El congelamiento presupuestario a las universidades públicas pone a la educación superior en crisis y a la gran mayoría de estudiantes universitarios del país, ¿cómo y a quiénes afecta principalmente? La defensa de la Educación Pública, una tarea prioritaria.
Por Matías Calvo Crende[1] y Fernando Gasalla[2] Foto Nuria Bodda
El pasado 21 de Febrero de 2024, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)[3], publicó a través de sus redes sociales un comunicado que pone de manifiesto la “situación crítica en las universidades públicas”.
Allí se advierte la difícil situación que atraviesa el sistema universitario público nacional debido, entre otros puntos, al sostenimiento del presupuesto del 2023 en contraste con la necesidad de incrementar los gastos de funcionamiento acordes a la inflación, la necesidad de actualizar salarios de docentes y no docentes; dar continuidad a programas de infraestructura, al sostenimiento de los programas de becas y al desarrollo de las actividades de ciencia y tecnología.
Para ponerlo en un ejemplo, y funcionando con un presupuesto de prórroga, la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) publicó en sus redes un comunicado donde expresa que en enero y febrero de 2024 recibió la misma partida presupuestaria que en enero de 2023 con precios casi un 300% superiores[4].
En este sentido queda de manifiesto que, de no mediar acciones que rectifiquen el rumbo, se verá seriamente afectado el pleno funcionamiento de las universidades públicas.
Ahora bien, vale la pena hacerse algunas preguntas para “leer entre líneas” cuando se aborda este tema en la agenda pública. ¿A qué universo de estudiantes afectan directamente estas decisiones políticas y qué características tienen? ¿Cuántos estudiantes extranjeros tienen las universidades públicas? ¿Qué impactos sociales implican estas medidas? ¿Con qué herramientas económicas cuenta la población afectada?
En primer lugar, implica afectar a la mayoría de la población estudiantil universitaria en la Argentina: 8 de cada 10 estudiantes universitarixs realizan sus estudios en instituciones estatales. Según datos de la Secretaría de Políticas Universitarias, al año 2021 de un total de 2.730.754 estudiantes universitarios eran 2.200.362 quienes se formaban en instituciones públicas.[5]
Tabla 1. Estudiantes, nuevas/os inscriptas/os y egresadas/os por nivel y sector de gestión. Año 2021.
Por otro lado, en la voz de Patricia Bullrich, los sectores más conservadores de nuestro país han sabido señalar (sin evidencia empírica que la respalde) que la Argentina tenía casi la mitad de la matrícula de sus universidades ocupada por alumnos extranjeros[6]. Sin embargo, sólo el 4,1% de lxs estudiantes de las instituciones estatales lo son. De esta manera, es posible interpretar que lo que sobra no son estudiantes extranjeros en las universidades públicas argentinas, sino desprecio hacia los migrantes en la manera de pensar de algunxs decisores de políticas públicas de nuestro país.
Tabla 2. Participación de estudiantes extranjeras/os según nivel de la oferta y sector de gestión. Año 2021.
En el marco de estas consideraciones, la avanzada ultraderechista sobre las universidades públicas también implica poner en jaque el derecho a la educación superior en las clases más bajas. En la Argentina, gran parte de la población estudiantil universitaria representa una primera generación de quienes pudieron acceder a una carrera de grado. Este fenómeno se percibe con mayor claridad en las universidades nacionales del conurbano bonaerense y del interior del país. Por ejemplo, en la UNGS 8 de cada 10 estudiantes son primera generación de universitarios (2023)[7] mientras que en la Universidad Nacional de José C. Paz 9 de cada 10 estudiantes lo son.[8]
En un contexto donde el aumento de la pobreza es una realidad efectiva cada vez más alarmante, resulta improbable la posibilidad de qué estos actores puedan encontrar en el mercado recursos “extra” para financiar sus estudios. Por otro lado, es esperable un empeoramiento del desarrollo de los indicadores de trayectorias educativas de estos sectores (sea en su abandono, avance o graduación o en su logro académico) visto que el contexto socio económico del estudiantado es una variable determinante: no solo se trata de condiciones personales como el esfuerzo o la “inteligencia” para poder llevar adelante una carrera universitaria, sino en gran medida poder sobrellevar condicionantes (como situaciones de pobreza, desempleo, entre otros factores) que pueden permitir o no esas trayectorias.
Para recapitular: la asfixia presupuestaria a las universidades implica afectar la calidad educativa de la mayoría de la población estudiantil universitaria y poner en peligro el derecho a la educación superior de los sectores populares de la nación.
Pero el recorte educativo llevado adelante por el gobierno nacional a las universidades públicas presenta varios impactos sociales negativos adicionales.
Para mencionar algunos de ellos podemos listar: la caída del salario real de los trabajadores y las trabajadoras, no docentes y docentes y la respectiva pérdida de calidad de vida; el recorte de los platos de comida y refuerzos alimentarios que las escuelas infantiles y secundarias de las universidades nacionales garantizan para distintas infancias y adolescencias en situación de vulnerabilidad social; la caída del desarrollo de las economías locales que se propulsaron por la creación de universidades (como en gran parte de las del conurbano bonaerense); el fin del acceso a servicios de salud (en los casos de universidades que tienen a cargo hospitales, consultorios odontológicos o psicológicos); el ajuste en las políticas de becas que, muchas de ellas otorgadas con criterios de necesidad económica y mérito académico, permiten no sólo garantizar el acceso y la continuidad de estudiantes en la vida académica, sino además la potenciación del talento humano y profesional que de otra manera no podría verse desarrollado en nuestra economía.
Es cierto que no todos los problemas de las instituciones universitarias nacionales nacieron con el actual gobierno pero la situación empeora, por un giro ideológico de la administración nacional, su “plan motosierra”, que atenta contra el derecho a la educación superior y omite intencionalmente la responsabilidad del estado nacional en su financiamiento.
En un contexto de ajuste estructural, donde el “financiamiento” que hoy se plantea desfinancia paradojalmente, al punto de que, de sostenerse en el tiempo, dejará de ser un ajuste presupuestario para dar paso al fin de la actividad, debe recordarse que las sociedades más desarrolladas y menos desiguales son aquellas que también más invierten en educación.
Para construir y alcanzar ese puerto deseado, la educación debe ser prioridad.
Y para ello hay que entender que el desarrollo de un país se construye con las universidades nacionales, nunca sin las mismas y mucho menos contra ellas.
[1] Investigador docente del área Estado, Gobierno y Administración Pública- Instituto del Conurbano- UNGS.
[2] Director General de Gestión Académica UNGS. Consejero Superior Nodocente UNGS.
[3] Organismo público que nuclea a los rectores y las rectoras de las universidades públicas nacionales.
[4] Fuente: https://www.ungs.edu.ar/new/emergencia-presupuestaria-en-la-ungs
[5] Fuente: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2020/04/sintesis_2021-2022_sistema_universitario_argentino_0.pdf y https://drive.google.com/file/d/1xAJme5qRX0BRwmOLWZmojIHxZBZHRDQt/view
[6] A propósito ver sus dichos en el XVI Foro Atlántico “Iberoamérica: Democracia y Libertad”.
[7] Rector de la UNPAZ, Darío Kusinsky, en “Desde el conocimiento” (2021). Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=C-SqWBhHVQ0
[8] Fuente: https://www.ungs.edu.ar/new/se-publicaron-los-datos-preliminares-del-censo-de-estudiantes-2023