Por Ailén Barbagallo*. Esta carta pretende evitar que se olvide lo que vivió el pueblo de Las Heras durante la histórica pueblada que derivó en una farsa del Estado con fines disciplinadores para los trabajadores.
La lucha por la absolución a los petroleros continua. Estas líneas tienen el objetivo de recuperar la cadena de injusticias a la que fue sometido todo el pueblo de Las Heras para que cada vez más levantemos esta bandera.
Este pueblo de Santa Cruz basa su economía casi exclusivamente en la explotación petrolera. Durante el 2006, en este territorio gobernado por el dios negro, la contradicción capital-trabajo expresó su cara más perversa: las empresas firmaron un acuerdo en el que se las eximía de impuestos a cambio de explorar zonas petroleras, mientras los trabajadores de este rubro debían pagar más impuesto a las ganancias que cualquier abogado o contador monotributista.
A principios de 2006, los trabajadores comenzaron sus reclamos por la suba del mínimo no imponible para quedar eximidos del impuesto al salario y por la inclusión de sus compañeros tercerizados en el convenio petrolero, ya que muchos pertenecían al de la UOCRA, cuyas escalas salariales son inferiores.
Los manifestantes, cansados de la inacción del Sindicato del Petróleo y el Gas Privado de Santa Cruz (conducción oficialista) ante estos reclamos, tomaron medidas de fuerza sin apoyo gremial. Las bases se plantaron y decidieron cortar las rutas provinciales, con lo que impidieron la actividad normal de las multinacionales.
El 6 de febrero de 2006 la Policía provincial detenía al vocero del conflicto, Mario Navarro. Lo buscaba por ser el “cabecilla”, término que denota la persecución que ya se vivía. El pueblo, saturado por estos procedimientos y ya entrada la noche, decidió ir a la comisaría a exigir la libertad del trabajador
La movilización de más de mil personas fue encabezada por dos concejalas. Una de ellas, Alejandra Totino del FPV, declaró que el comisario Íñigo les dijo que se retiraran porque si no los iban a sacudir a ellos también. En ese momento empezaron los gases lacrimógenos y toda la represión que tuvo como resultado la muerte del policía Sayago y varios heridos.
Esa madrugada, el gobernador oficialista de Santa Cruz, Sergio Acevedo, se comunicó con el entonces ministro del Interior Aníbal Fernández. Inmediatamente se creó un comité de crisis y se enviaron 230 gendarmes para “mantener la paz social”. Además, la jueza de instrucción, Roata de Leone, decretó que la Brigada de Zona Norte de Santa Cruz actuara en el marco de estado de excepción, que permitía a los policías proceder como civiles y moverse en autos sin patentes.
Desde ese momento, el pueblo padeció un verdadero estado de sitio, incluyendo la militarización de la ciudad, toque de queda, y un total bloqueo informativo que consistía en la falta de señal para uso de internet y celulares. Las fuerzas represivas se centraron en buscar a los responsables de la muerte de Sayago y amedrentar al pueblo que se había levantado.
Todos los mecanismos fueron válidos y utilizados. Se detuvo compulsivamente a cualquier habitante que participó de la manifestación para que nombre a las personas que estuvieron al lado suyo durante esa noche. Además, la Policía contó con una lista negra de 180 trabajadores brindada por Héctor Segovia, miembro de la burocracia sindical petrolera. Los supuestos “testigos” eran llevados por la noche a un edificio de vialidad en desuso desde hacía varios años, lo que se asemejó más a secuestros que a detenciones.
La caza de brujas tuvo un saldo de veinte trabajadores detenidos y acusados del homicidio de Sayago. Fueron sometidos a torturas y simulacros de fusilamiento. Siete de ellos permanecieron detenidos por más de tres años, y fueron liberados en 2009 por exceder el tiempo de prisión preventiva estipulado en los tratados internacionales.
Las irregularidades del proceso hicieron que el fiscal de Cámara, Rearte, planteara la nulidad de requerimiento de elevación a juicio dos veces. Al no suceder se apartó del caso asumiendo el fiscal Candia. Así, en junio de 2013 comenzó el juicio oral que finalizaría en diciembre con la condena de cuatro trabajadores a cadena perpetua y otros seis a cinco años de prisión.
Las torturas, con las que se ‘consiguieron’ los testimonios y ‘culpables’ del homicidio, fueron denunciadas ante el tribunal. Pero fueron legitimadas por el fiscal Candia, quien argumentó: “Darle un cachetazo o ponerle una bolsa en la cabeza (a un testigo) no implica decirle lo que debe declarar“. Además, solicitó a los magistrados que se apartaran de la legalidad.
No hay ninguna prueba que demuestre que los trabajadores condenados son los responsables de la muerte del policía. La bala la recibió por la espalda, siendo que los efectivos formaban un cordón frente a la población resguardando las puertas de la comisaría. Durante la pueblada se vio un auto cuyos pasajeros portaban armas con miras telescópicas, hecho nunca esclarecido. El párroco declaró: “Después de algunos meses esos policías (…) me contaron que ellos venían esa noche de la Fiesta de las Cerezas de Los Antiguos (una localidad cercana), y recibieron la orden de entrar a Las Heras para controlar el reclamo, pero con la orden expresa que tenía que suceder algo grande para que pudiera intervenir la Gendarmería. Pero al oficial que estaba al frente del operativo nunca fue llamado a declarar”.
El tribunal de la causa negó al párroco la posibilidad de declarar.
Siguiendo esta cadena de sucesos no investigados citamos al abogado defensor: “A Sayago lo llevan a una ambulancia con conmoción cerebral, no lo atendieron en Las Heras mismo pese a que hay un hospital muy completo (…) decidieron ir más lejos, a Comodoro Rivadavia, haciendo un trayecto de más de 200 kilómetros alegando que ahí iba a estar el avión sanitario“. Lo llamativo es que en Las Heras también hay aeropuerto como para que el avión fuera a buscarlo.
Los medios de comunicación de mayor alcance mostraban el conflicto como una disputa sindical. Los oficialistas argumentaban que era una cuestión política y los opositores denunciaban la condescendencia del Gobierno con los piqueteros. Cultura piquetera, mafia sindical, asesinos, son los adjetivos que se utilizaban de manera peyorativa para no hablar nunca del reclamo legítimo y reforzar así la criminalización de la protesta.
Luego de varios años de silencio la Presidenta de la Nación se pronunció a favor del fallo en la inauguración de las Asambleas Legislativas en febrero de 2014. Omitió que es el mismo tío de Sayago quien dice que los imputados son unos perejiles. Así se confirma la responsabilidad del Gobierno nacional en los sucesos ocurridos desde 2006 y su aval a la injusta condena.
Este recorrido demuestra la complicidad entre las multinacionales petroleras, medios masivos de desinformación y los poderes del Estado en el disciplinamiento de las luchas obreras para que los negocios de los sectores de poder prevalezcan por sobre los derechos de los trabajadores.
Pero como dijo Ramón Cortés, uno de los trabajadores condenados, “mientras ustedes sigan de pie, ningún trabajador va a ir preso”.
*María Barbagallo es integrante de Alegre Rebeldía