La Federación Universitaria de La Plata denunció ayer que integrantes de la guardia edilicia creada por el rectorado realizan tareas de inteligencia. Entre sus actas, aparecieron los movimientos de militantes estudiantiles y vecinos.
“Esta universidad está accionando con comisarías, planificando acciones conjuntas en territorios sobre los que no le corresponde actuar, y por llevar adelante una especie de mapa de la inseguridad, con lo estigmatizante que resulta que determinados espacios de la ciudad sean considerados inseguros, o espacios de delito. Creemos que estas funciones y actitudes no son propias, ni dignas, de una universidad pública”, fueron las palabras con las que, a través de una nota oficial, los integrantes de la Federación Universitaria de La Plata (FULP) denunciaron la ‘política de seguridad’ que el rectorado ha puesto en práctica en los últimos meses.
El principal blanco de las críticas fue la decisión por parte de la casa de altos estudios de crear la Guardia Edilicia, un cuerpo conformado por unos 250 trabajadores no docentes abocados a la ‘prevención de delitos’ en las dependencias de la universidad. Su formación fue auspiciada en conjunto con el Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia de Buenos Aires a través de la firma de un convenio en el cual el ministerio se compromete a “facilitar a la Universidad el asesoramiento técnico necesario para el desarrollo e implementación de un plan integral de seguridad específicamente diseñado para esa casa de altos estudio”. El acuerdo incluyó un curso de capacitación a cargo del Servicio Penitenciario Bonaerense, fuertemente cuestionado por el gremio estudiantil. “Es interesante destacar que en el último mes se ha puesto de manifiesto una situación denunciada ya por innumerables organismos de derechos humanos en la Provincia de Buenos Aires”, asegura el comunicado de la FULP. “Con la visita del vicegobernador provincial a unidades del servicio penitenciario bonaerense, ha salido a la luz que las condiciones de detención en las unidades penales provinciales son infrahumanas, que se aplican regímenes de tortura a los detenidos, que se los provee de armas, se los utiliza para la comisión de delitos, y restantes condiciones que obligaron a las autoridades a dar explicaciones, que vale aclarar, no son suficientes. Y esa insuficiencia, es la que despertó en un conjunto de senadores de la provincia, la necesidad de proponer la intervención al Servicio Penitenciario Bonaerense”.
Ayer, en la sesión ordinaria del consejo superior de la UNLP, la FULP denunció que este cuerpo se encuentra haciendo “tareas de inteligencia” dentro de las facultades, e hicieron públicas las anotaciones tomadas por sus integrantes acerca de la actividad de militantes estudiantiles. En el libro de actas del sector Bosque Norte de la guardia edilicia, uno de los empleados anotó “Ingresan integrantes del centro de estudiantes (Matías xx y Daniel xx) recorrieron el buffet y la fotocopiadora”. Además aparecen referencias explícitas a cortes de calle realizados por vecinos como forma de protesta frente a los cuales el personal declara haber dado aviso a la policía, y anotaciones acerca de entrevistas periodísticas a agrupaciones estudiantiles. “¿Qué relación podría existir entre hechos de inseguridad y la actividad de esos estudiantes?”, preguntan los alumnos en el documento presentado ayer. “¿Cuál es la finalidad de esas anotaciones?”
Un cuerpo polémico
“No hubo ninguna respuesta del rectorado ante un hecho tan grave”, explicó en diálogo con Marcha el secretario de prensa de la Federación, Emiliano Rimoldi. “Como FULP exigimos que tanto el rector Tauber como el encargado de la coordinación de la Guardia Edilicia, Leonardo Cuello, den explicaciones al respecto”.
La guardia edilicia de la UNLP ya había sido objeto de la polémica días atrás, cuando el consejo directivo de la Facultad de Trabajo Social rechazó la implementación del programa en su sede. Entre los argumentos esgrimidos por la facultad, se encuentran la necesidad de poder generar una política integral de formación en seguridad y derechos humanos, en primeros auxilios y en seguridad e higiene para la comunidad universitaria que no dependa del rectorado sino de la propia unidad académica.
En ese caso, la solución del conflicto se encontró a través de la constitución de una comisión ad hoc, encargada de formular una propuesta alternativa a la que rige en las otras 16 unidades académicas.
Sin embargo, los datos aportados ayer denuncian una intención de criminalizar la actividad de estudiantes y trabajadores de la UNLP a través de la vigilancia. Ante esto, la federación exigió la creación de una comisión con “carácter resolutivo” integrada por los diferentes claustros, que analice las actas de la Guardia Edilicia de todas las unidades académicas de la UNLP realizadas en los últimos tres meses. Además, los estudiantes piden la derogación del convenio con el Servicio Penitenciario Bonaerense. “Entendemos esta problemática como una decisión de las autoridades de la UNLP, donde nada tienen que ver los trabajadores no docentes que estaban cumpliendo sus funciones”, aclaró Rimoldi. “Tal como presentamos en la denuncia, exigimos que se garantice la integridad de los trabajadores, estudiantes y agrupaciones que son parte de la denuncia, ante cualquier intento de represalia académica o laboral”.