En los últimos años, el Estado argentino profundizó las violencias sistemáticas sobre las personas privadas de su libertad. Por esto, más de 6 mil presxs se encuentran en huelga de hambre reclamando condiciones dignas. Familiares exigen una mesa de trabajo donde se escuche la voz de las y los delegados de los penales en lucha.
Por Redacción Marcha
En las cárceles de nuestro país y el mundo los asesinatos, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes son sistemáticos. Sin embargo, ante la asunción de un nuevo gobierno que promete retomar la senda de cumplimiento de la perspectiva de Derechos Humanos, las demandas se renuevan. Y se transforman en un grito que traspasa muros.
Desde el 5 de diciembre, miles de personas alojadas en varias unidades penales están en huelga de hambre en reclamo de que se investiguen y sancionen estas vulneraciones a los Derechos Humanos. La privación de la vida, de necesidades básicas y de derechos -como el acceso a la salud, la educación y el trabajo-, colocan al Estado en el incumplimiento de obligaciones elementales en su tarea de custodia de personas privadas de su libertad.
No es solo el acceso a la justicia o a adecuados patrocinios que terminen con la criminalización de la pobreza como alternativa instalada en el sentido común. La huelga que se lleva adelante exige cuestiones para preservar la vida: alimentación, atención médica y provisión de elementos básicos de higiene; terminar con las condiciones de hacinamiento y las constantes prácticas de tortura y aislamiento; eliminar los traslados compulsivos y el maltrato o vejación a familiares; recuperar el acceso a derechos como la prisión domiciliaria en el caso de mujeres con hijas/ os o del respeto a la identidad travesti o trans.
Una huelga y la lucha por la dignidad
Olmos, Sierra Chica, Junín, Mercedes, Devoto, Ezeiza, Alto Comedero, Santa Fe. Esas son algunas de las cárceles donde sus habitantes se encuentran en huelga de hambre. La medida comenzó el pasado 5 de diciembre con más de 12 mil presxs y hoy continúa con aproximadamente 6 mil. Exigen al gobierno nacional la conformación de mesas de trabajo que contemplen la presencia de las y los delegados de los penales que se encuentran en levantamiento, de sus familiares. Pedido que, de no ser comunicado antes de fin de año se transformará en motines y la huelga general de todxs lxs presxs del país.
El “Colectivo de Familiares de personas privadas de su libertad” acompaña el reclamo de las personas privadas de libertad en huelga y es quien está difundiendo las exigencias que surgen intramuros. Realizaron ayer un acampe frente al Congreso de la Nación y un grupo de ellxs llegó hasta la Casa Rosada donde presentaron ante las nuevas autoridades ejecutivas un petitorio con las exigencias de las y los presos organizados.
Mediante una declaración difundida vía redes sociales y en la que piden la adhesión a diferentes organizaciones, el colectivo exige al Estado argentino que se “cumpla La Ley 2×1” (24.390) que estableció que las personas detenidas preventivamente durante más de dos años, tienen el derecho a compensar la demora del Estado en llevarlas a juicio, computando doble el tiempo en exceso que permanecieron detenidos sin condena y “la Ley Nº 24.660” de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad.
Reclaman “que se garantice su integridad física y emocional, se brinden con urgencia las prestaciones en salud adecuadas a su condición, a la alimentación, se les garantice el derecho a la educación, a las visitas y el debido proceso”. Exigen además que se “reconozcan sus derechos políticos a la libertad de expresión y al legítimo ejercicio de la protesta social, brindando canales institucionales para hacer oír sus demandas”.
En este contexto, citan el Artículo 18 de la Constitución Nacional, un marco que reglamenta que “ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. (…) Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormento y los azotes. Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice”.
El colectivo pide, en carácter urgente, “a los órganos de custodia y a todas las instituciones estatales con competencia en la garantía y preservación de sus derechos a adoptar” que se adopten medidas y hagan cesar y reviertan las condiciones denunciadas “en cumplimiento de los derechos reconocidos en la Constitución Nacional y los Pactos Internacionales de Derechos Humanos suscriptos por nuestro país, y que son ley Suprema de la Nación”.
Solicitan además al Congreso Nacional un avance en materia de Legislación Penal que procure “el derecho penal de acto y sea respetuoso de los Derechos Humanos”. El Colectivo afirma que ésta es una lucha por la dignidad que requiere el compromiso por parte de los poderes del Estado pero también de las ONGs y de la sociedad en su conjunto. Resoluciones que deben dar respuesta a problemáticas de corto, mediano y largo plazo.