Por Franco Spinetta. No hay estadísticas oficiales. Tampoco una legislación homogénea. La fumigación con agroquímicos crece al ritmo de los millones de hectáreas sembradas, empujando la frontera agrícola. La muerte de un niño en el hospital Garrahan a mediados de mayo, presumiblemente por intoxicación con agrotóxicos, generó un pedido para se investigue qué sucede en la localidad de Lavalle, Corrientes.
“Hace un año, Nicolás Arévalo -que tenía 4 años- llegó muerto al hospital desde ese mismo pueblo”, cuenta Gustavo Lerer, delegado de la junta interna de ATE del Garrahan. La posterior autopsia determinó que había muerto por ingesta de endosulfán, un químico muy peligroso utilizado para fumigar. Celeste, prima de Nicolás, también se intoxicó y estuvo muy grave, pero logró recuperarse lentamente. Hace unos días, José Carlos Rivero, también de 4 años, fue internado en el hospital porteño con una falla hepática fulminante. “Los síntomas eran idénticos a los de Nicolás”, dice Lerer. Y agrega: “Los casos de cáncer en la zona de Lavalle se multiplicaron, pero como no hay una estadística ni un seguimiento gubernamental, ni tampoco se considera a los agrotóxicos como agentes patológicos, es muy difícil saber a ciencia cierta cuál es la realidad”.
Ante este escenario, los trabajadores del Garrahan elevaron un petitorio a las autoridades para comenzar a confeccionar una estadística propia de los casos de intoxicación por agroquímicos. Y además, iniciaron una “campaña de esclarecimiento”. Se pusieron en contacto con la Red de Pueblos Fumigados, con las Madres del Barrio Ituzaingó Anexo de Córdoba y diversos investigadores independientes que están estudiando el impacto de la fumigación con agrotóxicos en las personas, los alimentos, el agua y la tierra.
“La muerte de José Riveros es probable que haya sido por endosulfán”, asegura el Dr. Medardo Ávila Vázquez, coordinador de Médicos de Pueblos Fumigados. “Si es así estamos frente a un hecho de doble gravedad”, añade. Vázquez se refiere a que la Argentina prohibió la importación de ése químico a partir de la Resolución 511/11 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). Sin embargo, por presiones de las entidades agropecuarias agrupadas en la Mesa de Enlace, la elaboración, formulación, comercialización y uso de los productos que contengan este principio activo recién estarán prohibido a partir de julio de 2013. La Argentina es el principal consumidor de endosulfán e India el mayor productor. Ambos países se negaron sistemáticamente a aceptar los convenios de Rotterdam y Estocolmo, que aconsejan la prohibición de este químico. El año pasado, tras una ronda de tensas negociaciones, el bloque del Mercosur acordó incorporar al endosulfán a la lista para su eliminación. “Es decir, nosotros aceptamos que es un veneno pero como las entidades agropecuarias dicen que todavía tienen stock entonces le permitimos seguir utilizándolo hasta que se termine, es una barbaridad”, explica el coordinador de Médicos de Pueblos Fumigados.
Legislación dispersa
A pesar de que más de 60 pueblos del interior lograron avanzar con ordenanzas que prohíben la fumigación cercana a zonas urbanas, a nivel provincial y nacional todavía no pudo prosperar ninguna de los numerosos proyectos presentados. En el Informe Anual Ambiental 2012 de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) indica que “si bien en los dos últimos años existieron iniciativas en el Congreso Nacional para elaborar una ley de presupuestos mínimos nacionales sobre agroquímicos, el futuro en este aspecto aún dista de ser auspicioso (…) Resulta menester poder contar con un marco regulatorio claro que establezca las reglas de juego y clarifique en un tema sensible y complejo como es el de los agroquímicos”.
La situación es grave porque cada vez se utilizan más agroquímicos. Los especialistas calculan que en 1996 -cuando se introdujo la siembra transgénica- se utilizaban de 2 a 3 litros de glifosato por hectárea sembrada. Hoy el promedio está en 15 litros por hectárea. En zonas menos productivas, como Santiago del Estero, se llegan a utilizar 25 litros de glifosato para apuntalar la cosecha.
La Red de Médicos de Pueblos Fumigados recolectó datos alarmantes. En las poblaciones rurales que monitorea esta agrupación, registraron que el 30% de las personas muere por cáncer mientras que en todo el país la tasa no llega al 20%. “Encontramos mucha gente joven de menos de 40 años con cáncer de próstata, pacientes con lesiones degenerativas como Parkinson y Alzheimer, todos con menos de 50 años y, en general, se trata de peones que manipulaban agroquímicos”, señala el Dr. Ávila Vázquez.
La Justicia avanza
Los casos que llegaron a la Justicia son una pequeña luz de esperanza para las organizaciones ambientalistas. El 11 de junio comenzará un juicio emblemático en la ciudad de Córdoba, donde tres acusados de contaminar una zona de la periferia van a ser juzgados. La historia del barrio Ituzaingó de esa ciudad es bastante conocida: un grupo de madres que frente al crecimiento de los problemas de salud de los vecinos comenzó a investigar y determinó que la tasa de cáncer de ese barrio era 41 veces superior a la media. El barrio está rodeado de extensas plantaciones de soja, que eran fumigadas de manera intensiva con una avioneta. Jorge Alberto Gabrielli y Francisco Rafael Parra, productores agrícolas, y el piloto aeroaplicador Edgardo José Pancello fueron acusados de violar la Ley de Residuos Peligrosos y el artículo 41 de la Constitución, aquel que dice que “todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras”.
Todos coinciden en que el resultado de este juicio conformará una jurisprudencia esencial para encarar procesos judiciales en otros puntos del país. Ya son 6 las provincias donde la Justicia dio curso a distintas causas y algunas han concluido con éxito, tal como sucedió en Metán, provincia de Salta, donde se logró frenar la fumigación área y terrestre hasta tanto no se estudie el impacto en las personas.