Por Germán Gomez. Miembros de la ONG Familiares de Víctimas del Sistema de la Crueldad, fueron amenazados en su domicilio en el barrio platense Altos de San Lorenzo. Corren riesgo de quedar en la calle. Hasta el momento no tuvieron respuesta estatal.
Familiares de Víctimas del Sistema de la Crueldad (FAVISIC) es una ONG que el 17 de julio pasado realizó una denuncia al ministro de seguridad bonaerense, Ricardo Casal. Su tarea va desde asesorar y acompañar a familiares de detenidos en las cárceles del Sistema Penitenciario Bonaerense (SPB), hasta la necesidad de tener pasajes para que los familiares acudan a los penales y así mismo dar a conocer las irregularidades que existen en las cárceles bonaerenses.
En sintonía, la denuncia presentada decía que: “Solicitamos la destitución del ministro y que su cargo lo ocupe una persona que tenga verdaderos valores en materia de Derechos Humanos y profundas ganas de instalar un cambio favorable, dejando de lado los turbios negociados que les llenan los bolsillos a las máximas autoridades del Servicio Penitenciario”.
El reclamo no sólo estaba dirigido a Casal, sino también al funcionamiento del Servicio Penitenciario Bonaerense, ya que en el documento se hace un recorrido sobre el desempeño del SPB y sus falencias como órgano de reinserción social: “es muy fácil organizar un torneo de fútbol entre internos o recitales de bandas de rock para los grupos de detenidos que trabajan para el Servicio Penitenciario Bonaerense, lastimando a otros internos, vendiendo drogas, saliendo a robar para personal penitenciario con armas que les proporcionan y luego decir que la situación en las cárceles mejora”
Pasaron los meses y nunca hubo una respuesta favorable al reclamo de FAVISIC. Por otro lado, el pasado jueves 24 de octubre Natalia Sarrautte, presidenta de dicha ONG, sufrió amenazas en la puerta de su domicilio, donde se encontraba junto a su familia, por parte de un desconocido que dijo ser del Ministerio de Desarrollo Social.
En diálogo con Marcha, Sarrautte comentó que “se acercó un hombre muy bien vestido que dijo ser del Ministerio de Desarrollo Social y pidió hablar conmigo, a lo que me puso muy contenta porque estábamos esperando a los arquitectos para que comiencen con las obras de un comedor que íbamos a tener acá en mi casa para los pibes del barrio”. El mismo hombre dejó su auto enfrente del domicilio y antes de retirarse, con pocas palabras de por medio, amenazó con quemarle la casilla donde vivían si “seguían jodiendo con los pibes chorros del barrio y con la ONG, que lo iban a hacer pasar por un corto circuito con la complicidad de la policía, como si fuera un allanamiento”, agregó.
En este sentido, el sábado pasado, por miedo a las represalias y las amenazas de este desconocido, decidieron mudarse de su hogar. Esto no es una tarea fácil de asimilar ya que ahora no tienen un lugar fijo donde vivir con su familia (su marido y sus cuatro hijos) y todavía no han tenido una respuesta por parte de ninguna entidad gubernamental y/o estatal.
En una entrevista publicada por Marcha el 5 de septiembre del corriente año, Sarrautte hablaba de la necesidad de que las personas privadas de libertad puedan tener mejoras en los penales carcelarios de la provincia de Buenos Aires: “Sabemos por familiares de detenidos que existen torturas por no acatar las reglas que ellos quieren que rijan, por sobre las leyes judiciales. Muchas torturas están relacionadas con denuncias de maltratos: les han pasado corriente, picana, submarino seco, todas prácticas que se usaban en la época de la dictadura. El hacinamiento está en todas las unidades penitenciarias. Por ejemplo, hay celdas que son para cuatro personas y las están habitando ocho, turnándose para dormir en un colchón. Teóricamente, el detenido tiene un presupuesto diario que en el mes suma tres mil pesos para su higiene y necesidades básicas, pero son las familias las que se encargan de esto”.
También hablaba de que “están matando a los pibes continuamente y los traslados constantes que hay como método de castigo los padece tanto la persona que está privada de su libertad como los familiares”.
Por acompañar a las familias de los privados de libertad y denunciar a la cúpula del SPB y a Ricardo Casal, Natalia Sarrautte y su familia, tuvieron que dejar su hogar por miedo a las amenazas: “Tenemos miedo por los chicos, por eso nos fuimos, y hasta el momento no tenemos un lugar donde vivir”, finalizó.