El kirchnerismo avanzó esta semana en ambas cámaras legislativas con el proyecto de reforma del poder judicial, que venía siendo resistido por el conjunto de los sectores de la oposición.
El tratamiento del proyecto, que en realidad son varios proyectos diferentes, tuvo dictamen el día martes en el plenario de comisiones en diputados, para luego el día miércoles pasar al recinto. También miércoles y jueves se trató en senadores otro paquete de proyectos.
¿De qué reforma estamos hablando?
El proyecto de la reforma judicial y la democratización de la justicia, que desde el ejecutivo nacional se está llevando adelante fue divido en dos partes.
Por un lado el día miércoles en la cámara baja el kirchnerismo junto con aliados logró darle media sanción a los proyectos de: acceso igualitario al Poder Judicial, la publicación patrimonial en internet de las declaraciones juradas de los funcionarios, y la creación de un registro público de causas. Los argumentos esgrimidos desde el oficialismo se centraban en la crítica al carácter corporativo de la justicia, que terminaba conformado una “gran familia”. Como señaló la diputada Diana Conti: “El poder judicial es de concepción tecnocrática y vitalicia. Nosotros creemos que el Poder Judicial debe ser democratizado, debe ser plural”. Algo similar habían afirmado Julián Álvarez (secretario de Justicia) y Julio Alak (ministro de Justicia) el día anterior cuando sostuvieron que es necesaria la “corrección del déficit democrático” que hoy tiene el Poder Judicial.
Desde la oposición fustigaron contra los proyectos presentados al señalar principalmente que los mismos se tratarían de una reforma superficial, un “maquillaje”, ya que lo fundamental de la reforma pasa por el proyecto que se debatió en Senadores, acerca de la modificación del Consejo de la Magistratura.
“Son los proyectos para la gilada, sirven para esconder los más peligrosos, los que están en el Senado y van a venir acá después” dijo Felipe Solá de Unión Peronista. Por su parte Elisa Carrió indicó que “el objetivo de este proyecto es que los camporistas infiltren el Consejo Magistratura”. También se expresó en un sentido similar el diputado del radicalismo Ricardo Gil Lavedra: “Votamos en contra, no porque no queramos una Justicia menos conservadora y con vestigios menos elitistas, sino porque no creemos en la sinceridad de la propuesta del Gobierno. El objetivo es que los jueces respondan al poder de la mayoría”.
Fue también parte del debate Julio Piumato, en representación de los trabajadores judiciales, que realizan una medida de fuerza de 72 horas en rechazo a la reforma judicial. Piumato, que fue invitado al plenario de comisiones de diputados, cuestionó algunos puntos del proyecto, en especial el hecho de que el gremio de judiciales haya sido excluido de la “veeduría” de los concursos.
El debate en la cámara de Senadores estuvo centrado, por otra parte, en la reforma del Consejo de la Magistratura. Luego de una larga discusión y con 39 votos a favor y 31 en contra, el kirchnerismo logró darle media sanción al proyecto, que la semana siguiente deberá ser tratado en la cámara baja.
Desde el oficialismo defendieron el proyecto, tras una serie de reformas realizadas, sosteniendo como indicó el senador Pichetto que “acá no estamos construyendo ninguna epopeya. Ningún hecho revolucionario. Tampoco se va a caer la República por estas leyes. Desdramaticemos el debate. Este proyecto es un camino para que el Consejo se oxigene”.
El proyecto de reforma implica una modificación en la cantidad de integrantes del consejo, que pasarían de los 13 actuales a 19, en caso de ser aprobada la ley en Diputados. Junto con esta modificación, se agrega la que indica que los 12 jueces deberán ser elegidos por voto popular, mientras que de los restantes 6 serán legisladores propuestos por el parlamento y el último por el Poder Ejecutivo. Por otro lado ya no solo estará integrado por abogados y jueces el consejo, sino que se abrirá la participación a 6 académicos.
La oposición marcó también su desacuerdo en la cámara alta. “Acá no se busca consolidar la independencia del Poder Judicial, acá lo que se busca es garantizar la impunidad. Por eso no compartimos esta idea de denominar esta iniciativa como democratizar la Justicia”, indicó el radical Cano. Similares argumentos utilizó el senador por Córdoba Luis Juez, al indicar que lo único que se iba a conseguir con el proyecto es la partidización de la justicia.
El jueves, segundo día de tratamiento en Senadores del proyecto de reforma, se aprobó por 39 votos a favor y 29 en contra el polémico proyecto sobre las medidas cautelares. El mismo, pensado principalmente en torno al pleito judicial que el gobierno sostiene contra el Grupo Clarín, por la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, podía dejar lugar a interpretaciones de la misma que avanzaran sobre derechos de las mayorías populares o sobre la libertad sindical. Esto se debe a que el proyecto sostiene la necesidad de limitar la utilización de medidas cautelares contra el Estado.
Él proyecto también había recibido críticas desde sectores vinculados al oficialismo, quienes habían planteado la necesidad de reformar algunos puntos centrales. El Centro de Estudios Legales y Sosciales (CELS), conducido por Horacio Verbitsky, propuso ampliar las excepciones de las medidas cautelares a “la vida, condiciones de vida adecuada, la salud de la persona o un derecho de naturaleza alimentaria o relativos a la protección del ambiente, o derechos fundamentales de aquellos sobre quienes existe un fuerte interés en su protección, como los grupos en situación de vulnerabilidad, los trabajadores, los usuarios de servicios públicos”. Finalmente se terminó consensuado en torno a la figura de vida digna, como excepción para la aplicación de las medidas cautelares.
Ahora será el turno la próxima semana de que los proyectos aprobados en Senadores, pasen a la Cámara de Diputados, para ser debatidos, y seguramente aprobados dada la mayoría con la que cuenta el kirchnerismo en el recinto. Lo ausente en ambos días fue un debate serio, genuino, popular y masivo en un tema tan candente como la reforma de uno de los 3 poderes del Estado.