Por Victoria Clerici, desde Rosario. El Centro Cultural La Toma volvió a las páginas de los diarios locales por el desarrollo de la causa que tiene que ver con su expropiación. Ahora deberá pronunciarse la Corte Suprema Provincial.
Si bien el Centro Cultural La Toma -ex Supermercado Tigre tomado por sus trabajadores y trabajadoras después del vaciamiento a mediados del 2001- funciona cotidianamente con todo tipo de actividades políticas, sociales, culturales y de proveeduría, hoy vuelve a ser noticia ya que el máximo tribunal de la Provincia admitió la queja del Estado Provincial para que se expida a favor o en contra de la expropiación del inmueble, luego de que la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial ratificara la devolución del mismo a los acreedores.
“De acá no nos movemos” afirmó el representante del Centro Cultural La Toma, ubicado en calle Tucumán 1349 de la ciudad de Rosario, Carlos Ghioldi. La fundamentación que esgrimen los que sostienen el espacio, más allá del sentido común, tiene que ver con que la expropiación “se ajusta a la ley de utilidad pública debido a que en el lugar funciona parte del Anses, la Universidad Nacional de Rosario y los jubilados, por lo tanto se cumple el requisito número uno. Segundo, el edificio no puede ir a la masa de acreedores debido a que la deuda supera en 80 veces el valor del patrimonio. Además el comité de acreedores está encabezado por el Estado nacional, provincial y el municipio. Por lo tanto, pedimos al gobierno que expropie el edificio para que se termine este manoseo”.
¿Quién mete la cola?
La denuncia apunta a ciertos sectores del Poder Judicial -peritos- que querrían hacerse de los abultados honorarios que están en juego en esta transferencia. Según Ghioldi “los legisladores y las autoridades provinciales estuvieron a la altura de las circunstancias”. Y esto se expresó cuando, en 2004, la legislatura provincial declaró el edificio de utilidad pública, medida que fue acompañada por la promulgación de la Ley de utilidad pública y quedó “sujeto a expropiación el uso temporal del inmueble” por parte del Gobierno provincial, señalando que los bienes expropiados serían de la cooperativa de trabajo.
Un nuevo coletazo de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial declaró en 2010 la inconstitucionalidad de la Ley de expropiación, abriendo nuevamente las puertas a la masa de acreedores y al pedido de devolución del inmueble.
Este hecho fue tomado como una “intromisión” por parte del Poder Judicial en las esferas legislativas y ejecutivas y ahora el Estado presentó un pedido de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de la Provincia.
Si bien es el máximo tribunal quién oficiará sobre los destinos del local, hay quiénes afirman que en la ciudad de Rosario “la Toma es de los y las trabajadoras” y que será muy difícil expulsar del Centro Cultural más de diez años de trabajo, organización y construcción de un proceso de lucha por los puestos de trabajo que hoy es ya una referencia en la ciudad de las tomas de fábricas y empresas por parte de los y las trabajadoras de nuestro país.