Mientras la pandemia del Covid-19 mantiene en vilo a gran parte de la población, la atención de los mercados internacionales, los especuladores financieros y los gobiernos está centrada en la crisis económica, agudizada por el parate mundial. Argentina enfrenta una crisis de deuda post cambiemita y, mientras el virus se esparce, el gobierno se sienta a negociar con los bonistas y fondos buitre buscando una salida al posible default.
Por Iván Barrera y Francisco Cantamutto
El contexto post Cambiemos presenta un panorama en el que la palabra crisis no resulta nada nuevo ni fundante. La economía al 10 de diciembre presentaba un decrecimiento sostenido de cuatro años, la moneda sistemáticamente devaluada y nulas posibilidades de acceso al crédito internacional a partir de una economía mega endeudada, pisando el default, por la emisión indiscriminada de bonos y el oneroso acuerdo con el FMI. El gobierno encabezado por Alberto Fernández fue siempre claro con esta situación y puso como prioridad uno de la agenda del Ministro de Economía, Martín Guzmán, la renegociación de la deuda con bonistas y el FMI.
Sin embargo, a la crisis económica y social se le sumo la crisis global que trajo la pandemia del Covid-19. Es en este contexto de aislamiento social en el que Martín Guzmán se acerca a los tenedores de bonos con el objetivo de lograr un último acuerdo antes de llegar al default.
Luego de la conferencia de prensa del día jueves, el viernes, en el horario que cerraron los mercados centrales, se hizo pública la propuesta de canje de bonos del gobierno. La oferta está centrada en alrededor de un 20% de la deuda pública total, la que se debe a acreedores privados bajo legislación extranjera, es decir, el tramo de la deuda cuya disputa se resuelve en tribunales extranjeros. Este tramo es el más sensible. En caso de no lograr un arreglo, se somete su resolución a las decisiones del exterior y siempre está la posibilidad de que se aplique la ley del país donde se está juzgando y bajo los designios de un juez con intereses espurios o con interpretaciones que no tienen en cuenta las realidades de los países involucrados, como ocurrió con el famoso Thomas Griesa, durante el conflicto con los fondos buitres en el mandato de Cristina Fernández.
Este tramo de la deuda no incluye la que está bajo legislación nacional, es decir, que se resuelve en tribunales locales, no incluye la deuda con los organismos multilaterales como el FMI o el Banco Mundial ni la deuda con otros Estados o grupos de acreedores, como el Club de Paris. Esta deuda se arrastra desde la dictadura, fue renegociada por Kicillof en el 2014 y, debido a la falta de pagos en la gestión Macri, aumentó la tasa de interés a niveles impagables. La propuesta de canje realizada por Guzmán se trata de 21 bonos. 17 de ellos fueron emitidos durante los últimos 4 años y 2 están ligados al canje de deuda del 2005. La oferta es que estos bonos sean reestructurados por otros 10 nuevos, la mitad con legislación en sede de Nueva York y la otra mitad en Londres. Están denominados en euros y en dólares, es decir que no solo se resuelven en el exterior, sino que se pagan en moneda extranjera, con tasas de interés bastante por debajo de lo que se venían pagando, la mayoría de ellos arrancando en 0,5% o 0,6% y aumentando paulatinamente hasta alcanzar un máximo de 4,5%. Como seguramente se coloquen por debajo del valor nominal, esto hace que la tasa real sea motivo de discusión y no los sabremos con certeza hasta conocer la oferta final.
Estos bonos incluyen distintos intereses según los tramos de vencimiento. Todos tienen en común que se dejan de pagar durante 3 años, es decir, se empezarían a pagar cuando esté finalizando el mandato actual de Alberto Fernández y durante los siguientes 3 años tienen una carga baja de paga. La quita fuerte aplica sobre los intereses y no hay quita fuerte en el monto total de capital, con algunos donde directamente no hay quita.
El problema es que del otro lado del mostrador existen acreedores que incluyen fondos de inversión, algunos de ellos que se los puede caracterizar claramente de “buitres”, como son Black Rock, Templeton o Greylock, viejos conocidos de la Argentina , que manejan activos que superan, combinadas entre sí, más de 30 PBI de nuestro país. Por supuesto, este peso lo han hecho sentir en la negociación y, según dijo Alejandro Bercovich, han tenido conversaciones con el ministro Guzmán antes de que se haga pública la propuesta, donde señalaban que estaban en condiciones de esperar que haya otro gobierno afín a sus intereses o incluso sacar al Ministro de Economía en caso de que no les gustara la propuesta. Algún negociador de los fondos llegó a decir que “hacía falta mayor sacrificio”.
En este marco, la negociación de la deuda dejó claro que al menos 3 grandes grupos de acreedores dijeron no estar dispuestos a aceptar esta oferta, a pesar de lo tibio del recorte en el capital y las distintas combinaciones plausibles. Cabe destacar que todos los fondos que estuvieron negociando los bonos en estos últimos días ganarían por el lado del valor actual, es decir, se los pagarían por encima de lo que valen en el mercado. Esto motivó que la primera reacción sea una suba en el valor de los bonos porque se los está tomando a un valor mayor al que estaban cotizando.
Más allá de la discusión sobre la quita total real que deberá contarse al final, aquí vale señalar que se le está otorgando a los fondos de inversión, en un contexto de crisis generalizada, la garantía de que van a cobrar estos bonos de alta probabilidad de impago, aun cuando sea una mora de tres años debido a la magnitud de la crisis que es mundial y la ola de quiebras que se está esperando, no deja de ser un seguro de cobro bastante interesante que revaloriza sus carteras. Claro que si del otro lado siempre van a exigir más de los que deben, de lo que es posible, era de esperar que se fueran a negar a cualquier tipo de oferta, incluso cuando sea una que no les exija una pérdida de capital relevante o significativa.
El apoyo del FMI no debe leerse solo como una nueva lavada de cara del organismo, sino como un interés real de reestructurar una deuda como ejemplo para prevenir otras cesaciones de pagos de otros países altamente endeudados. En ese sentido, la negociación de Argentina podría hacer ceñir en el mundo para ofrecer vías de salida para resolver una crisis que de otra manera sería de una magnitud aún superior.
¿Por qué entonces el gobierno hizo esta oferta, en este contexto de crisis global, con un salvataje que da garantías a los fondos especuladores? Una de las razones tiene que ver con mantener el programa como si la crisis no hubiera ocurrido, algo que se puede deslizar de las palabras del ministro Guzmán que dice que “la oferta es la misma que antes del estallido de la crisis”. Por otro lado, también puede pensarse que, previendo que los fondos buitres no vayan a aceptar en cualquier situación, el gobierno vaya al default pero habiendo demostrado la intención de pago con el apoyo de la comunidad internacional y del FMI, lo cual haría una cesación de pagos muy distinta a la del 2001. ¿Qué significaría esto para nuestro país? No demasiados cambios, es un poco lo que estamos viviendo ahora y es lo que declaró el ministro Guzmán en El Cohete a la luna el pasado domingo también. La situación de falta de acceso a dólares es exactamente la misma que la que estamos viviendo ahora.
Se vienen 20 días de negociación de los bonos que van a ser muy duros en materia de amenazas, desinformación y tergiversaciones de manos de la prensa amiga y los propios fondos que tienen control no solo de la economía sino de gran parte del aparato mediático. Ante ello, debe señalarse que el gobierno está proponiendo un ahorro fiscal de la mano de regularizar una deuda de dudosa legitimidad. Algunas organizaciones seguimos entendiendo que es necesario paralizar el pago de la deuda en este momento para poder auditarla.
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