Por Lucas Morello. Próximo a cumplirse cuatro años del desenlace de la toma del Parque Indoamericano, en donde casi dos mil familias reclamaban una vivienda digna, la Justicia porteña decidió elevar a juicio a los referentes sociales, Luciano “Tano” Nardulli y Diosnel Pérez, acusados como instigadores.
Tierra o Represión
El drama de la falta de una política clara para una de las deudas más grandes de la democracia, la falta de tierra y vivienda, tuvo como hecho nodal el desalojo que se perpetró aquel 8 de diciembre del 2010 en el Parque Indoamericano que tuvo además como saldo el asesinato de Bernardo Salgueiro, Emilio Canabiri Alvarez y Rosmeri Churapuña. El desalojo tuvo tres elementos que marcaron un antes y un después sobre la problemática de la tierra y la vivienda y el accionar de la fuerzas represivas.
Demostró, de la manera más cruda el drama habitacional de miles de familias en la Ciudad de Buenos Aires, que se estructura detrás de políticas que benefician el negocio inmobiliario con tierras fiscales en la Ciudad y demuestra el desinterés por implementar políticas de urbanización en los barrios más postergados. Un drama en el que los sectores más humildes de los territorios porteños se convierten en presa de alquileres inalcanzables, ausencia total de créditos a su alcance, alquileres clandestinos regenteados o apañados por las fuerzas de seguridad y desalojos constantes. Dicha problemática en centros urbanos como el porteño, se potencian, y tienen su reflejo a lo largo y ancho del país: la lucha de los pueblos originarios por sus territorios, la disputas campesinas frente al empréstito sojero y la crisis habitacional en las grandes ciudades.
Además, fue la primera articulación represiva protagonizada por la Policía Metropolitana porteña y la Policía Federal. En gran escala, los intereses de Nación y Ciudad se articularon en una puesta en escena represiva de alto alcance. Una represión que se pensó sin tener en cuenta cuál y cómo pagaría los platos rotos. Una articulación que le costó al Gobierno nacional una reconfiguración en su gabinete y en su discurso, generando contradicciones cuando el Gobierno porteño profundiza la judicialización a las organizaciones populares.
Por último, tras el desalojo del Parque Indoamericano se reconfiguraron las políticas represivas en la Argentina. La primera respuesta del Gobierno nacional fue la creación del Ministerio de Seguridad, y no así la solución definitiva para el problema habitacional. Como primera estrategia se interpeló a través del eje de la “seguridad democrática”, históricamente adoptado por los sectores más conservadores. Se puso al frente de dicho Ministerio a Nilda Garré, referente justicialista asociada al discurso más progresista y pro derechos humanos del oficialismo, pero a su vez se colocó en un lugar clave al ex miembro de la cartera de Desarrollo Social, Sergio Berni. Berni fue quien terminó definiendo pública y políticamente la funcionalidad del Ministerio de Seguridad y la reestructuración de las políticas represivas impulsadas por el Gobierno nacional. Es la expresión directa del fin del discurso kirchnerista, ya claramente olvidado, de la no represión a la protesta social.
Por su parte, el macrismo delineó su política ejemplificadora: avanzar en la persecución jurídica de los referentes populares que tuvieron algún rol durante el conflicto del Parque Indoamericano, cueste lo que cueste. Contención (o represión) de la conflictividad social y persecución jurídica parecen ser las claves para apaciguar la protesta en la actualidad por el Estado.
Crónica de un Juicio anunciado
Desde un comienzo el Gobierno porteño, a través del Ministerio Publico Fiscal, adoptó la estrategia de perseguir y culpabilizar a los movimientos sociales por los hechos ocurridos en el Parque Indoamericano. La causa bajo la carátula de “Organizadores e instigadores de la Toma” recayó en militantes ligados tanto al kirchenrismo, organizaciones de izquierda y hasta a punteros cercanos al PRO. Luciano “Tano” Nardulli de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y Diosnel Pérez Ojeda del Frente Popular Darío Santillán (FPDS) fueron señalados como “instigadores de la Toma”.
Para eso, no escatimó en recursos y puso al frente de la causa a dos de sus mejores soldados, Claudia Barcia y Luis Cevasco. Barcia tuvo como causa ejemplar el desalojo de la Sala Alberdi del teatro San Martín en la Ciudad de Buenos Aires, en donde con balas de plomo se gestó una de las mayores persecuciones a manifestantes, dejando como saldo dos periodistas heridos. Cevasco tiene en su currículo haberse opuesto al juicio contra Videla por la apropiación de bebés durante la última dictadura cívico militar y fue uno de los principales voceros del macrismo en su crítica por la inacción del Gobierno nacional ante la protesta social. Es hoy en día el que visita programas televisivos y radiales hablando del negocio mafioso inmobiliario en villas y asentamientos.
