Por Ignacio Marchini
El día martes 24 de mayo, en la Facultad de Medicina de la UBA, tuvo lugar la Jornada “Producción Pública de Medicamentos: demandas del sistema de salud y límites políticos”, organizada por el Colectivo Sanitario Andrés Carrasco y la Red de Medicamentos de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES).
En el marco de un gobierno neoliberal decidido a cercenar los derechos de las y los trabajadores, el acceso a la salud pública y gratuita no es una excepción. Si bien ya durante la gestión anterior eran varios los déficits en esta área, el gobierno actual ha tomado la determinación de profundizarlos, como bien señalara durante su exposición Jorge Yabkowski, presidente de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA) y Secretario de Salud Laboral de la CTA Autónoma: “Las deficiencias del sistema de salud son varias y no son nuevas: no efectivizar la Producción Pública de Medicamentos (PPM), no promover un programa universal de salud y no desarrollar una línea de gratuidad e integralidad en la atención pública. Sin embargo, el gobierno anterior tuvo algunos aciertos, entre ellos el Programa de Salud Sexual y Reproductiva, el cual la gestión actual prácticamente ha destruido, siendo esto un enorme retroceso en los derechos de las mujeres.”
Esto no es casual y debe ser entendido dentro del avance de la derecha neoliberal en toda Latinoamérica, la destrucción del Mercosur y la firma de los tratados de libre comercio, sobretodo el Tratado Transpacífico (TPP), el cual actúa “no solo en favor de las multinacionales en general, sino en contra de los medicamentos en particular, al aumentar el tiempo del vencimiento de las patentes, lo cual conspira contra la producción genérica y contra la PPM”, concluyó Jorge Yabkowski.
Focalizando en el eje de la Jornada, la Producción Pública de Medicamentos, Marcha dialogó con Martín Isturiz, investigador superior del CONICET, el cual opinó sobre la importancia del tema en cuestión: “La PPM es fundamental por varias razones. En principio, los medicamentos son un bien social y toda la población puede tener acceso a ellos a través de la producción pública. Está la capacidad instalada a nivel nacional para hacerlo, tiene menores costos de producción e igual o mejor calidad que los laboratorios privados. La producción pública no es lo que dicen los CEO de las empresas multinacionales, que es “medicamentos para pobres”, eso es falso.” Además, destacó el efecto que tendría sobre otras áreas, al impulsar “un desarrollo y una expansión integrada con el sector de Ciencia y Técnica, lo cual incluso está previsto en la Ley N° 27.113, donde se crea la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP).”
-Usted dice que están dadas todas las condiciones para la total implementación de la Ley, ¿por qué le parece que aún no se ha hecho?
-Creo que no hay voluntad política, no la hubo durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, desconozco por qué. Con este gobierno, neoliberal en su concepción ideológica, donde se prioriza el mercado como organizador social, creo que va a estar más direccionado hacia el sector privado que el público.
-¿Cuál es el estado actual de la Producción Pública de Medicamentos?
-La ley está promulgada, reglamentada, está formado el directorio y está conformado el Comité Ejecutivo por los representantes de los laboratorios públicos, es decir, hoy está para empezar a funcionar. Lo que pasa es que Marcos Peña, el jefe de gabinete, que tiene la facultad de otorgar el presupuesto de 150 millones de pesos para el funcionamiento de esta agencia nacional, no lo ha hecho.
El debate sobre la interrupción de embarazos
Sobre el cierre de la jornada se dio un interesantísimo debate sobre el misoprostol, que si bien tiene otros usos, es conocida principalmente por ser una droga emblemática para la interrupción voluntaria del embarazo y que actualmente falta en varios hospitales del país.
Al respecto, dialogamos con Viviana García, Secretaria General Adjunta de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP), la cual desarrolló sobre el fármaco en cuestión: “Es una droga a elección aprobada por la Organización Mundial de la Salud para la interrupción del embarazo, tanto de manera legal como de reconocimiento de la capacidad de elección de las mujeres para optar por la interrupción en cualquier momento.”
Sobre su utilización en la Argentina, agregó que “la dosis recomendada para este tipo de indicaciones, sea aborto o trastorno de hemorragias vaginales, es de 200mcg. En nuestro país se dejó de vender y hay una sola dosis de 25mcg. La que viene de 200 es una marca sola que viene mezclada con diclofenac. Por lo tanto, no es indicativo ni tampoco es seguro para lo que está recomendado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), que es interrupción, aborto no punible o trastornos obstétricos, y un nuevo uso que es para hemorragias posparto. Sin embargo, ante la falta de la dosis pura de 200mcg, es lo único que podemos ofrecerle a las mujeres”.
-¿Por qué te parece que hay tantas trabas para la producción pública y distribución del misoprostol?
-No es casual que sea un tema inherente a las mujeres. No son sólo cuestiones religiosas o ser objetor de conciencia, que es bajo lo que se escudan la mayoría de los y las profesionales en el equipo de salud para no llevar a cabo una interrupción del embarazo. En realidad, se da dentro del marco de una cultura capitalista patriarcal, donde las mujeres no somos autónomas, no tenemos derecho a nuestra autodeterminación ni tampoco tenemos derecho a ser las dueñas de nuestro cuerpo, tomar decisiones, tener un embarazo cuando lo queremos e interrumpirlo también en el momento que queramos.