Por Marcos Matarazzi*. Se viene otro aniversario del golpe de 1973 en Chile, buena excusa para rescatar de la memoria histórica uno de los procesos más interesantes del siglo pasado en la región. En este caso, la reforma agraria impulsada por Allende y sostenida por el protagonismo popular.
El 11 de Septiembre de 1973, el presidente Salvador Allende había planificado realizar un plebiscito para reformar la constitución, como un modo de plasmar el proceso de profundas transformaciones que venía gestando el pueblo chileno. Después de 41 años de aquel día, no estamos conmemorando una reforma constitucional sino la muerte del presidente porque aquel 11 de septiembre finalmente no hubo plebiscito sino una avanzada golpista.
Ese día, los militares tomaron la ciudad. Hubo tiroteos, tanques, bombardeos. Nada de esto logró amedrentar al presidente socialista, quien hacía unos años le había dicho a Fidel Castro: “Yo cumpliré mi mandato. Tendrán que acribillarme a balazos para que deje de actuar”.
Cuando la Infantería ingresó a La Moneda, Allende no quiso que sean los balazos de algún cobarde los que le impidan continuar su lucha y decidió suicidarse. Antes, a través de Radio Magallanes, había pronunciado sus últimas palabras al pueblo chileno: “Ante estos hechos, sólo me cabe decirle a los trabajadores: ¡Yo no voy a renunciar! Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza de que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos, no podrá ser segada definitivamente… Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen… ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos…”.
Para conmemorar a este gran luchador, elegimos hacerlo desde la historia de ese pueblo del cual supo ser su referente. Qué mejor que honrarlo desde uno de esos procesos revolucionarios gestados durante su gobierno que han hecho mella en el pueblo chileno.
La reforma agraria de Chile en transición al Socialismo
Así como en el resto de Latinoamérica, la mayor parte del terreno cultivable de Chile eran latifundios en manos de un puñado de familias, consecuencia del despojo que sufrieron los pobladores nativos durante el proceso de conformación de los Estados nacionales. El gobierno de Allende, que asume el mandato por vía electoral a través del partido Unidad Popular en noviembre de 1970, promulgó una reforma agraria que prohibía la posesión de más de 80 hectáreas por persona. Este hecho venía a profundizar y radicalizar un proceso que se había iniciado en el país en 1962, durante el gobierno de Eduardo Frei.
En 18 meses, todos los latifundios desparecieron. Las tierras fueron traspasadas a la administración estatal, cooperativas agrícolas o asentamientos campesinos. Este proceso no hubiera sido posible sin la movilización y organización de las y los campesinos que se expresó en la ocupación o tomas masivas de predios (que implicaron situaciones de violencia y enfrentamiento con la oligarquía chilena).La demostración estadística de este aumento en la participación popular puede corroborarse en el hecho de que las huelgas pasaron de tres en 1960 a 142 en 1965 y a 1580 en 1970; las tomas de predios de 0 en 1960 a 13 en 1965 y a 456 en 1970.
La continuidad y profundización de este proceso de reforma implicó que las organizaciones cooperativistas reemplazaran a los representantes de los latifundistas en todos los organismos del Estado. Además, se instauró una asistencia técnica gratuita al campesinado y se establecieron planes de crédito para las nuevas cooperativas.
Un reflejo de la radicalidad de este proceso es la promulgación de los “20 puntos de la Reforma Agraria”. El primero sentencia que: “La Reforma Agraria y el Desarrollo Agropecuario no serán hechos aislados sino que integrados en el plan global de transformación de la economía capitalista en una economía al servicio del pueblo. Esto significa que la Reforma Agraria no sólo implicará la expropiación de todos los latifundios sino también comprenderá la transformación de las relaciones comerciales e industriales para la venta y compra de los productos que los campesinos necesitan para vivir y producir”.
Al momento de producirse el golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973, la Unidad Popular había expropiado cerca de 4400 predios agrícolas, que sumaban más de 6,4 millones de hectáreas. El viejo orden latifundista que había prevalecido por más de 400 años perecía llegar a su fin.
La Reforma Agraria no sólo implico una modificación en la tenencia de la tierra y la organización de la producción agrícola, sino que también asumió el impulso a las políticas de protección de los bienes naturales, reforestación y mejor aprovechamiento de las áreas de riego, recuperando lógicas pertenecientes a los pobladores nativos del país que se convirtieron en protagonistas de este proceso.
Pero ya conocemos la historia que siguió. Cuando se lesionan los intereses de los poderosos y se intenta gestar un proyecto transformador profundo, la embestida que se viene es muy dura. Eso está grabado en la memoria de nuestros pueblos. La feroz dictadura de Augusto Pinochet inauguró un nuevo ciclo de luchas sociales en Chile. El neoliberalismo implantado en nuestro continente con tortura y muerte significó una derrota estratégica para los sectores populares. En las dos décadas siguientes, el modelo neoliberal irrumpió en el mundo rural, produciéndose el traspaso de la tierra a nuevos capitalistas vinculados con empresas transnacionales.
Pero el deber de nuestra memoria colectiva es tener siempre presente que en algún momento la organización pudo más que la ambición; y no olvidar nunca las palabras de Allende: “No se detienen los procesos sociales ni con el crimen… ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos”.
* integrante del colectivo Alegre Rebeldía