Por Jimena Navatta. La legislatura porteña aprobó la relocalización de las familias que viven en los asentamientos ubicados sobre el Camino de Sirga el pasado 25 de septiembre, pero preocupan las demoras en la ejecución de las obras y las viviendas.
La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, aprobó el pasado 25 de septiembre el proyecto de ley que presentaron los legisladores del bloque Pro, Karina Spalla y Cristian Ritondo, que estableció la relocalización de los habitantes de las villas y asentamiento precarios que están ubicados en el Camino de Sirga. Dicho proyecto fue el logro de la persistencia y constancia de los vecinos en la participación en los lineamientos de su propia relocalización.
La relocalización sólo implicaba en principio, el desplazamiento de 117 familias ocupantes del Camino de Sirga correspondientes a la Villa 21-24, de un total de 1334 familias censadas mediante instrumentos oficiales en el marco de la Causa Mendoza. La inclusión definitiva respondió a la resolución judicial caratulada como Acumar s/Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios.
Las viviendas que llevan años de construcción
Las demoras en las relocalizaciones de la Villa 26 y 21-24 resultan preocupantes. En el caso de la villa 26, son varias las irregularidades que se cometieron. En lo concerniente a los terrenos donde se iban a relocalizar a las familias, desde el año 2006, se había dispuesto que eran 4: Pedro Chutro, San Antonio, Luzuriaga y Goncalvez Díaz. Todos ubicados en el barrio de Barracas, con proximidad a la villa.
Sin embargo, desde el año de compra de los terrenos, las familias comenzaron a reclamar por la construcción de las viviendas, pero pasaron 6 años desde ese entonces hasta el inicio de obras en junio de 2012. Asimismo, perdieron el terreno de Pedro Chutro que mientras tanto, fue transferido a la Policía Metropolitana, terreno que se encontraba afectado para la relocalización del barrio. Esta situación sólo agravó aún más el inicio de las obras.
Las obras comenzaron recién hace 2 años, y la entrega de las viviendas está prevista para marzo de 2015, entre otras cosas por las restricciones presupuestarias. Según datos provistos en la Cuenta Anual de Inversión 2013, las partidas asignadas a la construcción de las viviendas destinadas a ese barrio sufrieron recortes de casi el 50 por ciento entre el monto sancionado y lo efectivamente ejecutado al final de ese ejercicio.
Obras relocalización Villa 26*
En el caso de la 21-24 por su parte, se comenzó con la construcción de una primera etapa de viviendas pero la complejidad se encuentra en que las familias a relocalizar son 1.334. En la última sesión de la Legislatura de la Ciudad, se aprobó un proyecto en primera lectura que fue elaborado por los habitantes del barrio en la mesa de trabajo conformada en el Instituto de Vivienda de la Ciudad. Esta ley dispone la transferencia de inmuebles, expropiación y rezonificaciones para los conjuntos de viviendas afectados por la liberación del Camino de Sirga, específicamente para la villa 21-24.
Esto significó un triunfo de los vecinos, que en una primera instancia iban a ser relocalizados a otros complejos habitacionales ubicados en otras comunas, como el caso del complejo Carlos Mugica en Gral. Paz y Castañares. Luego de meses de resistencia, los vecinos lograron que el Ejecutivo de la Ciudad tomara como propio el listado de terrenos que ellos mismos relevaron en la comuna 4 para poder construir sus viviendas.
Como antecedente de las relocalizaciones contamos con la experiencia de los casos de los Asentamientos Luján, El Pueblito y Magaldi, cuyas viviendas donde fueron relocalizados los habitantes no contaban con la provisión de los servicios básicos, como el agua, el gas y el tendido eléctrico, y en algunos casos no contaban con terminaciones como revestimientos en los pisos, según lo indica el Informe de la Asesoría Tutelar ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 1, del Ministerio Público Tutelar de la ciudad porteña.
Las familias que viven en el Camino de Sirga, no sólo sufrieron históricamente la contaminación diaria y el riesgo sanitario que implica vivir a la margen del Riachuelo, sino que además, tuvieron que resistir los intentos del Ejecutivo porteño de relocalizarlos en viviendas alejados de su comuna y en algunos casos, sin terminar. Lo que implicaba además un desplazamiento que desconsideraba la identidad comunitaria, sostenida en los lazos vecinales y familiares. Por tanto, la sanción de esta ley es un triunfo de los habitantes del barrio que lograron imponer su posición, a fuerza de lucha y participación.
* Fuente: Elaboración realizada por Colectivo por la Igualdad en base a datos relevados de la Cuenta Anual de Inversión 2013.