Los resultados de las elecciones primarias precipitaron una crisis que el gobierno de Cambiemos está construyendo desde que asumió. El Ministro de Finanzas, Hernán Lacunza, anunció ayer que reestructurarán la deuda.
Por Francisco Cantamutto | Ilustración de Serko
Los resultados de las elecciones primarias del 11 de agosto abrieron una nueva etapa en el escenario de la economía política en Argentina. Más allá del candidato que resultó más votado, lo que impactó fue el nivel de rechazo a la propuesta de modelo de país de Cambiemos, que en caso de ganar había prometido con total claridad profundizar.
Lo que el resultado avizoraba, más allá del apoyo mayoritario al Frente de Todos, era el final anticipado del experimento neoliberal, que se basó de manera creciente en la especulación de corto plazo. La insostenibilidad estructural de este esquema ha sido abordada largamente en varias columnas.
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Su propio cortoplacismo hace que cualquier presión externa desestabilice a este esquema. En ese sentido, los resultados del 11 de agosto pusieron un llamado de atención a las posibilidades de darle continuidad más allá de diciembre. Como profecía autocumplida, esto lo que hizo fue acelerar los tiempos de salida. Desde las PASO a esta parte, el Banco Central ha perdido alrededor de 9000 millones de dólares de reservas tratando de solventar la salida de los grandes operadores del mercado.
Un movimiento inicial del tipo de cambio que lo situó de 45 pesos a alrededor de 60 (si bien ha habido movimientos a la baja, no han logrado una reducción significativa) obligó al Banco Central a vender reservas, de acuerdo a lo pactado con el FMI, y mantener las tasas de interés en el elevado nivel de casi 75 por ciento. Ante el mínimo vaivén político se hace más evidente que el modelo de especulación construido por Cambiemos ha llegado a su fin.
La culpa la tiene el Gobierno
Las ambivalentes respuestas del Gobierno ante este escenario han sido primero, culpar al pueblo por las elecciones que toma, y segundo, a las declaraciones de su principal candidato opositor, aún no electo, Alberto Fernández.
A los pocos días tuvo que retroceder en su discurso para proponer un paquete de medidas compensatorias que ya ha quedado claro que resulta mínimo frente a los ingresos perdidos, no solo a lo largo de los tres años y medio, sino inclusive de las últimas tres semanas.
En este contexto de permanente tensión cambiaria donde cada gesto, cada movimiento, cada tweet puede desestabilizar al conjunto de la economía, la incertidumbre sobre no solamente el tipo de cambio, sino el conjunto del sistema de precios, traba las cadenas de pago y de abastecimiento, al no poder establecer precios de referencia. Esto es trasladado por las grandes empresas a las pequeñas.
El sector PyME, que ya venía atravesando una crisis fruto del tarifazo y la caída de la demanda interna, se ve además presionado por las dificultades para el cobro y las presiones para el pago. Cada vez que tienen que hacerse de capital de trabajo de corto plazo tienen que enfrentar tasas de descuento de los cheques de más del 130%. Esto lo hace virtualmente insostenible y alimenta la crisis que estábamos viviendo desde antes de las PASO y que no fue ni es resultado de las elecciones.
Los anuncios de Lacunza
Con este escenario, el día de ayer el nuevo Ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, anunció un conjunto de medidas acusando de irresponsables a la oposición, lo que es una confesión de la insostenibilidad de la deuda a corto y mediano plazo. El eufemismo del “reperfilamiento” esconde una reestructuración compulsiva de la deuda. La deuda a muy corto plazo (las Lecaps y las LETES) es cambiada a deuda de mediano plazo; se atrasa unos meses y se llama a la negociación a los tenedores de deuda de mediano plazo.
En este contexto, el llamado a debatir en el Congreso, que no fue consultado para la toma de deuda, excepto en aquel fatídico 2016, obliga a negociar en los términos del mayor acreedor de la Argentina en este momento: el FMI, que tiene en el país una misión técnica para evaluar el cumplimiento de las metas de ajuste en la Argentina.
La propuesta de esta reestructuración, que sigue pautas semejantes a las de otras experiencias internacionales como la de Ucrania o la de Portugal, lo que busca es cambiar a un nuevo tipo de acuerdos de facilidades extendidas. Lo que hacen es extender los plazos de pago, de manera tal de permitir al país continuar pagando tal y como se propone el principal candidato opositor, Alberto Fernández.
¿Vuelven los fondos buitres?
Este movimiento de reestructuración de deuda lo que está haciendo es, primero, blanquear la incapacidad de pago. Y en segundo lugar, y al mismo tiempo, está abriendo la puerta a un nuevo momento crítico en el cual la presencia de fondos buitres puede volver a someter a la Argentina a un proceso de litigio cruento y cuyo final no es claro, dado el antecedente de los pagos en 2016.
El tenedor del 55 por ciento del capital en Lecaps (letras capitalizables) es el fondo Templeton, que había apostado cual ruleta a la Argentina bajo las gestiones del entonces Ministro de Finanzas de la Nación, Luis Caputo. Este fondo buitre ha participado de otras salidas negociadas de reestructuración de deuda, como la de Ucrania. Su presencia permite suponer que van a aumentar las concesiones y los procesos litigiosos sobre la Argentina y su posible salida.
El Gobierno lo que busca es hacer corresponsable al conjunto de la oposición política en la gestión de la reestructuración de la deuda, condicionando la agenda del gobierno que siga, cualquiera sea. De esta manera se busca continuar trabando políticas alternativas.
Esto lo que va a hacer es continuar intensificando la presión sobre el tipo de cambio y sobre las reservas, elevando la inestabilidad, generando mayor incertidumbre y alimentando la recesión, haciendo que sea muy largo llegar hasta el recambio presidencial en diciembre. El apoyo del FMI no puede darse por descontado, debido a los antecedentes de la crisis del 2001, en el cual el organismo acompañó en las sucesivas reestructuraciones, incluso en noviembre de 2001, para soltar la mano un mes después y favorecer el estallido final de la crisis de la Convertibilidad.
En esto contexto, el FMI le ha dado a la Argentina la mitad de sus fondos prestables y una cesación de pagos del país pondría en aprietos, ya no solo técnicos y políticos al organismo, como ocurrió en 2001, sino incluso financieros, porque dificultaría el pago de sus propios funcionarios. Esto que parece ilógico puede ser producto de las presiones que está recibiendo por parte de Estados Unidos, que continúa interesado en profundizar el modelo de Cambiemos, sea con Mauricio Macri a la cabeza u otra figura. Pero con las mismas lógicas económicas detrás.