Por Aldana Sardelli
Durante esta semana, organizaciones sociales y feministas se acercaron al Juzgado n° 5 de San Justo para denunciar la sustracción del hijo de Valeria Sainz Moreno seguida de la revinculación con la familia de un violento. La historia de Valeria y su hijo pone en evidencia el accionar de la justicia patriarcal que, lejos de condenar a los violentos, sigue otorgándoles beneficios.
“Mi hijo está en una casa que no conoce, con gente que no quiere, nadie escuchó lo que tenía para decir” cuenta Valeria frente al Juzgado N° 5 de San Justo, partido de La Matanza. Acompañada por su familia, amigos, amigas, organizaciones feministas y de derechos humanos, el pasado martes hicieron pública la denuncia contra la jueza María Petrona Martinez, quien otorgó la tenencia de su hijo a los suegros de Valeria luego de haber denunciado las violencias que sufría por parte del padre de su hijo. Valeria está decidida a luchar, esto es lo que tiene que quedar claro en una historia donde la justicia es sinónimo de injusticia y las opresiones diarias se potencian bordeando los límites de la inverosimilitud.
Hace cinco años que Valeria Sainz Moreno decidió separarse de Javier Otranto, hombre violento que la sometía a todo tipo de vejaciones. A partir de ese momento comienza otro camino sinuoso en el que ella tiene que soportar las medidas restrictivas del titular del Juzgado de Familia N°4 Juan Manuel Delfino quien sostenía como necesaria la revinculación de su hijo con el padre, más allá de las denuncias presentadas por la madre. “Otranto tiene 40 denuncias por hechos de violencia hacia mi” explica Valeria, nos cuenta que los perímetros de exclusión que se realizan sobre mujeres víctimas de violencia de género no eran aplicados por este juez, poniendo en riesgo en más de una oportunidad la vida de Valeria y de su hijo. Por el contrario, aludían que la vida de Valeria y su hijo no corrían riesgo inminente, cuando en más de una ocasión Otranto agredió a Valeria en ese período causando severas lesiones físicas y psicológicas sobre la madre y su hijo.
Tras un período extenso de lucha, acompañada por organizaciones feministas, se asentaron denuncias ante la Suprema Corte de Justicia provincial donde se logró que Juan Manuel Delfino deba excusarse y correrse del caso. La nueva magistrada que toma su caso, María Petrona Martinez le explicita no estar de acuerdo con el corrimiento de Delfino manifestando ser amiga de este juez, “ella es íntima amiga de él, cuando tomó la causa nos dijo a mí y a mi abogado que no nos iba a perdonar que hayamos denunciado al juez anterior, que ella iba hacer lo que quería e iba a revincular a mi hijo a la fuerza con su padre porque a la larga se iba a acostumbrar a la violencia” manifiesta la denunciante.En todo este recorrido el foco deja de estar puesto sobre los actos violentos de Otranto y se pone sobre culpabilizar a Valeria por el hecho de ser mujer y de animarse a denunciar al poder judicial patriarcal. A su vez, su abogado, Fabio Ernesto Sánchez también expresa haber sufrido amenazas e impedimentos para ver el expediente del caso.
Petrona Martínez continúa con las medidas de revinculación del niño con su padre a pesar que todos los pedidos e informes psicológicos desestiman este acercamiento. Impulsa esta medida amparándose en el SAP (Síndrome de Alienación Parental), síndrome que alude a que un progenitor, mediante distintas estrategias, transforma la conciencia de sus hijos o hijas para obstaculizar el vínculo con el otro progenitor. Este síndrome rechazado como entidad clínica por la Organización Mundial de la Salud por carecer de validez científica fue aplicado en otros juicios para apañar a abusadores y violentos. De esta manera se deposita en las madres el poder de manipulación sobre sus hijos, convirtiendo a las víctimas en victimarias y corriendo el foco sobre los hechos de violencia y manipulación llevados a cabo por el padre. “Mi hijo llora cuando ve al padre, en uno de los encuentros con el padre en una plaza, Otranto llegó a dislocarle el hombro por forcejear con él” relató.
El pasado miércoles, cuando Valeria va a buscar a su hijo al jardín le notifican que la jueza había tomado una medida cautelar por tres meses de reconciliación forzada del niño con sus abuelos paternos, sacando al niño del jardín en patrullero. Hasta ese momento el niño había tenido escasa relación con esta familia, la cual había manifestado no querer sostener una vinculación con el niño, confirma Valeria que “los abuelos no pidieron esta medida, la abuela archivó el expediente de comunicación con su nieto, no le importaba mantener vínculo con él” . A esto se le suma que el niño manifestó en más de una ocasión no querer tener vínculo con su padre.
Anteponiendo la ensaña personal ante los derechos del niño y de la madre, se traslada al niño a la casa de sus abuelos, estableciendo una perimetral de exclusión a la madre y al padre. Queda claro que en este accionar se viola tanto la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres y la Ley 26.061 de Protección Integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Desde ese momento Valeria no puede ver a su hijo. Estas estrategias de desmotivación que atentan en muchos niveles a los derechos humanos, solo hicieron que la organización sea más fuerte y que los reclamos de justicia se hagan oír en diferentes planos de la sociedad. Valeria no solo soportó las violencias ejercidas por su ex pareja, sino también la violencia institucional de un sistema que ampara violentos y criminaliza a las madres, un sistema que permitió a juezas como Petrona Martinez que puedan seguir ejerciendo su cargo a pesar de tener más de 17 denuncias en su contra por su accionar violento.
La mañana del martes amaneció soleada, las organizaciones fueron llegando, colgando sus banderas frente al Juzgado de Familia N°5, comenzaron los cantos denunciando el accionar de la jueza y pidiendo que se revea la causa contra Valeria y su hijo. Su abogado ya había presentado un escrito para que se revea la medida contra los derechos del niño de 5 años de edad. Tras compartidas de mate, cantos por megáfono y manos rojas de tanto aplaudir, las manifestantes, familiares, amigos y amigas se trasladaron a la Cámara Civil 2 de Apelaciones para insistir con que se revea la medida tomada por Petrona Martínez. Luego de un día intenso donde se hicieron presentes representantes de organismos de derechos humanos, se logró que se revea la medida tomada compulsivamente por la jueza, en el día de ayer se le daría la respuesta a Valeria sobre los pasos a seguir sobre su causa, las organizaciones y las personas que acompañan y apoyan a Valeria acamparon frente a la Cámara de Apelaciones en Hipólito Irigoyen 2569 de la localidad de San Justo esperando la respuesta prometida.
A la hora que se termina de escribir esta nota, no hubo una respuesta por parte de la Cámara de Apelaciones. Sea cual fuere el veredicto, la organización y la lucha seguirá creciendo, esto no termina acá, el 26 de Junio comienza el juicio contra Otranto por los episodios de violencia hacia Valeria. “El padre me mandó a matar más de tres veces” nos dice Valeria, tanto ella como las organizaciones que la acompañan también estarán presentes durante el juicio. A su vez que se sigue visibilizando el accionar de la jueza María Petrona Martínez buscando que la palabra justicia encarne la defensa de los derechos humanos, y que se eleven medidas contra el accionar nefasto Marínez.
En el país donde muere una mujer producto de un femicidio cada 18hs, el movimiento feminista pisa fuerte, tomando las calles, las plazas, los Consejos de Mujeres, las Cámaras de Apelaciones y todos los lugares donde se siga reproduciendo las violencias machistas. Seguiremos tomando las calles por asalto, denunciando la impunidad, porque si no hay justicia, hay escrache.