La inundación en la ciudad y la provincia de Buenos Aires dejó al descubierto los cruces entre los respectivos gobiernos, y medidas económicas de emergencia que solo tienen como interlocutor al escenario electoral.
Setenta y dos horas después del ápice de la tragedia que resultó de la caída de más de 180 mm de agua en Capital Federal y cerca de 300 mm en la ciudad de La Plata y aledaños, las tareas de asistencia a los damnificados apenas comenzaban a vislumbrarse. La bajante de las aguas dejó al descubierto ineficiencias, negligencias y ausencias del Estado en sus distintos niveles, tanto desde la gestión del kirchnerismo en Nación como del macrismo en la Ciudad de Buenos Aires.
La miseria se vislumbró en el pase de facturas y en los anuncios de medidas económicas tardías, insuficientes y que sólo tenían como trasfondo, la continuidad de la confrontación política en un año electoral. Ambas gestiones se pasaron factura vía twitter, en conferencia de prensa y en cuanta salida mediática tuvieron. Desde el macrismo hacia el ministro de Planificación, Julio de Vido, por la interrupción del suministro eléctrico quien respondió hacia el propio jefe de gobierno denunciando el “pésimo” manejo del sistema pluvial y la “falta” de gestión.
Las inversiones detrás de las inundaciones
Las cifras oficiales así como los análisis presupuestarios son al menos preocupantes. Durante 2012 los gastos que se destinaron a obras viales e infraestructura fueron una de las variables de ajuste de los presupuestos públicos, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en gran parte del país.
En 2012, los gastos de la Nación fueron de 61.784 millones de pesos, apenas un 15% más que los adjudicados en 2011, cuando la inflación fue del 25%. En términos reales, implica una baja de 10 puntos. De ese total, las transferencias a la ciudad de Buenos Aires y las provincias se redujo aún más, ya que subieron en términos nominales apenas el 6,8%, de acuerdo a las cifras del Ministerio de Economía.
Por su parte, en la ciudad de Buenos Aires, dicho gasto en el mismo período tuvo un crecimiento del 18,1%, pero fue menor que el promedio general, con un nivel de ejecución además del 74%, igual al registrado en 2011.
Las cifras dan cuenta de la subejecución de partidas presupuestarias destinadas en estos casos en particular a la ejecución de obras hídricas, es decir el desarrollo de la red pluvial y de infraestructura urbana necesarias para evitar o al menos mitigar consecuencias como las sufridas la semana pasada por las fuertes lluvias. En la Ciudad, ya lo había denunciado en su momento la Auditoría General de la Ciudad incluso con la aprobación macrista.
Medidas económicas o respuestas mediocres
La respuesta se hizo esperar y llegó tímida e inconsistente. Tanto la presidenta Cristina Fernández como el jefe de gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri salieron a anunciar las medidas económicas paliativas –y no resolutivas- ante las consecuencias de la catástrofe climática.
En la ciudad de La Plata se estima que cada familia damnificada perdió alrededor de 78 mil pesos, más del 55% de la población sufrió algún tipo de pérdida material –tanto en comercios, viviendas y el perjuicio en automóviles-. Este total asciende a unos 2.618 millones de pesos. En la Ciudad de Buenos Aires no se publicaron cifras oficiales de las pérdidas materiales, aunque los números rondan los 300 millones de pesos, se estima que cada familia deberá disponer en la recuperación del inmueble y reparar un automóvil unos 30 mil pesos.
Ante este escenario, y a través de cadena nacional la presidenta de la nación anunció medidas por las inundaciones que abarcará a unas 153 mil personas e implicarán el aporte estatal de unos 400 millones de pesos mediante el pago de adicionales en las jubilaciones y en la Asignación Universal por Hijo –tanto para la Ciudad como para la Provincia de Buenos Aires-. Medidas que sin embargo, quedaron lejos de las pérdidas reales.
Para los jubilados será un monto adicional de 4.330 pesos y alcanzará a más de 70 mil personas. Además se duplicará el monto de la Asignación Universal por Hijo y por embarazo durante tres meses, alcanzando a 16 mil familias, donde la primera cuota se irá a los 680 pesos mientras que la Asignación Familiar consistirá en 1.065 pesos adicionales para trabajadores registrados.
Otra de las medidas y una de las más cuestionadas consistirá en líneas de crédito de hasta 50 mil pesos por persona –a través de PROCREAR- con previa comprobación de que ha sido un damnificado, con una tasa anual de 9,9%, y dos meses de gracia para aquellos que perdieron la totalidad de la vivienda. En suma, se otorgarán 1.400 millones de pesos de créditos para refacción de las viviendas, mediante asignación directa a los damnificados. El plan de pago será de 48 meses, con una tasa anual de entre 7% y 14%. Para las familias, hablar de un préstamo y no de un subsidio incluso cuando perdieron todo o aún peor, siguen buscando a un familiar, estos números saben a insulto.
Para paliar la ausencia de infraestructura que causó en la provincia de Buenos Aires una inundación sin precedentes, Cristina Fernández informó que recibió un préstamo de 100 millones de dólares por parte de la Corporación de Fomento Andina (CAF). El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) confirmó préstamos para la Argentina por un total de 20 millones de dólares más. Sin embargo, el gran problema de la provincia no fue la ausencia de fondos, sino la subejecución y el incumplimiento de un marco normativo vigente en urbanismo.
En la Ciudad el panorama no deja de ser desolador. El jefe de gobierno porteño Mauricio Macri anunció eximir a los damnificados -mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia- durante los próximos seis meses del pago de la tasa de ABL, y otorgar el aumento del subsidio a las viviendas afectadas llevándolo de 8 mil a 20 mil pesos –de este modo se establece la modificación de la Ley 1575, de Fondo de Emergencia para Subsidios de Inundaciones-. Ofreció además la instalación de oficinas móviles en los barrios afectados con el fin de simplificar los trámites administrativos en la otorgación del subsidio. Por su parte, las comunas desplegarán mayor cantidad de “verificadores” para acelerar los plazos.
Cuando las aguas bajen, y los presupuestos se ejecuten, y las urnas acudan a ellos, los líderes se regocijarán en la vieja solidaridad que tanto hizo por su pueblo en aquel temporal histórico de abril.