En medio de un imponente dispositivo de seguridad, se llevó a cabo la enésima cumbre del G8 en Irlanda del Norte. Siria, tratados de libre comercio transatlánticos y lucha a la evasión fiscal los temas de debate. Y de discordia.
Los jefes de Estado y de gobierno de los ocho países más industrializados del planeta se volvieron a reunir en una cumbre blindada en el Ulster (Irlanda del Norte). Allí los mandatarios de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y Rusia debatieron los principales puntos de la agenda internacional.
Un excepcional dispositivo de seguridad mantuvo alejados a los miles de manifestantes llegados de toda parte de Europa para protestar contra las políticas de austeridad impulsadas justamente por los gobiernos presentes en la cumbre. Gran Bretaña, país anfitrión, visto su histórico dominio sobre el Ullster, fuertemente cuestionado, desembolsó 78.000 euros en medidas de militarización del predio, que incluyeron un vallado de 7km de largo y más de 7.000 agentes de la policía norirlandesa desplegados en toda la zona.
Entre lunes y martes, los líderes internacionales debatieron en un clima muy tenso, y no sólo por los cuestionamientos a su legitimidad que llegaban desde las calles, sino por las fricciones diplomáticas disparadas por las posiciones de las principales potencias en torno a los temas más calientes de la actualidad mundial.
Los ojos sobre Damasco
El tema más caliente fue el futuro de Siria. Desde 2011 la nación árabe vive una guerra civil desatada por grupos armados financiados por las principales potencias occidentales contra el gobierno de Bashar Al-Assad. Si bien el conflicto parece, en base a los éxitos logrados por parte del ejército regular sirio, girar hacia un final a favor del actual gobierno, los líderes incluyeron en la declaración final de la cumbre un extenso apartado dedicado al futuro de Siria.
A pesar de las diferencias explícitas entre los Estados Unidos -principal sostén de la oposición junto con la UE, Turquía y Qatar-, y Rusia -que recientemente entregó armas al gobierno de Al-Assad y, junto con China, se convirtió en un valioso apoyo diplomático para el ejecutivo-, el G8 parece haber llegado a una posición común.
En los resultados de los debates, los países firmantes se comprometen a enviar unos 1.500 millones de dólares en concepto de “ayuda humanitaria” hacia Damasco. Además, auspician la creación de un “gobierno de transición”, sobre la base del “consenso” entre las partes en conflicto. A éste se llegaría gracias a la Conferencia de Ginebra II, una cumbre acordada entre los cancilleres de EEUU y Rusia en mayo, y ahora sostenida por el G8, para empezar nuevas negociaciones de paz entre oficialismo y oposición en Siria.
Si bien los ‘rebeldes’ sirios se negaron a participar del encuentro, el gobierno de Al-Assad ya confirmó su participación, algo que podría verse en duda ante esta nueva declaración de los líderes del G8, ya que el presidente sirio no es ni nombrado en el apartado de la declaración final que habla de la creación de un ejecutivo transitorio. El primer ministro británico, David Cameron, echó más leña al fuego al respecto, asegurando en conferencia de prensa que considera “impensable” que Al-Assad pueda formar parte del futuro político de Siria.
“Seguimos comprometidos con alcanzar una solución política a la crisis, basados en una visión de una Siria democrática, inclusiva y unida”, indica el documento, que inclusive insta a las Naciones Unidas a comenzar una investigación acerca del uso de armas químicas durante el conflicto, cuyos resultados deberían ser analizados por el Consejo de Seguridad de la ONU.
Los ocho también dedicaron un comentario al nuevo gobierno iraní. Con desconfianza, instaron al nuevo presidente persa, Hasan Rohani, a “respetar las condiciones internacionales” en torno a temas como el respeto de los derechos humanos y desarrollo nuclear. Otro destinatario de las críticas occidentales fue el gobierno de Corea del Norte, que según sus pares del G8 debe “declarar de manera irrevocable la renuncia a las armas atómicas y las de largo alcance”.
Economía de crisis
Un capítulo aparte mereció la discusión acerca de la crisis financiera que afecta los principales países pertenecientes al selecto club de los ocho. La declaración de Lough Erne pactada el martes apunta a la evasión fiscal como principal problema de financiación de los Estados en crisis, aunque no mencionan las medidas de austeridad aplicadas a la par de la ayuda financiera al sistema bancario de todo el mundo.
Según los datos difundidos por los mismos portavoces de los gobiernos del G8, un billón de dólares es evadido anualmente del sistema fiscal en Europa, y 30 billones a nivel mundial. Reincorporar ese dinero a las arcas del Estado sería el principal objetivo. Para ello, se promoverá un sistema de intercambio automático de datos fiscales a nivel global, limitando el accionar privado en los llamados paraísos fiscales. Sin embargo, Estados Unidos, Canadá y Alemania quieren limitar la circulación de este tipo de información a los miembros del G8, un punto que quedará por discutirse en las próximas cumbres.
Quienes sí llegaron a un acuerdo fueron los representantes de la Unión Europea y el gobierno de los EEUU, que sentaron las bases para “el más grande tratado de libre comercio bilateral del mundo”. Washington logró el compromiso de los representantes europeos para la creación de la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión, que eliminaría los aranceles y barreras comerciales entre los dos lados del norte del Atlántico. Los detalles del acuerdo se deberán afinar en una serie de reuniones bilaterales cuya agenda está siendo acordada entre los 27 países de la UE y el gobierno norteamericano.
El “G8 de Cameron”, como lo bautizaron los medios europeos en estos días, concluyó entonces con una serie de declaraciones de intentos que, una vez más, comprometen a los demás países a nivel mundial sin que tengan voz ni voto en este tipo de espacios de discusión. En medio de protestas y cuestionamientos, los líderes de los países más industrializados del globo trazaron los lineamientos de la política de seguridad y finanzas que tratarán de imponer a nivel mundial, a pesar de las evidentes diferencias de intereses representados por cada una de las delegaciones.