Por Ana Emilia Felker y Magdalena Pérez Balbi, desde España. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), continúa generando soluciones prácticas para el problema de los desahucios en España, a pesar de que la Iniciativa Legislativa Popular haya sido vetada por el Congreso.
De acuerdo a información de la PAH: “España es el país que más desahucia de Europa y que cuenta con más vivienda vacía, de la cual se calcula que más de un millón está en manos de la banca”.
El propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea, principal órgano judicial comunitario, concluyó el 14 de marzo pasado que la legislación hipotecaria española es ilegal y amenaza derechos y garantías ciudadanas. Sin embargo, el fallo del Tribunal no fue suficiente para iniciar un diálogo con el Partido Popular (PP) en el gobierno. Tampoco lo fue el millón y medio de firmas que impulsaron la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que permitiría frenar desalojos, condonar deudas y dar alquiler social, ni las movilizaciones multitudinarias ni la campaña de escraches frente a los domicilios de los diputados del PP que habían declarado públicamente que no votarían la ILP.
El 8 de mayo pasado se aprobó en el Senado una ley para la protección de deudores hipotecarios que ignora la ILP. Según los portavoces de la PAH, esta ley solo posterga la urgente reforma hipotecaria en beneficio de las instituciones bancarias. Lo que es más grave -aseguran- es que no contiene una de sus principales demandas: dación en pago retroactiva (es decir, que la entrega del inmueble hipotecado sea suficiente para condonar la deuda), paralización de los desahucios que afecten a viviendas habituales y posibilidad de permanecer en el inmueble bajo el régimen de alquiler social (pagando hasta el 20% de su ingreso familiar).
Ada Colau, una de las portavoces de la PAH, reafirmó la continuidad de su lucha: “Hay un clamor ciudadano para poner fin al drama de miles de familias que se ven en la calle y con una deuda de por vida”. Los miembros de esta plataforma hacen hincapié en que no se trata de una crisis sino de un “genocidio financiero”.
De la desesperación al empoderamiento
“Pequeñas grandes victorias” dice un letrero en la pared del local de la PAH Barcelona, en el Carrer Enamorats al 105. Iniciada en esta ciudad en 2009 y teniendo como antecedente el movimiento “V de Vivienda”, hoy son más de 100 sedes en todo el Estado español. En la de Barcelona el lugar está repleto, cada semana más de 70 personas, muchas de ellas latinoamericanas, buscan ayuda en las asesorías colectivas. Algunos se han quedado sin empleo, otros no pueden pagar su hipoteca, los hay quienes decidieron dejar de pagar al banco o aquellos que tienen ya una orden de desalojo.
Eva y Mercè, entre otros asesores, los guían en cada etapa del problema. Una de las primeras advertencias a los recién llegados es que el lenguaje financiero es complejo de entender, pero que de a poco se familiarizarán con la terminología. Y refuerzan una premisa básica: “No hay por qué dejar de comer para pagar una hipoteca”.
Encarnación relata entre lágrimas que por avalar a sus hijos ahora perderá la casa en la que ha vivido por más de 30 años. La señora de 85 dice “yo soy valiente, estuve en la Guerra Civil, pero ésta es otra guerra”. La entidad a la que le debe es BBVA que, según la PAH, ha ejecutado el 12% de los desalojos en España y es uno de los bancos más inflexibles para negociar deudas. Su directivo en España, Francisco González, señaló en una conferencia organizada por el diario The Economist que la destrucción del empleo público “si se hace bien generará productividad”.
Sin embargo, hay casos raros como el de Luis Gerardo Peralta, ecuatoriano de 47 años, que consiguió la dación en pago por parte de este banco. Él pasa al centro para animar a Encarnación. Después de seis meses consiguió negociar su deuda: “Uno tiene que ser un fastidio para el banco, que le vean todos los días ahí”, dice mientras el grupo aplaude. Si no lo hubiera hecho, Luis no sólo habría perdido su casa sino que tendría una deuda de 47.000 euros que, con los intereses, hubiera aumentado a 120.000 y “eso no lo hubieran acabado de pagar ni mis nietos”.
Además de las asesorías colectivas, la PAH reúne grupos de afectados por cada institución bancaria. De esta manera pueden negociar varios casos a la vez.
Este movimiento, integrado por militantes provenientes del movimiento vecinal, de las luchas antiglobalización, por especialistas y también por los afectados, sostiene además emocionalmente a personas desesperadas y acosadas por las entidades bancarias, transformándolas en sujetos empoderados. Ha frenado más de 600 desahucios apelando a la legitimidad del artículo 47 de la Constitución (que resguarda el derecho a la vivienda digna) por sobre la legalidad del proceso de desahucio.
En el libro Vidas Hipotecadas, Ada Colau y Adrià Alemany (portavoces de la PAH) señalan algo que se vuelve vigente frente al veto de la ILP en el Congreso: “La batalla por la dación en pago no se da tanto dentro de la Cámara legislativa como fuera de sus paredes”. Y concluyen: “Todos los derechos sociales han sido conquistas. Tiene que ser la sociedad civil la que se organice para hacer que avancen los derechos fundamentales y eso es lo que estamos haciendo”.
La PAH apuesta ahora a reforzar otra línea de acción iniciada a fines del 2011: la Obra Social (jugando con la iniciativa original de las cajas de ahorro locales, hoy transformadas en entidades bancarias iguales al resto). Esta consiste en la re-ocupación de viviendas vacías en manos de entidades financieras fruto de ejecuciones hipotecarias. La Obra Social es una estrategia para dar respuesta rápida y efectiva al problema de las familias desahuciadas, amparada en el derecho a la vivienda y la función social de los inmuebles. Al día de hoy, el bloque de viviendas de Terrassa (Catalunya) se suma a los nueve de Catalunya y la docena en Andalucía.
Cada testimonio de afectado, cada acción y cada comunicado de la PAH se cierra con una exclamación: “Sí se puede”.