La última semana, en solo 24 horas se cerró un política que transfiere 9 mil millones de pesos de los sectores más vulnerados hacia los más concentrados, mientras anuncian aumentos en el transporte, el gas y la luz. A partir de estos días, 570 mil chicos y chicas sufrirán el recorte de las asignaciones familiares mientras que los grandes latifundistas disfrutarán de un recorte en las retenciones. Con la guadaña en su filo maximo, el gobierno recibe Agosto con una batería de ajustes
Hay que pasar los inviernos
En el supuesto invierno más frío de los últimos 15 años, el supuesto mejor equipo económico en los últimos 50 años sale una vez más a marcar la cancha.
Tras unas cortas semanas sin vaivenes en la economía Argentina, apareció en la escena pública Guillermo Dietrich para anunciar que, a partir del 15 de agosto, se sucederán aumentos mensuales en las tarifas de trenes y colectivos hasta alcanzar un 30% de aumento. El ministro minimizó la medida, señalando que para las tarifas sociales el impacto será menor y para quienes realicen 3 viajes en menos de dos horas apenas impactará. Lo que el ministro no señala es que un aumento del 30% es siempre un aumento de 30%. Si se realiza un viaje a la semana o 6 viajes por día, en la economía de cada trabajador y de cada trabajadora a final del mes va a impactar proporcionalmente del mismo modo.
Lejos de entrar en la maraña de calcular cuánto debemos cargar en la SUBE y en qué medida se verá reducido nuestro salario con el aumento del transporte, debemos tener en cuenta nuevos anuncios. Las facturas de gas y luz que tocarán nuestras puertas en octubre vendrán con un incremento de entre el 25 y el 30%.
Pero antes de que lleguemos a apagar la luz y bajar la estufa, el gobierno decretó un guadañazo a las asignaciones familiares. Se dispuso un tope en los ingresos familiares de los beneficiarios y se eliminó el plus por zona desfavorable. ¿El resultado? 570 mil niños y niñas de todo el ancho y largo del país serán quienes sufran el ajuste. Un regalito anticipado por el día del niño y la niña. El recorte alcanzaría los 10 mil millones de pesos sólo para este año.
Sin embargo, no todas son noticias malas en la economía cambiemita. Lejos de oír las recomendaciones del Fondo, el gobierno anunció que continuará con la rebaja a las retenciones prometidas. A partir de este mes, 8 mil millones de pesos dejarán de ingresar a las arcas del estado para quedar en manos de sus legítimos propietarios: la sociedad rural argentina.
El amor en tiempos de crisis
El cálculo cierra con moño y todo. Los mismos 8 mil millones que dejan de ingresar al Estado y quedan en manos de grandes latifundistas, son los mismos miles de millones que dejarán de percibir niños y niñas por el recorte a las asignaciones familiares. En tiempos de crisis, esta vez admitida por los siempre optimistas Marcos Peña Braun y Mauricio Macri, lejos de ayudar a los más vulnerados, el gobierno sale a bancar las arcas de la Sociedad Rural Argentina y a las empresas proveedoras de servicios públicos.
El objetivo es impostergable. El Estado debe ahorrar 300 mil millones de pesos para el año próximo para cumplir con las metas impuestas por mademoiselle Lagarde. En términos tecnocráticos el ahorro siempre corresponde un recorte de gastos y nunca a un incremento de ingresos.
Este primer guadañazo es, seguramente, un rasguñón que avecina el porvenir. Mientras ya se encuentra en carpeta una nueva reforma previsional y la reforma laboral que no pudo ingresar durante el mundial sigue precalentando, los primeros golpes no se hacen esperar. Entre recorte de asignaciones y tarifazos al transporte, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) calcula que el impacto sobre el bolsillo de los trabajadores y las trabajadoras acumula 25 mil millones de pesos al año.
La sociedad rural al poder
A partir de la incorporación de Luis Miguel Etchevehere, ex titular de la Sociedad Rural Argentina y actual ministro de agroindustria, a Estado y sociedad rural los separa una línea cada vez menos visible. A pesar de la crisis y de las recomendaciones del Fondo, el gobierno continúa con las peticiones de mantener las bajas en las retenciones, mientras recibe presiones para actuar sobre otros impuestos directos e indirectos al agro.
Fue Gabriela Michetti la que anunció la continuidad en la política de concentración de la economía en el sector latifundista. La semana pasada, en la sede de la sociedad rural, sentenció “pasa el tiempo y se ve que cuando se le saca el pie de encima, el campo es capaz de demostrar todo lo que es capaz de hacer”.
No hay duda de que mientras se concentre la matriz productiva en el sector primario, el campo será el motor de la economía. El problema es que el pie que el gobierno saca del campo, lo aprieta sin piedad sobre los bolsillos y los cuerpos de trabajadores y trabajadoras que soportan la crisis y los ajustes, y sobre los niños y las niñas que vivirán sus infancia sin recibir la protección del Estado.