En un principio, la causa recayó sobre la jueza Nazar, la misma jueza que había actuado en competencia durante el desalojo. La Jueza resuelve la faltante probatoria frente a la acusación y se expide declarándose incompetente para llevar a cabo la causa por su vinculación con los hechos (recaía en ese momento un pedido de indagatoria por parte de la Justicia Federal sobre ella). Ante esta situación, desde la fiscalía se instiga a los acusados a declararse culpables y resolver la causa por medio de una “probation” que los obliga, luego de admitir las acusaciones, a realizar tareas comunitarias. Esta extorción jurídica no fue aceptada por los referentes, Diosnel Perez Ojeda y Luciano “Tano” Nardulli. Luego de idas y venidas y ante la perseverancia de la fiscalía, la causa recae en el Juzgado a cargo de la jueza María Gabriela López Iñíguez, quien tras dos audiencias dictamina la absolución de los acusados.
La causa impulsada por la fiscalía contó desde un comienzo con vacilaciones y pruebas por demás insuficientes. En los cuerpos donde se explicitan los elementos de prueba, no se hace mención más que a diversos testimonios policiales y declaraciones públicas de los referentes sociales. Como lo ha expresado la defensa, a cargo del organismo Liberpueblo, no hay en las pruebas presentadas por la fiscalía ningún indicio que sirva para comprobar la responsabilidad de los acusados en la organización y gestación de la toma del Parque Indoamericano Siendo sí una realidad su presencia en el conflicto como referentes barriales y mismo como autoridades de la Junta vecinal de la Villa 20, cargo que ejerce Diosnel Pérez presidiendo la Junta Electoral.
Son finalmente los jueces Marcelo Vázquez, Juan Sáez Capel y Elizabeth Marum de la Sala I de la Cámara Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad quienes revocaron la decisión tomada por la jueza Iñiguez ante la apelación de la fiscalía, utilizando el argumento que se trataba de un caso “atípico” y debía resolverse en un juicio oral y público. Con esta definición la jueza Contravencional porteña Cristina Lara, define convocar a Juicio para los días 16, 17 y 20 de octubre del corriente año, desdoblando la causa. Esta situación podría implicar una condena de hasta 6 años para los acusados.
Asi es como luego de dos absoluciones, y más de tres años de hostigamiento jurídico, finalmente la causa que intenta culpabilizar a los referentes sociales llega a juicio, mientras que por otro lado, en la causa Federal abierta por los asesinatos de Churapuña y Salgueiro, la totalidad de los policías implicados son absueltos por falta de méritos.
Juicio al incumplimiento
La toma del Parque Indoamericano fue un batacazo político que tanto los Gobiernos nacional y porteño quisieron y quieren sepultar. El hecho crucial de la toma fue la reunión del 10 de diciembre en la Casa Rosada, con autoridades de ambos gobiernos y referentes sociales, sobre los cuales luego recayó la acusación de la fiscalía porteña. Luego de muchas idas y vueltas y una negociación tensa entre Nación y Ciudad por ver quién pagaba los platos rotos, ambos gobiernos tuvieron que admitir públicamente el conflicto y brindar una solución. Es así como se anuncio que se iniciaría un Plan de vivienda que recaería sobre la totalidad de los vecinos y que sería sustentado por ambos gobiernos.
No basta con expresar la inexistencia, hasta el día de hoy de dicho proyecto, sino mismo hay que remarcar, que la toma valió tanto para el kirchnerismo como para el macrismo como experiencia de rearticulación de su política. Es así como a la problemática habitacional se la sustituyó por la problemática de la seguridad, la de la preocupación por la protesta social y la de la contención de la opinión pública. Valió entonces mas el aprendizaje de cómo interpelar a la clase media, fortaleciendo el discurso represivo y de estigmatización a la pobreza, que la promesa de una solución para dos mil familias.
Con el desalojo del Barrio Papa Francisco se reeditan las formulas utilizadas durante el desalojo del Parque Indoamericano, pero esta vez, mejoradas. Ya con un discurso de estigmatización de la toma previamente, un Berni consolidado como paladín de la seguridad, un operativo detalladamente calculado, capaz de disolver disturbios pero sin muertes como saldo, y una acurdo previo entre Ciudad y Nación que tuvo el tranquilo lapso de 6 meses para concretarse.
“La persecución a nosotros, no es una persecución a Diosnel ni al Tano, es una persecución a las organizaciones populares en su conjunto” expresó Diosnel Pérez en diálogo exclusivo. “Hay una intencionalidad de disciplinar a la protesta, de dejar bien claro lo que no se puede hacer, y avalar a los buitres inmobiliarios de adentro de la Argentina” expresó por su parte a Marcha el “Tano” Nardulli.
El 16, 17 y 20, (paradójicamente un 17 de octubre) se intentará condenar y sepultar un reclamo y se juzgará a referentes sociales. El juicio por el incumplimiento y la represión de ambos Estados sobre la población, sigue teniendo solamente la condena social.