Crédito: Verónica Canino
Por Marco Teruggi*, desde Caracas. En estos días existen dos temas en boca de muchos en Venezuela: la guerra económica y la construcción de comunas (siendo ya 230 las registradas). ¿Qué tareas pueden desarrollar éstas frente a los ataques de la derecha?
En Venezuela está en curso una transición original, desafiante, hacia una sociedad postcapitalista: el Socialismo Bolivariano del Siglo XXI. Transición, sí, y como tal, incierta por momentos, difícil siempre, y en estos meses haciendo frente a la ofensiva de la derecha que ha encontrado un punto frágil sobre el cual golpear: la economía.
Ya lo dicen las primeras páginas del Plan de la Patria, el proyecto de gestión para el 2013-2019 presentado por Hugo Chávez el año pasado: “No nos llamemos a engaño: la formación socioeconómica que todavía prevalece en Venezuela es de carácter capitalista y rentista”, y subrayan que es necesario trascender “el modelo rentista petrolero capitalista hacia el modelo económico productivo socialista, basado en el desarrollo de las fuerzas productivas”.
Y más, en esas líneas de presentación aparece trazado el camino central por el cual se podrá avanzar en el rumbo socialista: “Acelerar la transición pasa necesariamente por, valga la redundancia, acelerar el proceso de restitución del poder al pueblo”.
¿Cómo se traduce esa “restitución”, ese empoderamiento, en el proyecto bolivariano? Una de las respuestas principales la dio Hugo Chávez recogiendo la experiencia acumulada del pueblo en los años de revolución: la construcción de las comunas, la nueva institucionalidad revolucionaria, el paso imprescindible en el camino hacia el Estado comunal.
“Comuna o nada”, fue entonces la consigna que comenzó a correr de boca en boca y de barrio en barrio desde hace varios meses. ¿El resultado? A la fecha de hoy se han registrado 230 comunas en todo el país y se tiene el dato, arrojado por el censo comunal, de que existen 1771 más en proceso de construcción, de las cuales muchas ya funcionan como tal y están a la espera de su registro legal.
Dos tiempos que corren entonces: el de la guerra económica y el de la construcción y expansión de las comunas, pero, ¿por carriles separados? ¿No existen tareas que puedan encabezar las comunas para hacer frente a los ataques que recrudecen sobre el pueblo y el Gobierno de Venezuela?
En primer lugar, es importante señalar que la mayoría de las comunas ya conformadas se encuentran en el ámbito rural, lo que significa que su actividad económica, las Empresas de Propiedad Social que ahí se construyen y las reivindicaciones pendientes, se centran en un aspecto principal: la producción de alimentos y la posibilidad de distribuirlos. Esto es terminar con los intermediarios.
Las comunas rurales aparecen en el mapa de Venezuela como una de las realidades y potencialidades, tal vez la mayor, de recuperar y desarrollar la producción campesina, un objetivo central para superar el modelo rentista petrolero. Y para eso (uno de los ejes de la “restitución del poder al pueblo”) es necesario que los comuneros y comuneras cuenten con las herramientas necesarias: insumos y maquinarias para producir, centros de acopio y distribución, vialidades en buenas condiciones.
¿Quién puede proporcionar esto? Los diferentes ministerios, las alcaldías, por ejemplo. Es decir, el Estado, quien a su vez debe garantizar la compra y venta de la producción de las comunas en las cadenas de distribución estatales: Pdval, Mercal, Abasto Bicentenario. Esto, junto al estímulo y creación –y expropiación en otros casos- de fábricas, como la emblemática Industrias Diana o Lácteos Los Andes, podría permitirle a la Revolución Bolivariana ampliar su capacidad de producción de alimentos.
En segundo lugar, las comunas, como poder popular territorialmente organizado, en el ámbito urbano, podrían, en el caso de las experiencias más avanzadas, incidir sobre las cadenas de distribución, impidiendo el aumento de precios en los puntos de venta que hacen vida en la comuna.
Aclaremos: la comuna es una potencialidad abierta, es decir que los límites de su campo de acción, más que por la ley, están en la medida de la madurez, la experiencia acumulada, de la misma comunidad organizada.
Las comunas urbanas podrían incidir sobre la cadena de distribución, controlando la especulación en su zona de acción, fiscalizando, indicando cuales son los precios regulados por el gobierno, aplicando sanciones comunales (que deberían ser creadas por la misma comuna) en caso de no ser respetados ésos valores. Esto significaría apoyar al Instituto Nacional para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, que se encarga de controlar los precios en los lugares de venta, y afianzar la autonomía, una perspectiva táctica y estratégica.
La nueva institucionalidad emergente, encarnada en las comunas, tiene entonces en su seno la potencialidad de jugar un papel importante, aunque por el momento en una escala relativamente reducida, en algunos de los aspectos claves de la economía: la producción y la fiscalización.
Esto permitiría a su vez profundizar dos de los elementos centrales en la perspectiva de las comunas: la autogestión y el autogobierno, claves para pensar éstas novedosas experiencias de poder popular, que el próximo fin de semana tendrán, en Caracas, su primer encuentro nacional.
Estas posibles tareas para hacer frente a la guerra económica, deben pensarse de la mano de las acciones encabezadas por el Gobierno Nacional, quien ha comenzado a aplicar sanciones sobre los especuladores, pero mantiene (¿cómo saldarla en unos pocos meses?) la tarea central pendiente: revertir el modelo rentístico petrolero, debilidad sobre la cual golpea la derecha y avanzar hacia el modelo económico productivo socialista.
* Licenciado en Sociología