En un escenario de crisis de legitimidad del sistema penitenciario y sobrepoblación carcelaria, la pandemia también es amenaza sobre quienes habitan los contextos de encierro.
Por Vivian Palmbaum
Sobrepoblación carcelaria, hacinamiento, detenciones ilegales en comisarias son algunas de las situaciones que deben sufrir cotidianamente las personas privadas de su libertad. La mayoría no tienen condenas firmes o están alcanzadas por prisiones preventivas que exceden largamente los plazos que establece el Código Penal. A la violación de sus derechos se añaden la falta de acceso a los elementales como la salud, las mínimas condiciones de higiene para su subsistencia, la falta de acceso a una alimentación adecuada.
Toda persona privada de libertad que esté sujeta a la jurisdicción de cualquiera de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos será tratada humanamente, con irrestricto respeto a su dignidad inherente, a sus derechos y garantías fundamentales, y con estricto apego a los instrumentos internacionales sobre derechos humanos.
Por eso, en este contexto de cuarentena, familiares junto a personas privadas de la libertad vienen trabajando silenciosamente para lograr que se se les proteja y libere en los casos que sea posible, para evitar que se produzcan situaciones de enfermedad que podrían ser irreversibles. A partir de la presentación de Habeas Corpus, en algunas historias se consiguió la prisión domiciliaria; sobre todo para las personas mayores, que es la población que tiene el mayor riesgo potencial frente al coronavirus, mientras desde detrás de los muros gritan, “fuerza compañeros, no pierdan las esperanzas”. Así en algunos casos se consiguen derechos a corto plazo para quienes tienen alguna enfermedad o para quienes en función de su edad son las y los más vulnerables.
Tal como nos informan también en el pabellón de madres, en cárceles de la provincia de Buenos Aires, se produjeron algunas liberaciones, para descomprimir porque se trata de mujeres en una situación muy vulnerable que se suma a las difíciles condiciones de detención. Sin olvidar que el mayor porcentaje de las mujeres que se encuentran privadas de libertad lo están por causas ligadas a la pobreza y al narcomenudeo de subsistencia. Por delitos menores y con penas mínimas.
Tambien, dentro de la población en contextos de encierro que se encuentran en condiciones de extrema fragilidad están las travestis, personas trans y no binaries, que a la vulneración de sus derechos y maltrato cotidiano se suma la falta de elementos de higiene y cuidado personal y el irrespeto al derecho a la identidad. Son sus familiares y autoconvocadxs que se encuentran haciendo una campaña solidaria para las mujeres transgénero del pabellón 11 del penal de Florencio Varela. Son las que necesitan mayor cuidado en este momento crítico.
Desde el Ministerio de Salud de la Nación se lanzó una guía de recomendaciones para garantizar la salud a personas trans, travestis y no binaries, que debe aplicarse también para las personas que sufren la privación de su libertad en contextos de encierro.
Cuando el autocuidado es castigado
Para quienes continúan privadxs de su libertad, la situación se vuelve muy difícil ya que sufren una nueva vulneración, que se suma a las que ya padecen y que en ocasiones constituyen discrminaciones o violencias sistemáticas. La población carcelaria pide que se extremen las medidas de protección para evitar el contagio del COVID 19 y como respuesta vienen sufriendo situaciones de represión.
Desde los organismos de Derechos Humanos están presionando para que se dé cumplimiento efectivo a la liberación en la provincia de Buenos Aires para aquellas personas comprendidas en el paquete de beneficios desde que comenzó la cuarentena que alcanza a las y los que están en situación de riesgo. La situación se vuelve aún más difícil cuando los jueces, frente a las requisitorias, responden evadiéndose en muchos casos a resolver afirmando que están de licencia por aislamiento social. Para los genocidas, condenados por delitos de lesa humanidad, estuvieron entre los primeros que accedieron al beneficio de las domiciliarias para quienes los jueces no estuvieron en aislamiento obligatorio.
“Somos seres humanos también”, una afirmación que hace eco desde cada una de los contextos de encierro en nuestro país. Desde las cárceles de Río Negro, por ejemplo, relatan como las mismas personas detenidas habían emprendido su propia defensa interiorizándose sobre los pasos legales de protección que estaban redactando cuando cayó la requisa que los despojó de todos los papeles, hasta del Código Penal y la Ley 24.660 con la que estaban redactando un petitorio. “Se llevaron las biromes junto con nuestro derecho a la defensa”, exclamaron abatidos.
La misma situación se repitió en distintas provincias: “estamos cansados, ya no sabemos a quién recurrir”, repitieron desde detrás de los muros, “estábamos siguiendo todas las vías legales para no llegar a la confrontación. ¿Les molestó que estemos ejerciendo nuestro derecho?”. Mientras se quejan que “no puede hacer esto de reprimirnos, estábamos en batucada en forma pacífica”. En Mendoza se repitió una situación similar: “entraron a los tiros, le apoyaron la escopeta a una de las personas detenidas y le gatillaron dos veces. Estamos mal porque reprimen a los que están en lucha”.
La primera medida de protección impuesta desde el Estado fue la restricción de las visitas que fue anterior a la cuarentena, lo que representa ya una gran dificultad adicional, porque garantizaba la provisión de elementos vitales para la subsistencia e higiene de quienes se encuentran encerrades. Así como una contención emocional necesaria y les garantizaba alguna protección al visibilizar las situaciones de maltrato, abuso y hasta de torturas que se reiteran.
La pandemia que atraviesa al mundo también atraviesa los muros de las cárceles; sin embargo las personas detrás de los muros, además de sufrir las vulneraciones cotidianas, lejos están del cuidado y la higiene necesaria para que el virus no los alcance. A ello se suman las situaciones de maltrato y tortura solapadas, como el que se vive en este momento cuando lxs detenidxs piden por medidas de protección por el riesgo que representa en contextos de tanta vulneración de todos los derechos.