entre fuga de capitales y el endeudamiento público (con aportes de investigadores de la talla de Azpiazu, Basualdo, Gaggero o Schorr, entre otros), lo que significa que para que estos sujetos guarden recursos en bancos suizos, el pueblo trabajador tiene que pagar una deuda que no contrajo.
La enorme ventaja de correr contra estos evasores es que son de difícil defensa, y significan claramente una posibilidad de mejorar la recaudación y el ingreso de dólares. Lo que resulta llamativo es que en medio de esta súbita cruzada contra los acaparadores de recursos, el gobierno logró que la ley de blanqueo de capitales se renueve por quinta vez. La ley 26.860, aprobada hace un año y medio, permitía comprar bonos en dólares sin consultar sobre la procedencia de los mismos, buscando captar unos 4 mil millones de dólares para continuar la política de pagos al capital financiero. Sin embargo, desde entonces a la fecha, los CEDIN no llegaron a recaudar más de 900 millones de dólares, menos de la cuarta parte de lo proyectado. Semejante suerte ha tenido el bono ligado al sector energético, el BAADE, que aportó 86 millones de dólares.
Entonces el gobierno mantiene, de modo sistemático, la política de blanqueo de capitales ilegales siempre que se asocien a sus necesidades de pagos: cuando no lo hacen, pues entonces aparece la investigación. Una perversa doble moral.
Para completar el panorama, el ministro de Economía, Axel Kicillof, anunció la cancelación anticipada de los BONAR 2015, que podrán ser recomprados o cambiados por un nuevo bono con vencimiento en 2024, con una tasa de interés mayor (pasa de 7% a 8.75%). El gobierno busca captar con esta operación unos 3 mil millones de dólares, de los cuales el JP Morgan (investigado por las cuentas del HSBC) parece asegurar cerca de la mitad. Junto al préstamo de China por 2 mil millones de dólares y un posible crédito del Banco de Francia por 650 millones de dólares, el gobierno está preparando todas sus armas para llegar a enero con fondos frescos para negociar los pagos con los buitres. ¿O acaso piensan usar los dólares para subir salarios?
La persecución de las cuentas del HSBC es una buena noticia, pero lamentablemente no es más que una aguja en el pajar de políticas financieras de sesgo neoliberal. El kirchnerismo sólo opera contra el capital que no se le asocia, y de ninguna forma cuestiona los intereses del capital financiero: a toda cosa, que garantiza que éste gane. Tras la épica del “patria o buitres”, crecen los pagadores seriales.